Ofrece visión general sobre América Latina
En opinión del abogado experto en Derechos Humanos, Jorge Contesse, iniciativas como la Fundación Paz Ciudadana promovida por Agustín Edwards o la Ley Hinzpeter, instalan un relato sobre seguridad como un asunto de urgencia mayor, cuando las cifras muestran lo contrario: Chile es el país con la menores tasas de homicidos en la región. Por otra parte, el estudio también devela datos sobre la precariedad de los trabajos, como que 60% de los reclusos en Chile estaban empleados al momento de delinquir.
Un revelador dato sobre la precariedad de los trabajos y de que una tasa positiva de empleo no significa necesariamente que se haya superado la pobreza o la condición de vulnerabilidad, arroja el Informe sobre Seguridad Ciudadana en América Latina y Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que revela que 60% de los reclusos en Chile tenían un trabajo al momento de delinquir.
Dato que en opinión del profesor de derecho en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, Jorge Contesse, “es de los más sorprendente. Lo que indica es que la precariedad laboral en Chile es grave. Nos hemos acostumbrado a contentarnos con las grandes cifras, olvidando el aspecto cualitativo. Hoy parece que sólo importa cuántos empleos se generan o existen, no qué tipo de empleos son. Una persona con un buen trabajo, lo que significa también expectativas razonables de crecimiento, de pensiones, etc., ¿tiene incentivos para delinquir? Hay información que nos falta sobre las condiciones de trabajo y cómo eso afecta la cohesión social y, en definitiva, el ejercicio de ciudadanía”.
Además, el PNUD, cuyo estudio contiene una parte dedicada a las cárceles en la región, concluye que 60% de los reclusos chilenos no concluyeron 9 años de estudios y más del 84,4% no acabó los 12 años de escolaridad. Más aún, la edad promedio en que los reclusos comenzaron a trabajar fue a los 15,7 años. Y casi la mitad (46,4%) empezó a trabajar antes de los 15 años.
Un dato no menor es que más de la mitad (56%) dejaron sus casas antes de los 15 años.
Para Contesse que una proporción importante de personas que delinquen no haya terminado el colegio “no debe sorprender. Lo importante es ver qué se hace al respecto. En Chile ha habido programas que buscan asegurar que los niños y adolescentes no abandonen la escuela, pero, como ha quedado claro en estos años de fuertes demandas estudiantiles, hay colegios donde la probabilidad de conectarte con el mundo criminal es muy alta y entonces que te quedes o no, especialmente cuando el hogar no es realmente un hogar, da lo mismo. Debemos entender que la delincuencia en Chile es, antes que todo, una cuestión de tejidos sociales debilitados, de falta de comunidad, más que de construcción de cárceles, planes cuadrantes y fiscalías que llevan adelante operaciones pomposas”.
El estudio, que ofrece una visión regional de la seguridad ciudadana para los 18 países de América Latina continental, desde México hasta Argentina, sumando a la República Dominicana, también consigna que un cuarto de los presos en Chile, lo está por robos de menos de US $400 (unos 200 mil pesos), y que el 54% confesó haber robado más de 11 veces antes de ser detenido.
Por otra parte, casi el 80% de los reclusos en Chile se siente menos seguro en el penal comparado con el lugar donde vivía antes, porcentaje que es mayor que en otros países de la región, como México (76,4%), El Salvador (44,1%), Brasil (67,5%) y Argentina (66,5%).
No sólo eso: 71,8% señala haber sido golpeado por personal penitenciario, porcentaje superado sólo en Argentina, donde esto alcanza a 76,8%.
El informe, que considera a la seguridad “como un bien público, y por lo tanto, insiste en la responsabilidad irrenunciable del Estado para proveerla”, rechaza tajantemente “la mano dura”.
Esto, porque, según detalla, “las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano”.
Línea que forma parte de las políticas antidelincuencia que han primado en Chile, con organizaciones como Paz Ciudadana o iniciativas como la Ley Hinzpeter.
Al respecto, el ex director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) señala que “Paz Ciudadana nace del temor particular de Agustín Edwards frente al secuestro de su hijo, lo que dice mucho de la densidad de las políticas públicas en Chile. Hace aportes, por cierto, pero a mi juicio participa de un relato instalado sobre seguridad como un asunto de la mayor urgencia en Chile, cuando las cifras muestran lo contrario. No quiero minimizar los delitos ni menos la situación de personas que han sido asaltadas o víctimas de un delito, pero en Chile hemos permitido que la agenda sensacionialista de los medios de comunicación determine buena parte de la agenda sobre seguridad pública”.
Agregando que “así tenemos a noticiarios como Chilevisión alimentando a autoridades políticas como el senador Alberto Espina o el diputado Felipe Harboe, que forman todos un cóctel perfecto para dar a entender que en Chile vivimos asolados por un problema que, por una parte, no es de la magnitud como se pinta y, por el otro, es ante todo manifestación de un problema mucho más profundo, que es la falta de cohesión social. Y esto, a mi juicio, tiene que ver con el retraimiento del Estado en áreas sensibles, como son educación, salud y, en términos generales, protección social. La ley Hinzpeter es nada más el colmo de una agenda de seguridad mal entendida, irrespetuosa de derechos fundamentales y sin ninguna consideración seria de política criminal”.
Un hecho ilustrativo de esta situación, es que, según señala el informe del PNUD, Honduras y Chile muestran “la diferencia entre inseguridad percibida y real”.
En el caso de Honduras, tiene la mayor tasa de homicidios del mundo –86.5 por 100.000 habitantes–, pero los niveles de percepción están en la media regional: 8 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios, y 6 de cada 10 percibe que la situación de seguridad personal y de su familia no se ha deteriorado (el 53% opina que está igual).
En contraste, en Chile, el país con menores tasas de homicidio de la región –2 por 100.000 habitantes– y niveles bajos de victimización por robo, la percepción de inseguridad es mayor que en Honduras. Sólo 7 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio y, al igual que el país centroamericano, 6 de cada 10 perciben que su seguridad no se ha deteriorado.
“Ahí tienes la mejor demostración de lo que digo”, asegura el abogado experto en Derechos Humanos. “Honduras es el país con la tasa de homicidios más alta ¡del planeta! y la sensación de seguridad de las personas es mucho más alta que la nuestra, que tenemos la tasa de homicidios más baja de la región. Estamos todos al revés. Agrégale a eso una política criminal que pone el énfasis en la construcción de cárceles como respuesta al «crecimiento» del delito, y a través de concesiones. O sea, privados que tienen un incentivo de que haya más, no menos, delitos, para poder obtener retornos en sus negocios. En esta área, afortunadamente, el ministerio de Justicia tiene buenas ideas, y han intentado abordar problemas penitenciarios de manera seria. El problema está a una cuadra del ministerio, en la Moneda”.
