Los proyectos ambientales que le quitan el sueño al gobierno

No se trata solo de HidroAysén, el megaproyecto de energía del Grupo Matte, el problema ambiental que le quita el sueño a las autoridades gubernamentales. Cerca de un tercio de los proyectos que se aprueban por evaluación ambiental se judicializan. Entre los más importantes, además de HidroAysén, se encuentra Pascua Lama,  Punta Alcalde, y algunos que están en fase de consulta como el proyecto MAPA (Modernización y Ampliación de la Planta Arauco) de Celulosa Arauco, vinculado al grupo Angelini.

Este último, entre sus aristas más delicadas, tiene el hecho de que un grupo de  organizaciones indígenas lafkenches han pedido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la presencia de un veedor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para verificar que no se estarían cumpliendo los compromisos que establece el Convenio 169 del organismo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y del cual nuestro país es signatario. Adicionalmente han solicitado la opinión de la Forest Stewardship Council, uno de los principales organismos certificadores ambientales del mundo, absolutamente independiente y sin fines de lucro, para tener la certeza de que la ampliación se lleva a cabo con un estricto cumplimiento de los compromisos ambientales.

La empresa ha declarado que no tiene problemas al respecto, que toda la gestión de ampliación ha sido transparente y en permanente consulta con las comunidades indígenas, pero estas se han mostrado renuentes y de ahí las exigencias de certificación y de un veedor de la OIT.

El revés en la construcción de la Central Castilla, en el norte del país, ha resultado casi fatal para el empresario brasileño Eike Batista, quien ha visto dificultadas sus operaciones económicas globales. En el país desató una de las peores polémicas entre el  Poder Judicial y el Ejecutivo de que se tenga memoria en democracia, generada en las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez, quien cuestionó duramente la sentencia de la Corte Suprema que resolvió la paralización del proyecto.

La respuesta del máximo tribunal fue también contundente. Fue el Pleno del máximo tribunal el que señaló que el gobierno estaba excediendo los límites de sus competencias y que era imperioso que el trabajo técnico de la administración mejorara, pues lo que la Corte había decidido era no sólo legal, sino que dejaba en evidencia la incompetencia y discrecionalidad de los organismos políticos y administrativos del Estado.

A los anteriores se agregó el caso de Pascua Lama y la minera canadiense Barrick Gold, la que suspendió sus operaciones (que bordean los US$8.500 millones de inversión) luego de la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente de mayo pasado de aplicarle una sanción de más de 8 mil millones de pesos, (16.000 Unidades Tributarias Anuales) por incumplimientos de  su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del año 2006.

Los conflictos en ciernes

La expansión de Codelco con el denominado Proyecto 244 que busca casi triplicar el rendimiento de la División Andina que opera en el Valle de Aconcagua también ha empezado a generar inquietud y reacciones en los territorios involucrados, especialmente en comunas como Lampa y Til Til. Destinado a remover diariamente 244 mil toneladas de roca en vez de las 92 que remueve actualmente, aumentará casi en tres veces sus impactos. Hay comunas que ven amenazadas sus aguas por la afectación de glaciares, otras su aire, otras su trazado urbano por el aumento del paso de trenes, otras su salud por la instalación de relaves. La falta de transparencia y la soberbia de Codelco al momento de relacionarse con los territorios es punto de creciente tensión, si bien hasta ahora aparecen como algo menor.

En Arica hay rechazo por parte de la comunidad a proyectos como la termoeléctrica Cerro Chuño y la reciente sentencia contra la minera Los Pumas, que pretende extraer manganeso desde el altiplano, a 40 kilómetros de Putre, es otro frente de problemas. La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas en contra de la aprobación del proyecto, pero la tensión está instalada.

Un poco más al sur, la Corte de Apelaciones de Copiapó paralizó temporalmente las obras del proyecto minero El Morro de Goldcorp, mientras estudia un recurso presentado por comunidades indígenas. La comunidad dijo  que la consulta, para dar cumplimiento a una norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no fue bien realizada y de este modo se encuentra en stand by este proyecto cuya inversión asciende a US$3.900 millones.

En el sur del país, algo semejante ocurre con las comunidades mapuche de Melipeuco quienes rechazan un proyecto hidroeléctrico que según ellos vulneraría sus derechos ancestrales. La comunidad Juan Bautista Huichapán de Trancura junto a otras organizaciones presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental observaciones al proyecto de la empresa “Trancura Energía Sociedad Anónima” con el objetivo que éste se paralice.

Francisco Manquelipe, integrante de la comunidad Esteban Treipe de Trancura, indicó que son diez comunidades afectadas y que pese a la existencia del convenio 169 de la OIT, éste no se respetó. En Osorno se produjo una situación similar con un grupo de comunidades huilliches que se oponen a la construcción del embalse Pucopio, debido a problemas con concesiones mineras y derechos de agua.

En la zona Central el tema de mayor impacto será la Central Alto Maipo. A más tardar en enero próximo AES Gener iniciaría las obras definitivas del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (531 MW), iniciativa en la que también participa Antofagasta Minerals (AMSA) con un 40% de la propiedad.

Esto, luego que hace un par de semanas ambas firmas consiguieron la aprobación del crédito sindicado por 
US$ 600 millones que será aportado por un consorcio de bancos locales, entre los cuales figuran BCI, BancoEstado y CorpBanca. Lo anterior implica que los socios completaron el esquema de financiamiento de esta iniciativa emplazada en la zona del cajón del Maipo, que considera la instalación de dos unidades de pasada que abastecerán en forma directa a la Región Metropolitana, el principal centro de consumo eléctrico del Sistema Interconectado Central.

La iniciativa ha empezado a generar resistencias que en un principio se vieron apaciguadas por la anuencia de los inversionistas de desarrollar un proyecto amigable con el entorno y de financiar actividades de responsabilidad social, entre ellas la confección de una Guía Turística y de Inventario Cultural y Patrimonial del Maipo.

Sin embargo, ha ido adquiriendo fuerza la percepción de que el proyecto tendrá impactos no contemplados en los EIA en materia de aguas y manejo de la cuenca, y ha aumentado la presión por su revisión.

Según la Fundación Terram, seis millones de personas necesitan del agua potable y paradójicamente muchos habitantes de esta zona del gran Santiago, ni siquiera cuentan con agua sanitizada. Pese a ello, Aguas Andinas, la concesionaria del servicio privatizado por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llegó a un acuerdo por derechos de agua con AES Gener, la principal empresa de energía termoeléctrica en Chile. La misma que firmó un contrato de venta de energía al grupo Luksic, para ser trasladada hasta él.

La matriz energética continúa carbonizada

Pese a las protestas de grupos ambientalistas, el carbón se toma la matriz energética. En los próximos desarrollos a gran escala en el país hay varios a carbón, como es el caso de la segunda unidad de la central Santa María, de Colbún, la quinta unidad de Guacolda (ambos en el SIC), además de Infraestructura Energética Mejillones, de E-CL en el SING.

Las zonas en las que se desarrollarán centrales a carbón ya están muy intervenidas, como es el caso de Ventanas, Coronel, Mejillones y Huasco, localidades en las que existe más de una central a carbón.

El requerimiento básico de energía proviene de la minería y su relación con el sector eléctrico está al límite. Las estimaciones son que en la materialización de los proyectos mineros actualmente en carpeta, de 2012 a 2020 la minería aumentaría de 21,3 TWh (tera-watts hora de electricidad) a 31,3 TWh el uso de esta energía en sus procesos productivos. Esa es la razón de fondo de la carbonización de la matriz energética.

En la judicialización de los problemas ambientales han aparecido nuevas aristas. A la energía se han agregado las concesiones viales urbanas y, fundamentalmente, megaproyectos de construcciones destinados al retail como el Mall Plaza Barón, en el borde costero de Valparaíso.

Esa lógica de judicialización de los nuevos proyectos económicos también alcanza a los proyectos que ya llevan años funcionando y que fueron construidos bajo normas o circunstancias que, posiblemente, hoy serían rechazadas de plano.

En Chile existen cerca de 13 mil resoluciones de calificación ambiental, las que crecientemente están siendo fiscalizadas. Este escenario configura una condición de mayor rigurosidad en las políticas de seguimiento ambiental de un proyecto y la emergencia de nuevos conflictos.

El caso paradigmático se constituirá necesariamente en torno a la minería y, en especial, a las faenas de Codelco, empresa estatal, algunas de cuyas instalaciones han provocado daños ambientales irreparables como es el caso de la Fundición de Ventanas.

Parte de estos temas seguirán llegando a La Moneda. Ello porque en la nueva institucionalidad sigue existiendo un órgano colegiado político, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad Ambiental,  que deberá resolver o pronunciarse. Ello ha ido transformándose en una prueba de transparencia para los nuevos órganos, porque su conformación ya ha sido cuestionada por numerosas organizaciones medioambientales. Todo esto será parte de los problemas ambientales que deberá enfrentar el nuevo gobierno apenas asuma.