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Diputados y organizaciones ciudadanas piden al TC que declare inconstitucional decreto sobre consentimiento forzado de contratos de adhesión

Diputados y organizaciones ciudadanas piden al TC que declare inconstitucional decreto sobre consentimiento forzado de contratos de adhesión

«Este decreto nos regresa a los años 80/90. Permanecemos en la lógica de los derechos que se proclaman pero que no son exigibles. Decenas de años de demandas ciudadanas pueden ser borradas de un plumazo por la connivencia de grupos de presión poderosos y autoridades relajadas», advierte el director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Fernando Balcells.


Este lunes el Tribunal Constitucional debía comenzar a revisar el requerimiento que presentaron la semana pasada los diputados Marcelo Schilling y Patricio Vallespín contra el decreto 153 del Ministerio de Economía que reglamenta el consentimiento forzoso de los contratos de adhesión de productos y servicios financieros.

El documento que pide la inconstitucionalidad de la normativa que fue publicada en el Diario Oficial el pasado jueves 19 de diciembre, lleva la firma de 32 diputados y cuenta con el respaldo de varias organizaciones ciudadanas que piden que se suspenda su aplicación.

Una de ellas es la Fundación Chile Ciudadano, cuyo director ejecutivo, Fernando Balcells, considera que el consentimiento forzado «es una contradicción aparente, un acto inconstitucional  legalizado por decreto».

«Aquí se consagra la posibilidad de extraer ingresos de las personas, sin su consentimiento o por medio de una ‘transacción’ que obliga a elegir entre perder plata y quedarse sin acceso al crédito», dijo.

Y enfatiza: «Este decreto nos regresa a los años 80/90. Permanecemos en la lógica de los derechos que se proclaman pero que no son exigibles. Decenas de años de demandas ciudadanas pueden ser borradas de un plumazo por la connivencia de grupos de presión poderosos y autoridades relajadas. Tenemos derecho a que se respeten nuestros contratos, solo a veces, mientras le parezca conveniente al proveedor. No es que se estén propiamente derogando derechos adquiridos, se trata más bien de derechos que resplandecieron alguna escasa vez y que se apagaron en medio del desconcierto de unos pocos y la desmovilización de muchos».

Balcells advierte que «el ‘consentimiento forzado’ ha sido tramitado en secreto y de manera ultra expedita, ocultada además en el ruido de las elecciones presidenciales. No es que la ley –de protección al consumidor– haya sido traicionada por este decreto, sino que ha sido eludida por medio de resquicios, sin el vuelo dramático de la traición, pero con la eficacia solapada y rápida que busca el tramposo. Los bancos y el retail quedan ahora autorizados a enviar millones de comunicaciones a sus clientes avisando de alzas en sus cobros o, en caso de rechazo, anunciando el término de los contratos de crédito».

Finalmente, sostiene que «la gente debe saber que puede rechazar esta arbitrariedad y que las organizaciones ciudadanas y las instituciones democráticas van a proteger sus derechos.  Si esta ilegalidad se consuma, estaremos de vuelta en el país de la inocencia y de las complicidades pasivas».

Requerimiento de Inconstitucionalidad Consentimiento Forzado by Diario ElMostrador.cl

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