Las críticas también apuntan al programa de DDHH del Ministerio del Interior
La reciente dada de baja del emblemático investigador Sandro Gaete, quien fundó y dirigió la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y que terminó trabajando en Aysén en temas ambientales, se interpreta como la última pasada de cuenta al detective. Pero en opinión de diversos actores, incluso de la propia institución, desde la llegada del gobierno de Piñera la brigada ha ido mermando en calidad y experiencia de sus miembros. “Me he encontrado con informes de causas de detenidos desaparecidos y ejecutados en que los hechos señalados por los funcionarios son falsos. Impresiona la falta de prolijidad”, dice el abogado Cristián Cruz.
A un mes y medio de retomar sus funciones luego de una larga licencia médica, el jefe de la Brigada de Delitos del Medio Ambiente en la Región de Aysén, Sandro Gaete, fue inesperadamente llamado a retiro.
La medida, firmada por el director subrogante de la Policía de Investigaciones (PDI), Juan Baeza, provocó una ola de críticas desde el mundo de los Derechos Humanos, donde se interpretó la decisión como la última pasada de cuenta al fundador de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que entre otros emblemáticos casos logró establecer la existencia de la operación “Retiro de Televisores”, arrestó al ex director de la DINA, Manuel Contreras, y fue parte de la investigación que terminó con la ubicación y captura del líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, en Argentina.
Según el abogado Eduardo Contreras, la dada de baja de Gaete, que en los 90 se desempeñó en el departamento de Asuntos Internos, es “una sucia maniobra que desprestigia una vez más a esa institución del Estado, que sólo puede explicarse como un gesto de Piñera a los violadores de Derechos Humanos que cumplen condena por sus crímenes y cuya detención en su mayoría fue obra de aquella Brigada que dirigiera con valentía y eficiencia este destacado profesional”. Para Contreras, esto “es un bofetón en el rostro a los familiares de las víctimas, una burla a los procesos judiciales y un retroceso en la lucha por verdad y justicia y en la consolidación de la democracia. Se han apresurado para consumar este fraude antes que asuma el nuevo gobierno. Por un mínimo de vergüenza y conociendo todos el por qué de esta injusta sanción, deben dejarla sin efecto. Jueces, abogados, querellantes, sabemos muy bien que el nivel de avances en esta materia no sería el mismo si no hubieran existido profesionales de la calidad y voluntad de Sandro Gaete. Esto debe ser revocado de inmediato».
[cita]Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Alicia Lira, “cuando sacan al comisario Lizama y a Sandro Gaete, denunciamos desmantelamiento: fue un retroceso. Durante estos dos años hemos visto funcionarios de buena disposición pero sin la expertise, ni el bagaje que se necesita ante la investigación en casos especiales como lo había anteriormente.[/cita]
El trabajo del detective permitió condenas a ex miembros de la CNI, el Ejército y la DINA, y más de alguna vez sacó ronchas en el alto mando, lo que en opinión de diversas fuentes, incluidos algunos miembros de la propia PDI, fue el motivo que terminó en su salida de la Brigada de DDHH y su “exilio” a Aysén.
Pero los roces empezaron antes del gobierno de Sebastián Piñera, cuando en 2005 Gaete y su segundo de bordo, Abel Lizama, descubrieron el procedimiento del Ejército en la operación “Retiro de Televisores”, vinculándola al entonces general Manuel Trincado, “que era muy cercano al comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre”, lo que quedó estampado en un informe de más de 100 páginas, según cuenta una fuente que conoció los hechos. El mismo informe que el entonces director de investigaciones, Arturo Herrera, solicitó que fuera cambiado, lo que fue rechazado por los funcionarios. Esto redundó en que Gaete, que anteriormente había sido seleccionado en la Academia Superior de Policía, no regresara a la Brigada de DDHH, sino que, con Herrera al mando y durante el gobierno de Michelle Bachelet, fuera trasladado temporalmente a Independencia, donde “estaba en el limbo, no le daban responsabilidad ni decretos judiciales para que investigara. Llegaba en la mañana a trabajar y no tenía nada que hacer, lo que duró hasta que las agrupaciones de DDHH se enteraron”, explica una fuente de la PDI. El destino luego de este paso fue la Jefatura Nacional de Derechos Humanos a cargo del departamento de Análisis, “que en verdad era una bodega”, señala la misma fuente.
En 2008, Gaete vuelve a ser jefe de la Brigada de Derechos Humanos nombrado por Manuel Vásquez, que reemplazó a Herrera. Lo que no duró mucho: con la llegada del gobierno de Piñera en 2010 se anunció rápidamente su traslado como jefe de prefectura a Tocopilla, una de las ciudades consideradas de “castigo” dentro de la Policía de Investigaciones. Decisión –que según fuentes internas– provenía de Baeza, aunque no llegó a puerto. Pero un año después su salida del mundo de los Derechos Humanos se concretó cuando el investigador es enviado a la brigada de delitos ambientales en Aysén.
Un camino similar tuvo el detective Abel Lizama, que en 2006 fue enviado a Punta Arenas y que ahora será trasladado como jefe de prefectura de Illapel. “Para todos los efectos se va de jefe de prefectura, pero de última categoría (…) además con esto se cierra que pueda convertirse en jefe de la Brigada de DDHH, porque no lo pueden rebajar a una brigada”, explica un ex funcionario de la PDI.
En la PDI, en cambio, explican que “cualquier integrante de la institución puede ser motivo de destinación, con el único objetivo de priorizar y racionalizar el recurso humano con el que se cuenta, bajo criterios y políticas que explican cómo la PDI gestiona su recurso humano”.
En la Jefatura de Asuntos Públicos del organismo aseguran que la Jefatura del Personal revisa anualmente las licencias médicas que presenta el personal institucional por diversas causas y “este ejercicio permite detectar aquellos casos que superan los seis meses en los últimos dos años, lo que obliga al jefe superior del servicio a considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo”, dicen en la institución, donde aseguran que en el año 2013 un total de 14 funcionarios de diferentes plantas fueron llamados a retiro por esta situación.
En el caso de Gaete, quien se lesionó la rodilla en enero de este año, su licencia terminaba a fines de enero de 2014. Esto porque la operación a la que debía someterse en el Hospital de Carabineros se fue posponiendo por meses y, sólo luego de que se quejara, logró un cupo en octubre.
Desde la PDI señalan que “actualmente el Subprefecto Sr. Gaete se encuentra en proceso de apelación”.
Según diversos actores, las medidas que le han quitado fuerza a la Brigada de Derechos Humanos van más allá de la salida de ambos detectives.
Según un ex miembro de la PDI, “Juan Baeza y Marcos Vásquez nunca quisieron esta brigada. Nunca pude entender por qué. Y desde que llegó este gobierno empezaron los problemas, porque se sentían muy respaldados por Ubilla y Hinzpeter. Sacaban, trasladaban gente. No iban a tener reclamos”.
La misma fuente asegura que “Ubilla era uña y mugre con Baeza. En las reuniones se trataban muy cercanamente, en plan ¿cómo estás Juanito? Incluso viajaron juntos a Estados Unidos a ver la frontera con México. La relación era muy cercana”.
Un ex detective asegura que “se ha bajado de la dotación toda la gente que realmente tenía conocimiento del tema. Y este tipo de investigación requiere de compartir muchas sensibilidades por ambos lados, tanto de agresores como de víctimas. Tienes que saber manejar ese tipo de situaciones, por lo que es importante tener experiencia. Por ejemplo, si un juez te pide que investigues la desaparición de una persona, no sólo basta preguntar a un familiar lo que ocurrió, sino que tienes que investigar, tratar de ubicar a los autores, lograr que esta gente te declare. Es muy complejo”.
El abogado Cristián Cruz concuerda. “Efectivamente ha habido una gran modificación en la Brigada y no es incorrecto que se ha desmantelado. No en cuanto a cantidad de funcionarios, personal, sino en expertise, calidad el trabajo. Me he encontrado con informes de causas de detenidos desaparecidos y ejecutados en que los hechos señalados por los funcionarios son falsos. Impresiona la falta de prolijidad”.
Como ejemplo reciente y “a propósito de violencia policial, un informe señala que la víctima reconoce que un carabinero fue agredido, pero la víctima jamás lo dijo. El detective acompaña la declaración de la víctima y no dice eso (…) algunos detectives que han llegado no tienen ningún compromiso en estos temas; y, en el caso de Sandro, se buscan artilugios para pasarles la cuenta por los avances que tuvieron. Y no es la primera vez en que se trata de sancionar a buenos detectives”, asegura Cruz.
El abogado agrega que “a esto tienes que sumar lo que sucede en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que con el nuevo gobierno pasa a ser dirigido por Rossy Lama. Fuimos despedidos del programa junto con la colega Luisa Sanhueza en diciembre de 2010. Yo llegué el año 2005. Esa decisión se tomó en castigo a la preocupación y avance en causas de DDHH, en cuanto no supeditamos a parámetros políticos y lo que se quiso imponer. Varias situaciones irregulares, como la petición del entonces encargado jurídico, Francisco Ugas –hoy secretario ejecutivo del Programa–, de que no fuera a trabajar pero se me seguía pagando el sueldo”.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Alicia Lira, “cuando sacan al comisario Lizama y a Sandro Gaete, denunciamos desmantelamiento: fue un retroceso. Durante estos dos años hemos visto funcionarios de buena disposición pero sin la expertise, ni el bagaje que se necesita ante la investigación en casos especiales como lo había anteriormente. No hay mala disposición, sino que se sacó a personas que estaban formando escuela de cómo se debe actuar ante violadores de DDHH”.
Justamente, fuentes de la PDI señalan que Gaete y Lizama formaron detectives que “fueron los que empezaron a irse. Hay que entender también que se tiene que producir renovación, pero debe ser paulatina, porque si no atenta contra el trabajo operativo (…) Este tipo de materias requiere de tiempo. Cualquier especialidad no es hacer un curso de seis meses, independiente del marco teórico es importante el trabajo en terreno para ir conociendo a la gente, las mecánicas e ir trabajando en el sistema de interrogatorios que te permita tener resultados. Así como ir conociendo a los ministros para ir trabajando directamente con ellos”.
Según Alicia Lira esta falta de experiencia y lejanía con el tema “queda graficada en una situación vergonzosa hace poco en la Corte de San Miguel, donde Krassnoff asiste a un careo y, siendo condenado a crímenes de lesa humanidad, fue tratado como una personalidad, incluyendo a los actuarios. No habría pasado si lo llevan en calidad de reo: incluso estaba entregando libros que él escribió”.
Para el abogado Eduardo Contreras “desde este gobierno la PDI ha sido muy ineficiente en materia de DDHH, lenta, superficial. Es claramente una decisión política y Gaete es el objetivo central, porque se atrevió a golpear a los poderes internos de la PDI, además de investigar con seriedad. Desde su salida, las cosas jamás volvieron a ser iguales”.
