El investigador fundó y dirigió la Brigada de Derechos Humanos de la institución
“Abuso de licencias médicas y salud incompatible con el desempeño del cargo” fue la razón por la que el investigador de la PDI fue dado de baja, despertando las críticas de organizaciones de DD.HH. Sin embargo, el informe técnico de la Comisión Médica de la Policía de Investigaciones estableció, con fecha 17 de septiembre, que sus permisos son justificados y su lesión recuperable.
El actual subprefecto de la Policía de Investigaciones, PDI, Sandro Gaete Escobar, está sorprendido. El 10 de diciembre de 2013, por resolución N°184, el director general subrogante de la PDI, prefecto Juan Baeza Maturana, le comunicó su baja por “abuso de licencias médicas y salud incompatible con el desempeño del cargo”.
Pero, extrañamente, el informe técnico de la Comisión Médica de la PDI N°351, de fecha 17 de septiembre de 2013, fue favorable al subprefecto Gaete, estableciendo que “sus licencias médicas son justificadas y su lesión es recuperable”. Aquel dictamen se basó en el informe-diagnóstico del traumatólogo de la Clínica de la PDI, Samuel Alfaro Jury que, a petición del jefe de la Jefatura de Sanidad, examinó al subprefecto Gaete por su lesión en una rodilla ocurrida en enero de 2013.
El otro antecedente curioso en la separación del subprefecto Gaete, es que la referida resolución por la cual se le dio de baja evitó referirse al Informe Técnico y al diagnóstico favorable del traumatólogo Alfaro Jury, no mencionando este trascendental documento como argumento para su llamado a retiro. Hasta ahora, la PDI ha negado el acceso a Sandro Gaete a este Informe Técnico, pero El Mostrador logró leerlo y tomar nota de él.
[cita]La intervención quirúrgica practicada a Sandro Gaete por su lesión tuvo lugar el 3 de octubre de 2013 en el Hospital de Carabineros. Sin embargo, el subprefecto fue examinado en ese hospital el 12 de marzo de 2013, demorando nueve meses la realización de la cirugía. Esta se efectuó definitivamente ante los reclamos del subprefecto por la excesiva demora.[/cita]
Dadas estas graves irregularidades, el 24 de diciembre pasado el subprefecto Gaete apeló de su baja ante el director general titular, prefecto Marcos Vásquez Mesa, a través de un recurso de Reposición. La respuesta del director Vásquez está pendiente. El Mostrador se contactó con Gaete para pedirle su opinión ante estas irregularidades, pero éste manifestó: “No puedo referirme al caso porque mi situación aún está pendiente por resolverse por parte del director general”.
Por su parte, el Departamento de Asuntos Públicos de la PDI no dio respuesta a las consultas formuladas para explicar por qué se cursó la baja del subprefecto por “licencias médicas abusivas y salud incompatible con el desempeño del cargo” por “lesión irrecuperable”, cuando el Informe Técnico de la Comisión Médica de la institución le fue favorable y consideró que su “lesión de ligamento cruzado anterior y meniscos interno y externo de su rodilla derecha” es “recuperable”. Tanto así, que el reingreso del subprefecto a sus labores estaba programado para enero o febrero de este año, de acuerdo al traumatólogo Alfaro. El Mostrador intentó también comunicarse con este profesional en la Clínica de la PDI, pero allí se informó que “está de vacaciones”.
La intervención quirúrgica practicada a Sandro Gaete por su lesión tuvo lugar el 3 de octubre de 2013 en el Hospital de Carabineros. Sin embargo, el subprefecto fue examinado en ese hospital el 12 de marzo de 2013, demorando nueve meses la realización de la cirugía. Esta se efectuó definitivamente ante los reclamos del subprefecto por la excesiva demora.
En su recurso de Reposición, el subprefecto expresó que, ante todo este absoluto irregular escenario “no me pueden ser imputables licencias médicas abusivas ni salud irrecuperable con el desempeño de mi cargo”. Actualmente, Sandro Gaete es el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente de Aysén.
Pero la extraña baja cursada al subprefecto tiene otra historia. Este fue el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI en los años posteriores al año 2000, pero “cayó en desgracia” con el entonces director general de la PDI, Arturo Herrera Verdugo, que desempeñó este cargo entre 2003 y 2009.
Herrera era considerado un policía proclive al mundo militar. En agosto de 2006 recibió en su casa la visita del general de Ejército en servicio activo, Miguel Trincado Araneda. Este le pidió que ordenara eliminar un Informe Policial firmado por los entonces subcomisarios Sandro Gaete y Abel Lizama. El documento concluía la participación de Trincado, en enero de 1976, en el desentierro de los cuerpos de los 26 prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en Calama, que tras la exhumación fueron lanzados al mar. El mismo Trincado dirigió esa operación como jefe de la Sección de Inteligencia del Regimiento Calama, por lo que luego fue procesado por la jueza de Antofagasta Rosa María Pinto.
El director Herrera ordenó entonces la eliminación de este informe al jefe de la Brigada de Derechos Humanos, entonces subcomisario Sandro Gaete, quien firmaba el documento junto al subcomisario investigador Abel Lizama. Pero Gaete y Lizama se negaron a cumplir la orden de su director por considerarla una violación a la ética y la rectitud de su trabajo. Hecho público este episodio por el desaparecido diario La Nación Domingo (LND), la jueza Pinto abrió una investigación, dado que el general Trincado admitió a LND haberse reunido con Herrera para pedirle la eliminación de aquel informe.
En otra oportunidad, el director Herrera ordenó a Gaete que no se efectuaran detenciones de los militares inculpados por delitos de lesa humanidad requeridos por los jueces, sino que ellos debían solamente presentarse ante el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, CAE.
Tanto el subprefecto Gaete como el actual subprefecto Abel Lizama, fueron reprimidos por el entonces director Arturo Herrera, mandando a Gaete al Archivo de la institución y luego desvinculándolo de la Brigada de Derechos Humanos, siendo enviado a Aysén al cargo indicado anteriormente. A su vez, Lizama fue igualmente separado de esta Brigada y enviado a otras funciones a Punta Arenas.
Gaete y Lizama fueron piezas fundamentales en la Brigada de DDHH para aclarar los principales crímenes de la dictadura, logrando reiteradamente quebrar el secreto de los ex agentes de la DINA, para que aportaran información que condujo a múltiples procesamientos.
El ex director Arturo Herrera prácticamente desarmó la Brigada de DDHH de la PDI, separando de ella, antes de irse a retiro, al núcleo central de sus policías que más experiencia tenían en este tipo de investigaciones. Ello se ha mantenido por el actual director general Marcos Vásquez.
