miércoles, 26 de septiembre de 2018 Actualizado a las 12:18

Hechos consignados en el texto podrían ser "eventuales delitos"

Informe de comisión investigadora del Censo responsabiliza a Labbé y salpica a Coeymans por no instruir investigación interna

por 9 enero, 2014

Informe de comisión investigadora del Censo responsabiliza a Labbé y salpica a Coeymans por no instruir investigación interna
Por siete votos contra seis, el documento recibió el visto bueno de la Comisión Investigadora, que atribuye al ex director del INE el rol de "responsable de gran parte de estas situaciones irregulares" detectadas, según precisó el presidente de la instancia, diputado DC Juan Carlos Latorre. El documento consigna hechos como la manipulación de datos, la contratación de personal no apto para cargos públicos y de empresas sin el procedimiento previo adecuado.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Por siete votos contra seis, la Comisión Investigadora del Censo 2012 de la Cámara de Diputados aprobó las conclusiones del informe de 10 páginas que atribuye las responsabilidades del caso al ex director del INE, Francisco Labbé. El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Latorre (DC), detalló lo arrojado por el informe y precisó además que este salpica también al actual director de la institución, Juan Eduardo Coeymans.

El parlamentario precisó en entrevista con CNN Chile que "el actual director no entró a ver cómo abordar una investigación interna que pudiera hacer luz en las irregularidades denunciadas y tampoco ha sido categórico en calificar lo que públicamente se conoció como un bochorno".

Asimismo, se le atribuyó a Coeymans responsabilidades relacionadas con los informes de expertos, tanto de nacionales como internacionales, que analizaron el proceso de recolección de datos y los resultados. "Ha tenido un sesgo en el sentido de descalificar el informe de la comisión de expertos nacionales (la que ratificó los errores y recomendó repetir el censo en el 2015) (...), insistió en un segundo informe de una división de expertos internacionales (que, en cambio, señaló que no era necesario repetir el censo que ha sido motivo de críticas categóricas de expertos de nuestro país", explicó Latorre.

En tanto, el presidente de la comisión afirmó que, según lo arrojado por el informe, "hay eventuales delitos". Sin embargo, precisó que será el Ministerio Público el encargado de calificarlos.

Sobre las responsabilidades del ex director del INE, Francisco Labbé, Latorre señaló que es él "sin duda el que aparece inevitablemente como responsable directo de gran parte de estas situaciones irregulares, y ese es el fundamento central de las conclusiones" del documento. En estas, se detectaron irregularidades administrativas, vinculadas a la contratación de personas que no estaban calificadas para los cargos públicos en los que fueron ubicados. Además "se les pagaba con un contrato que suscribían terceros, una triangulación de platas al interior para poder mantener a una persona en un rol bastante decisivo sin que cumpliera las condiciones profesionales para ejercer ese cargo", detalló el parlamentario.

"Lo más grave de lo realizado es informarle al país que las personas censadas son tantas y no consignar que en ese número hay una 'mula'", aseguró Latorre, y añadió que "constituye una irregularidad que nosotros creemos que es parte de un proceso en el cual se intentó, manipulando datos, clonando información, decirle a la opinión pública algo que no era cierto".

Entre los funcionarios que habrían sido contratados de forma irregular se encuentra Maximiliano Raide Pruines, asesor directo de Francisco Labbé, quien asistió en reiteradas ocasiones a reuniones con altas autoridades del Ministerio de Economía para tomar decisiones sobre la aplicación del Censo 2012. Asimismo, se incluye a Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, contratados por el ex director del INE  y sobre los que no se tiene claridad respecto de sus funciones.

Además, el informe acusa a Labbé de haber contratado, sin realizar previamente una licitación pública, a la empresa Vox Comunicaciones, pese a que la Ley 19.886 o la Ley de Bases de Compras Públicas establecen un proceso que debe aplicarse para ello. El documento señala además que, también de forma ilegal, se contrató en calidad de honorarios directamente a su propietaria y gerente general de Vox Comunicaciones, Gabriele Lothholz, y a la gerente de Clientes de dicha empresa, Carmen Paz Maldonado Caerols, por la suma de más de $45 millones por diez meses de trabajo, en el caso de la primera, y poco más de $4 millones por seis meses de trabajo, en la segunda.

En resumen, ex director del INE, Francisco Labbé, desembolsó más de $83 millones en la contratación de los cuestionados funcionarios.

De igual forma, el documento apunta a que una de las razones que motivó el cambio de metodología para el censo tuvo que ver con la llegada del asesor directo del ex director Labbé, Maximiliano Raide. Su presencia desencadenó un ambiente laboral de “mucha tensión”, señala el texto, que desembocó en que Labbé terminara excluyendo, de forma arbitraria, a los equipos técnicos del INE en la toma de decisiones. De ahí que el cambio de metodología se hiciera de forma apresurada y sin los conocimientos técnicos adecuados para evaluar su impacto.

Las acusaciones en contra de Francisco Labbé continúan en el informe, responsabilizándolo de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento de datos, en especial frente a las proyecciones que realizó el Departamento de Estudios Sociales. Y es que, de acuerdo a las proyecciones del INE, se estimaba que sólo se podría encuestar a 15,8 millones de personas durante el Censo 2012 y no los 17 millones que estimaba el ex director.

Por último, el informe de la comisión asegura que Francisco Labbé no resguardó el secreto de los resultados antes de que los difundiera el Presidente Piñera. Asimismo, estima que no se protegieron datos sensibles  mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios contratados irregularmente.

En adelante, el informe debe ser votado por la Cámara de Diputados.

Compartir Noticia

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV