En esta ocasión, el presupuesto total es de 27.900 millones de pesos para licitar 243 cupos de abogados que presten defensa penal en los próximos tres años.
Un modelo que privilegie la calidad y experiencia de los abogados que se adjudiquen defensas penales públicas, por sobre la oferta económica que puedan presentar, es el que comenzará a regir en el 19° llamado a licitaciones que se inicia mañana en todas las regiones del país.
Desde 2003 la Defensoría Penal Pública trabaja con un sistema mixto de prestación de defensa, en el que el 70 por ciento de la cobertura está a cargo de abogados privados que se adjudican jornadas de trabajo por un lapso establecido de tiempo.
En esta ocasión, el presupuesto total es de 27.900 millones de pesos, para licitar 243 cupos de abogados que presten defensa penal en los próximos tres años.
El avance del sistema y la permanente evaluación a la que ha sido sometido el sistema reveló que se requería introducir ajustes tendientes a mejorar la calidad de las prestaciones, beneficiando la experiencia y el conocimiento de los profesionales prestadores por sobre una oferta económica más conveniente.
“Con las nuevas bases y requerimientos se busca, no sólo optimizar la gestión y el rendimiento de los abogados siguiendo sus tareas mediante un exigente sistema de indicadores, sino que también mejorar las remuneraciones de estos profesionales”, explica la Defensora Regional (s) de la Metropolitana Sur, Viviana Castel.
En el nuevo sistema la oferta técnica será ponderada en un 70 por ciento, y la oferta económica en un 30 por ciento. La idea de ello es que no sea necesario que el oferente reduzca los costos para ganar la licitación, y que de hacerlo, estas rebajas no redunden en la remuneración de sus abogados y personal administrativo.
Las principales características del nuevo proceso apuntan a la especial relevancia de los aspectos técnicos de la oferta, considerándose en la evaluación económica el monto de las remuneraciones que recibirán los abogados. Además posee un sistema de pago variable, que mejora económicamente aquellos proyectos cuyos abogados, gerentes y administrativos tengan un mejor desempeño.
Los abogados que estén interesados en licitar deben rendir un examen habilitante que aborda materias de derecho penal, derecho procesal penal y litigación en el actual sistema de enjuiciamiento criminal.
Con ocasión de este nuevo llamado de licitaciones, los interesados podrán dar el examen habilitante el próximo 27 de enero.
En este punto, Viviana Castel señaló que pueden participar los abogados, como personas naturales, que cumplan con los requisitos para el ejercicio de la profesión y para prestar servicios de defensa penal, y también las empresas o personas jurídicas que cuenten con abogados con estas características.
De acuerdo al calendario del proceso, los cupos de abogados serán adjudicados durante la segunda quincena de abril.
