El 31 de diciembre demandó a la empresa, PwC y a nueve ex ejecutivos:
Antes de destaparse el fraude, Capital vendió acciones de la multitienda y en la junta de accionistas le preguntó a Pablo Alcalde por el volumen de créditos reprogramados. Todo apuntaba en la dirección correcta. Pero cuando La Polar envió el hecho esencial que dio señales de alerta, el 9 de junio 2011, Capital fue la única AFP que compró acciones ese día y el siguiente, lo que generó una pérdida de $2.709 millones a sus afiliados. La Superintendencia le formuló cargos y luego los revirtió. Es la primera AFP que demanda a La Polar y ésta le responde que especuló y que olvida la responsabilidad que le cabe en lo ocurrido.
Un paso para adelante, otro para atrás. Así fue la actitud de la AFP Capital con las acciones de La Polar. Fue la única administradora que vendió un paquete importante de acciones antes de destaparse el fraude y la única que compró el 9 y 10 de junio de 2011 en medio de la incertidumbre más absoluta.
Este camino zigzagueante culminó el 31 de diciembre pasado con la presentación de una demanda por indemnización de perjuicios en contra de la multitienda –sin especificar monto– y también contra PwC y nueve ex ejecutivos. Es la primera que apunta a la empresa y los ex gerentes. Hasta ahora Provida había interpuesto una acción civil exigiendo el pago de US$134 millones a PwC, por no cumplir diligentemente sus funciones.
Una simple revisión de antecedentes públicos revela notorias contradicciones. El 29 de abril de 2011, en la junta ordinaria de accionistas, Pablo Alcalde, el entonces laureado presidente La Polar, hizo un balance de la empresa y dio la palabra. El único que la tomó fue el representante de Capital, Eugenio Acevedo, para consultar sobre el volumen de reprogramación de créditos efectuado el año anterior. Apuntaba al corazón del fraude para abultar las utilidades, que se destaparía 40 días después, pues ellas provenían artificialmente de las repactaciones unilaterales no autorizadas a los dueños de tarjetas de crédito. Alcalde le contestó que correspondía a un tercio. Una cifra altísima: Falabella, París y Cencosud bordean el 10%. Actualmente, la Polar tiene un 8%.
Capital había bajado en forma importante su exposición a los papeles de La Polar. Del 5,02% que tenía en abril de 2010, al 3,25% en abril de 2011. Fue la única AFP en tomar esa decisión. El resto de sus pares mantuvo sus papeles o hizo leves movimientos. Cuprum disminuyó un 0,49%. Hasta ahí, la conducta era consistente.
El jueves 9 de junio de 2011, a las 8:36 a.m., se conoció el hecho esencial que informaba de prácticas no autorizadas en la renegociación de créditos a los clientes con efectos no dimensionados en el nivel de provisiones, pero que debieran encontrarse en un rango estimado de entre $150 mil millones y $200 mil millones. También anunció la reestructuración del área de créditos, la petición de renuncia al gerente de productos financieros (Julián Moreno) y el nombramiento de su sucesor.
La Superintendencia de Valores suspendió las transacciones de La Polar entre las 9 y las 11 a. m. para la difusión y el análisis de esta información. Cuando se autorizaron las operaciones, el mercado reaccionó con terror y salió a vender: las acciones cayeron un 42%.
AFP Capital actuó en dirección contraria: compró un millón de acciones a $1.349 por papel. El viernes 10 aumentó su apuesta: adquirió 2,59 millones de papeles a un promedio $1.494 cada uno.
En total, fueron 3.671.284 de acciones –equivalentes al 1,47% de La Polar– por un monto de $5.330 millones para todos los fondos donde puede invertir en acciones A, B, C y D. No hubo otra AFP que siguiera sus pasos en esos momentos de incertidumbre.
En una máxima que se repite, Capital fue la primera en vender a partir del 30 de junio y hasta el 6 de julio. Sus afiliados perdieron $2.709 millones a raíz de la compra de acciones el 9 y 10 de junio. Por los papeles que tenía anteriormente, la pérdida fue menor a la del resto de las AFP, porque las acciones siguieron cayendo con el tiempo.
La Superintendencia de Pensiones le formuló cargos el 16 de marzo de 2012 por infringir el artículo 147 del DL 3.500 que obliga a las AFP a “efectuar todas las gestiones necesarias para cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos que administran”, al comprar acciones en momentos de total incertidumbre sobre la verdadera situación financiera de La Polar, con información incompleta, luego de conocido el hecho esencial del 9 de junio de 2011, con el evidente perjuicio para sus afiliados.
El 18 de diciembre de ese año, Superintendencia dejó sin efecto los cargos, lo que sorprendió al mercado. La autoridad explicó que con los antecedentes aportados por Capital no llegó a la convicción de que la AFP violó el DL 3.500. La AFP buscó probar que no había total incertidumbre y que no compró con información incompleta. Apuntó a que la SVS suspendió las transacciones solamente por dos horas, pudiendo hacerlo por más tiempo, lo que fue interpretado como que la SVS no encontró base para sospechar de una conducta fraudulenta. Adjuntó una minuta del economista de la U. de Chile y director de Capital, Joseph Ramos, quien dijo que se venía haciendo un seguimiento a La Polar antes del escándalo y que la AFP observaba que tenía provisiones insuficientes y cuando el hecho esencial informó el aumento en $200 mil millones lo consideró suficiente como para invertir, porque cubría las necesidades en provisiones.
También aseguró que a partir del hecho esencial construyó un modelo especial para La Polar de manera de cuantificar los efectos de la información divulgada en el precio de los papeles de La Polar, estimando su precio entre $1.555 y $2.097, o sea, más caro de lo que la AFP pagó los mismos días 9 y el 10.
Interpuesta la demanda, el gerente general de Capital, Eduardo Vildósola, envió un comunicado en el que destaca que la AFP actuó en forma “cuidadosa y diligente”, tomando decisiones para disminuir las pérdidas ocasionadas por este ilícito. En efecto, Capital fue la primera AFP en deshacerse de las acciones de La Polar después de desatarse el escándalo, pero omite decir que fue la única que compró cuando se dieron las primeras señales con el hecho esencial que informaba de prácticas no autorizadas y millonarias provisiones.
La Polar calificó en otro comunicado de imprudente la decisión por olvidar “la responsabilidad que le cabe en lo ocurrido” –aprobó año tras año los estados financieros de la multitienda, la designación de PwC como auditora, eligió a los directores– «y peor aún, después de casi tres años, pretende resarcirse del supuesto daño autoconferido”.
Consultada la AFP Capital, respondió que la Superintendencia de Pensiones resolvió el caso hace un año. El organismo –ante las consultas de este medio– envió la resolución en la que suspendió los cargos a la administradora. Y La Polar, a través de su presidente César Barros, mostró su sorpresa por la demanda: “Ellos actuaron en forma especulativa con plata de terceros habiendo un hecho esencial de advertencia; es ridículo que demanden a la empresa si la responsabilidad de la administración recaía en las AFP que tenían un 25% de la propiedad de la compañía».
