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Ex presidente de la Suprema hace balance del bienio más tenso entre el Poder Judicial y La Moneda

Rubén Ballesteros y su participación en Consejos de Guerra: “No tengo nada de que arrepentirme”

por 15 enero, 2014

Rubén Ballesteros y su participación en Consejos de Guerra: “No tengo nada de que arrepentirme”
El bienio 2012-2013 se caracterizó por un permanente conflicto entre el Poder Judicial y La Moneda, debido a los públicos cuestionamientos de distintas autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera a los fallos de tribunales en diversas materias, como el caso Bombas y temas medio ambientales, principalmente. Aquí en el juez hace sus puntos y le pone paños fríos a una dinámica que caracteriza sólo como “vientos leves”.
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El lunes 6 de enero le entregó la presidencia del máximo tribunal del país a su sucesor, Sergio Muñoz. Cada ministro ha buscado dejar un sello de su paso por este de cargo y, en estos dos años, Rubén Ballesteros trató de imprimir un fortalecimiento interno del Poder Judicial, con la Ley N° 20.268, que permite destinar jueces para equilibrar las dotaciones de los tribunales de acuerdo a la carga de trabajo y la de incentivo para el retiro de funcionarios judiciales, junto con crear 12 nuevos tribunales y potenciar diversas plataformas mediáticas para difundir la labor del sistema judicial.

Sin embargo, el bienio 2012-2013 de Ballesteros se caracterizó por un permanente conflicto entre el Poder Judicial y La Moneda, debido a los públicos cuestionamientos de distintas autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera a los fallos de tribunales en diversas materias, como el caso Bombas y temas medio ambientales, principalmente. En estos asuntos y otros, como las garantías GES y el alza de los planes de las Isapres, el juez considera que “no es una competencia que nosotros buscamos, sino que es un voto de confianza de la gente; aunque en las encuestas tenemos mala apreciación, estas situaciones de tremenda importancia, que afectan a muchísima personas, la gente ve que tiene protección de los tribunales de acuerdo a la ley”.

-Por varios de estos temas se generó tensión con La Moneda, incluso hubo un “supremazo” en septiembre del 2012, donde la Corte criticó que se tratara de interferir en sus labores…
-El 2012 tuvimos efectivamente un problema de relación con el Gobierno. En esa oportunidad se hicieron las declaraciones necesarias en cuanto a que nosotros privilegiamos dos principios fundamentales: la independencia y la autonomía de los tribunales.

-¿El Gobierno trató de afectar esa independencia y autonomía?
-No, decididamente no. El Gobierno en su momento reclamó, todo viene del tema de la judicialización, la verdad de las cosas es que los organismos de la administración del Estado la gente los ve poco imparciales, poco independientes, no tienen una integración pluralista, sino que de acuerdo al Gobierno que está en el poder.

El 2012 tuvimos efectivamente un problema de relación con el Gobierno. En esa oportunidad se hicieron las declaraciones necesarias en cuanto a que nosotros privilegiamos dos principios fundamentales: la independencia y la autonomía de los tribunales.

-¿La salida de Rodrigo Hinzpeter del Ministerio del Interior influyó en que bajaran los decibeles del conflicto con el Gobierno?
-El derecho a disentir es consustancial al ser humano, el derecho a la crítica es propiedad de todos los habitantes de la nación, yo nunca entendí tales expresiones como una crítica destructiva. El tema es si estas expresiones de disenso a cómo nuestros jueces resuelven los asuntos, se transformen en forma de fiscalización, que se reclamen los fundamentos para resolver de una forma determinada.

-Pero eso sí sucedió…
-Eso ha sucedido y, en esa oportunidad, esa fue una de las principales objeciones que planteó la Corte Suprema, se dijo que no era posible que la crítica se usara también en los fundamentos de los fallos, que ni el Presidente de la República, el Congreso ni persona alguna puede intervenir. En el balance general, si bien hubo movimientos de ese tipo, yo los he considerado vientos leves.

-Es conocida su buena relación con el Presidente Piñera, ¿qué factor jugó esa relación para ayudar a aplacar las tensiones?
-Es un hombre bastante multifacético, muy preparado, efectivamente no hemos tenido ninguna dificultad. Pero eso no significa que en los momentos de alguna crítica un tanto ácida sobre el Poder Judicial (no) se conversó clara y francamente. Lo que debería ocurrir, y es lo que espero que suceda en el futuro, es que la relación Poder Ejecutivo y Poder Judicial se lleve de la mejor forma posible. El Ejecutivo nos necesita para mantener la paz ciudadana, para que los conflictos se resuelvan en fallos y no por las vías de hecho.

-¿Fueron muchas esas conversaciones francas con Piñera?
-Sí, y no solamente a solas con él, sino que hemos estado en dos oportunidades toda la Corte Suprema almorzando y hemos conversado larga y francamente con él.

-¿Qué respuesta le daba Piñera cuando le reclamó?
-La mejor forma de resolver dificultades entre las instituciones y las personas es conversando. Cada uno expone sus argumentos, se ponen sobre la mesa los argumentos y se llega a acuerdos. En estos dos años en las relaciones con el Ejecutivo no hay ninguna dificultad insalvable, ni con el Congreso ni con la Presidencia de la República.

-¿No cree que la agenda política de La Moneda primó en los cuestionamientos públicos al Poder Judicial?
-No podría nunca decir que el Gobierno haya justificado la falta de progreso en seguridad ciudadana con el quehacer de nuestros tribunales. Se puede haber criticado determinados juicios, asuntos en los que no le fue bien, pero nosotros no entenderíamos nunca un Gobierno que fundara el poco éxito de una política de seguridad ciudadana en la acción de los tribunales, en circunstancias que hoy todo el mundo sabe que los tribunales no son responsables de la investigación criminal.

-Pero este Gobierno sí ha justificado sus falencias en seguridad ciudadana responsabilizando a los tribunales…
-Una de las funciones principales de los jueces de garantía es velar que en los procedimientos judiciales, incluso antes de la formalización, no se afecten las garantías constitucionales de los imputados.

-Al parecer en sectores del Gobierno y del mundo político no les queda claro eso, porque precisamente se critica que hay jueces muy garantistas…
Claro, bueno. Hay que pensar por un minuto que nuestros jueces de primera instancia, que están al inicio del proceso, son de garantía, la ley lo establece así.

“Van a ver cumplido su anhelo”

-En el 2013 fue complejo el ascenso de ministros a la Corte Suprema, vacantes sin llenar por meses, quinas acumuladas en el escritorio del Presidente, nominaciones cuestionadas…
-Todo el mundo sabe y conoce el sistema, el tema es que a veces el acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado se ha hecho difícil y ha pasado demasiado tiempo, al extremo que una ministra que se fue el año pasado, en enero, todavía no llega su reemplazante que fue aceptado recién el mes pasado. En el Poder Judicial lamentamos esto, no es bueno que estas cosas ocurran, no podemos llamarles la atención al Ejecutivo ni al Legislativo, pero saben que es una situación que nos produce una gran incomodidad.

-En el Senado se ha instalado el veto a ciertos jueces para ascender a la Suprema, de lado y lado, como es el caso de Alfredo Pfeiffer y Carlos Cerda…
-Son jueces que están perfectamente preparados para ser ministros de la Corte Suprema y hoy lo están en calidad de suplentes.

-¿Pero no se merecen estar como titulares?
-Claro, los dos. El ministro Juan Araya se va a fin de mes, se va a abrir concurso, va a pasar el mes de febrero completo y se viene marzo, como dice la propaganda del Banco Santander. En la segunda quincena de marzo la Corte Suprema estaría en condiciones de hacer esa quina. Ya no va a estar don Sebastián Piñera, va a haber otra persona en la Presidencia de la República y todos nuestros amigos senadores que quieren que Carlos Cerda ingrese a la Corte Suprema, al parecer ahí, van a ver cumplido su anhelo.

-En su presidencia le tocó leer la declaración de la Corte Suprema por los 40 años del Golpe y reconocer la omisión en que incurrió el Poder Judicial en la dictadura. ¿Qué valor y efecto le atribuye a ese gesto?
-Fue un hecho muy importante para el Poder Judicial, en años no tuvimos nunca la intención de hacer ningún tipo de declaración sobre ese aspecto, para mí estuvo bastante precisa, inédita, reconocimos que no habíamos cumplido con nuestras obligaciones judiciales. Después yo dije que había que considerar, en abono de las culpas que estábamos infiriendo, cómo sucedían las cosas en ese tiempo. No es conveniente hoy enjuiciar la labor que hicieron nuestros colegas hace 30 años, porque la situación política-administrativa era distinta.

-¿Pero no hay principios como el resguardo de los DD.HH., que están por sobre cualquier consideración o contexto?
-Sí, sí. Hace muchos años que vivimos en tiempos de paz, el país se desarrolla pacíficamente, cada poder del Estado es libre, en ese tiempo las cosas no eran de esa forma, pero, bueno, hicimos la declaración y también dijimos que la Corte Suprema no estaba habilitada para pedir perdón y la razón es que entendemos que el perdón se hace respecto de personas determinadas, son acciones individuales, no son colectivas.

-Su carrera ha estado rodeada de críticas por participar en Consejos de Guerra. Considerando que en noviembre jubilará, ¿hay algo que habría hecho diferente?
-Haciendo un examen hacia atrás (carraspea) no tengo nada de que arrepentirme. Ejercí la profesión de abogado mucho tiempo, defendí mucha gente, después ingresé al Poder Judicial y, siendo juez del crimen en Osorno, los años 77 y 78, fui nombrado presidente de un Consejo de Guerra, redactaba los fallos, hacia los borradores, consultaba con los miembros del Consejo, que eran tres militares más tres oficiales de Carabineros. Guardo los borradores de todas mis sentencias (carraspea), tengo respaldo de ese material (carraspea). Hace tiempo atrás me dedique a revisar las sentencias, aplicamos penas (carraspea) totalmente racionales, consideramos circunstancias atenuantes. En un texto de la Vicaría de la Solidadaridad sobre los Consejos de Guerra se destacaba el de Osorno, por ser el primero en considerar circunstancias atenuantes. Esta condición me significó dificultades cuando llegue a la presidencia de la Corte de Apelaciones el 2000 (carraspea), cuando fui nominado a la Corte Suprema por el Presidente Ricardo Lagos Escobar hubo campañas en Santiago y Valparaíso, cuando accedí a la presidencia de la Corte Suprema ocurrió lo mismo, pero, bueno (carraspea), tengo que vivir con ese tema (carraspea). En todo caso, no me siento culpable de nada.

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