Pablo Lorenzini, presidente del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, dijo que la ley debe ser corregida y adaptada. En el caso de la marihuana, «el cultivo para consumo personal es sancionado como falta y no existe claridad en la cantidad legal, elemento relevante para evitar pena de cárcel», indica el documento.
Un informe hecho por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados reveló serias debilidades y vacíos de la Ley 20.000, como, por ejemplo, la poca claridad en la diferencia entre consumo, microtráfico y tráfico.
El diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión, dijo que la ley “debe ser corregida, adaptada, respecto a la droga dura. Claramente hay que hacer algunos ajustes. Lo que no está en forma expresa, confunde a los jueces”.
El informe indica que “la ley permite el consumo privado personal y grupal espontáneo de drogas, pero sanciona prácticamente todas las conductas que permiten su obtención”. En este sentido, el documento agrega que no existe uniformidad en la aplicación de las normas, lo que provoca un clima de inseguridad jurídica en relación al consumo.
Además señala que en el caso específico de la cannabis, “el cultivo para consumo personal es sancionado como falta” y no existe claridad en la cantidad legal, elementos relevantes para evitar pena de cárcel. El estudio sugiere “clarificar la impunidad de los actos preparatorios al consumo lícito, a lo menos del porte para el consumo, sea a nivel legal o a nivel de política persecutora”
Además el informe indica que el criterio “pequeñas cantidades” es insuficiente y podría incurrir en error para distinguir entre microtráfico y tráfico.
El estudio indica que no se habría cumplido “el objetivo más patente de la Ley 20.000, diferenciar entre ambos delitos para imponer sanciones más justas de acuerdo a la gravedad y daño del hecho”. Respecto a esto, el estudio indica definir con claridad qué lugar ocupa el imputado en la cadena de distribución.
En el ámito de salud, el estudio de la comisión recomienda que se debe definir, de forma correcta y clara, la diferencia entre consumidor, paciente o delincuente.
Lorenzini dijo que “este es un informe oficial de la Cámara, porque emana de una instancia también formal, que cuenta con el respaldo de la OCDE”, según La Segunda.
“Descubrimos que la Ley 20.000 debe ser corregida, adaptada, respecto a la droga dura. Claramente hay que hacer algunos ajustes. Lo que no está en forma expresa, confunde a los jueces”, concluye le parlamentario.
