Así lo indicaron al término de la mesa negociadora convocada por el gobierno. Además aseguraron ser víctimas de una extorsión por parte de un grupo de dirigentes sindicales que “presionan ilegalmente por medio de un paro también ilegal”. Por su parte, Sergio Vargas, vocero de los trabajadores portuarios, se mostró indignado con la postura de los empresarios.
El conflicto entre las empresas del puerto de San Antonio y los trabajadores no parece tener una pronta solución, esto luego que las partes no llegaran a un acuerdo en la mesa negociadora que convocó La Moneda.
Tras la reunión que duró más de ocho horas, en donde asistieron el ministro del Trabajo Juan Carlos Jobet, los dirigentes Pedro Riquelme y Sergio Vargas, y el gerente general de la empresa San Antonio Terminal Internacional, Alberto Borquez, las empresas portuarias señalaron que es imposible llegar a un acuerdo si el paro continúa.
«Consideramos inaceptable explorar cualquier tipo de acuerdo o negociación bajo las actuales condiciones», señalaron a través de un comunicado de prensa. Además, aseguraron que junto al gobierno y los trabajadores, son víctimas de una extorsión por parte de un grupo de dirigentes sindicales que “presionan ilegalmente por medio de un paro también ilegal, el cual han mantenido utilizando la violencia y generando un clima de amenazas permanente hacia nuestros trabajadores y sus familias».
En la misma línea recalcaron el deber que tienen con la protección de la integridad de sus trabajadores, quienes, según el empresariado, “quieren cumplir su deber y no pueden ejercer su derecho a trabajar, a causa de las amenazas, ataques y amedrentamientos de los que son víctimas por parte de los huelguistas ilegales».
Por esto, señalaron que tienen la voluntad de «explorar cualquier vía de solución, una vez que el paro ilegal que nos aqueja sea depuesto».
El gremio se hizo parte de las críticas en contra del paro realizadas por camioneros, exportadores y el mismo gobierno. En este sentido los empresarios dejaron en claro que comparten el sentido de urgencia con que deben ser abordadas las graves consecuencias producidas por el paro portuario en las distintas áreas productivas y de distribución, como los perjuicios que está provocando en el comercio exterior.
De esta forma, solicitaron a los dirigentes que defiendan y exigan sus pretensiones «por las vías apropiadas que el país se ha dispuesto para tales efectos». Las empresas portuarias aseguraron que la demanda de los trabajadores carece de fundamentos jurídicos “sin embargo apoyamos el legítimo derecho de los trabajadores a solicitar el pronunciamiento de la Justicia para legitimarla si lo estiman conveniente para la defensa de sus intereses».
Por último, dijeron que tienen la disposición de retomar el diálogo «sin excluir ni vetar tema alguno, con el ánimo de poner los intereses del país por delante, en un contexto respetuoso de la ley y que utilice las vías institucionales propias de un estado de derecho y un país civilizado como el nuestro».
El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, adelantó que el punto más complicado de la negociación es la que tiene relación cpn la demanda del pago retroactivo de la hora de colación, en el periodo 2005-2013, donde las compañías aún no logran un acuerdo.
Por su parte, Sergio Vargas, vocero de los trabajadores portuarios, en una muy corta declaración a la salida de la mesa negociadora, se mostró indignado con la postura de los empresarios.
