«Cuando ese archivo pasa a manos de la Universidad Diego Portales, no pasa de manos estatales a manos privadas, sino de una entidad privada a otra», dijo el académico.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, defendió este jueves el traspaso a su casa de estudios de los archivos del diario La Nación y respondió a quienes han advertido que con ello se vio amenazado «el carácter público del material».
En una carta publicada este jueves por El Mercurio, Peña hace hincapié en que, por el contrario, los documentos de prensa pasaron «de una entidad privada a otra».
«El archivo del diario La Nación no era propiedad del Estado, como se ha dicho, sino de una sociedad anónima con fines de lucro en la que el Estado tenía acciones», señala el académico, enfatizando que «lo extraño es que mientras ese archivo perteneció a una sociedad anónima con fines de lucro, nadie vio amenazado su carácter público. Ahora, en cambio, que ese archivo pertenece a la Universidad Diego Portales –una fundación sin fines de lucro– se afirma que su carácter público está en riesgo».
A su juicio se trata de un contrasentido que se explica «por una doble suposición: que como el Estado tenía acciones en la sociedad anónima, los bienes que pertenecían a esta última eran estatales» y que «como esos bienes eran estatales, entonces eran públicos».
El rector de la UDP insiste en que «ninguna de esas suposiciones es correcta y solo pueden ser resultado de la ignorancia. Lo que pertenece a una sociedad no pertenece a los socios individualmente considerados; y lo público (a pesar de lo que afirman las supersticiones de moda) no coincide necesariamente con lo estatal».
Finalmente, sostiene que «cuando ese archivo pasa a manos de la Universidad Diego Portales, no pasa de manos estatales a manos privadas, sino de una entidad privada a otra. Con una diferencia: la universidad, al igual como lo hace con sus restantes colecciones, desarrollará actividades de interés público en torno a ese archivo y su acceso, basado en las reglas generalmente admitidas en el sistema de bibliotecas, será gratuito».
El planteamiento sobre el carácter privado de La Nación fue abordado por un extenso reportaje de la periodista Alejandra Matus que publicó El Mostrador bajo el título «La Nación Gate»y que entregó detalles de la operación que se llevó a cabo durante el gobierno de Patricio Aylwin y que le permitió a un grupo transversal –un UDI, un DC y un socialista– tomar el control de la empresa periodística, que incluía el Diario Oficial, impidiendo al Estado tomar ninguna decisión sobre el medio sin la aprobación de la sociedad Colliguay S.A.
El extenso reportaje da cuenta que el origen de dicha sociedad se remonta a fines de 1989, cuando estrecharon su amistad el entonces representante de los títulos del fisco y presidente del directorio, Raimundo Valenzuela (PS), y Enrique Alcalde Undurraga (UDI), seguidor del Opus Dei, época en la que también entraron en escena Enrique Correa y Eugenio Tironi.
Y en los años siguientes, detalla la investigación publicada en julio de 2009, Colliguay comenzó a ganar terreno, consolidó su posición dominante y modificó los estatutos del diario, aumentando sus atribuciones y reduciendo al mínimo las del Estado, dando origen en 2004 a la Sociedad Puerto Madero S.A., que reprodujo el mismo modelo de negocio.
