Pese a que sus detractores insisten en que en la práctica no cumplirá con el objetivo que se buscaba de crear un registro previo de lobbistas, la iniciativa fue despachada y el gobierno festejó que, tras más de una década, finalmente Chile contará con una normativa que regula una actividad que es “legítima”, pero que era necesario transparentar.
Después de una larga y accidentada tramitación, este miércoles quedó listo para convertirse en ley el proyecto que “regula la actividad de lobby y establece normas destinadas a fortalecer la transparencia en las relaciones con el Estado”. Pese a que, el martes recién pasado, un grupo minoritario de senadores rechazó la iniciativa por estimar que no cumple con el principal objetivo que se buscaba con ella: la creación de un registro público obligatorio de los profesionales que se dedican a esta actividad, dejando el peso de la prueba sobre las autoridades a las que se pretende influir a través de ella. Algo que no comparte el Ejecutivo, desde donde se argumenta que si bien no quedó estipulado en la normativa un registro previo obligatorio, sino voluntario, para todos aquellos que pretendan ejercer la actividad del lobby, esta carencia se suple con creces a través de la obligatoriedad de los sujetos sobre quienes se ejerce la actividad, de registrar las reuniones que realicen con los lobbistas.
Así, mientras el martes en el Senado se aprobó el informe de la Comisión Mixta por 24 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, este miércoles la Cámara Baja hizo lo propio por 94 votos a favor y una abstención. Pero la aprobación de la iniciativa no terminó con la polémica. Pues quienes la rechazaron en el Senado insisten en que la ley no cumple con su principal objetivo de crear un registro previo en el que obligatoriamente se deban inscribir quienes pretendan “legítimamente” practicar el lobby. Lo que a juicio de un experto “deslegitima la ley. Será una ley inútil que no tiene sentido regulatorio normativo, porque no tiene objeto de regulación. La norma es opaca, porque está intentando regular algo que no va a poder regular”.
El proyecto aprobado ingresó al Congreso el 5 de noviembre del año 2008, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, la actual administración ingresó una serie de indicaciones que, según algunos detractores de la normativa aprobada, desperfilaron el “sentido original” de la iniciativa. Por lo pronto, el aspecto que ha generado la polémica se cayó durante la tramitación. En el artículo 6 del Título II del Mensaje original, sobre registros públicos y de las obligaciones y prohibiciones aplicables a los lobbystas se leía: “créanse los registros públicos de lobbystas que se indican en el artículo siguiente, en los cuales deberán inscribirse, previamente y de manera obligatoria, todas aquellas personas que ejerzan gestiones de lobby”.
Sin embargo, entre quienes aprobaron la iniciativa como un paso importante en materia de regulación y transparencia, argumentan que si bien no existe un registro previo obligatorio, eso se subsana con el sistema de “agenda pública”, que obliga al sujeto pasivo –quien recibe a un lobbista sabiendo que ejerce dicha actividad– debe obligatoriamente hacer pública su reunión, con ello automáticamente el profesional que practica el lobby quedaría registrado.
Así, mientras los detractores insisten en su postura, quienes aprobaron en el Senado y la Cámara el proyecto lo defienden, asegurando que es “un importante y significativo avance respecto de lo que había, o sea, nada”. Sobre todo, porque según explicó el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, a partir de ahora “va a existir un registro centralizado que va a manejar el Consejo para la Transparencia”, a él –explicó– podrán acceder todos los ciudadanos que estén interesados en conocer información acerca de quiénes realizan lobby, con qué propósito y con qué autoridad se han reunido para ello.
Uno de los diputados que defendió la iniciativa fue el DC Jorge Burgos, quien tras su aprobación señaló que esta normativa “es un paso importante en materia de transparencia”, aunque admitió que es sólo un primer paso y, por lo tanto, “perfectible”. En tanto, su par socialista Marcelo Díaz señaló que “logramos doblarles la mano a quienes preferían eternizar este debate y que no hubiese legislación en este tema. Porque la ausencia de normas permitía que campearan los intereses privados, haciendo gestiones para favorecerse”.
Adicionalmente, el legislador PS explicó que el texto incluye dentro de los sujetos pasivos de lobby a los asesores legislativos que anualmente indique cada parlamentario, y establece que habrá un registro público de lobbistas y gestores de intereses particulares en la Contraloría, el Banco Central, el Congreso, el Ministerio Público, y el Poder Judicial, al que se incorporarán las personas que ejerzan lobby ante autoridades y funcionarios públicos. Añadió que la normativa define también como sujetos pasivos, con los que se puede realizar lobby, a ministros, subsecretarios, jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores. Para el senador gremialista Hernán Larraín “esto es realmente un hecho de mucha trascendencia. Es un antes y un después en la transparencia en Chile”.
Mientras que el senador socialista Camilo Escalona insistió en la argumentación entregada en la Sala, este martes, cuando explicó las razones de su rechazo a esta normativa, asegurando que “voy a votar en contra porque este proyecto es igual que un Mercedes Benz pero sin motor”. Y expresó su preocupación, porque “el parlamentario siempre va a estar en la picota, frente al juicio de la opinión pública. Correcto, que esté siempre bajo la atención de la opinión pública (…) Pero lo que estamos viendo no es la función de los parlamentarios, sino que lo que estamos tratando de resolver es la acción de quienes vienen al sector público, al Parlamento, a los que recorren las oficinas no sólo del Congreso Nacional, sino de los consejos regionales, de los municipios, de los servicios públicos, de esos que tienen tiempo, recursos, relaciones, redes y dinero, para poder intervenir, interferir y actuar sobre la base de distorsionar, en función de intereses particulares, las decisiones económicas del sector público. Esos no tienen aquí registro ninguno, pueden seguir actuando completamente en la impunidad. Esos son entera y totalmente invisibles”.
En todo caso y en medio del debate que no cede, no faltan los mal pensados que atribuyen la importancia que le dio el gobierno a esta iniciativa y la urgencia que le puso en esta última etapa para que fuera definitivamente aprobada, a una directa relación con que, a partir de ahora, Chile integra el selecto grupo de naciones que cuentan con una regulación del lobby, además de Canadá, México, Estados Unidos, España e Inglaterra. “Estamos a la altura del OCDE”, dice un experto.
