La resolución del tribunal internacional no sólo produjo los efectos evidentes, al concederle a Perú una porción de mar, sino que en Chile generó algunos debates sobre materias que venían arrastrándose soterradamente y que ahora tomaron fuerza. Sobre todo, ante la sensación de que podrían venir nuevas demandas.
El fallo con que la Corte Internacional de Justicia de La Haya selló el destino de la reclamación peruana, con un veredicto que algunos han catalogado como “salomónico”, abrió para Chile un nuevo debate centrado en dos cuestiones fundamentales. Por una parte, en el marco de la sesión especial que el Senado realizó esta semana, se puso en tela de juicio el rol jugado por la Cancillería en este proceso. Así, para algunos senadores quedó en evidencia su ineficacia para adelantarse a escenarios complejos.
Aunque más como un problema estructural que relacionado con la política estratégica diseñada por los diferentes gobiernos. Por otro lado, la idea de evaluar la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá ha ido cobrando fuerza en el oficialismo, particularmente en la UDI. Ya no sólo el diputado Iván Moreira proclama la idea, también la analizan senadores como Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, ex presidente de la tienda. Mientras que en la Nueva Mayoría comprenden esta postura como una reacción a una resolución que es considerada adversa por la opinión pública, para algunos no deja de ser llamativo que parte del oficialismo esté comenzando a levantar esta controversia y, en cambio, guarde un “silencio cómplice” con la política de las “cuerdas separadas” con que el gobierno de Sebastián Piñera condujo las relaciones con el vecino país, algo de lo que, según algunos representantes opositores, el mandatario debe hacerse cargo.
Fue el senador gremialista Jaime Orpis el más drástico en analizar el desempeño de la Cancillería chilena en el proceso que condujo al fallo de La Haya que, por cierto, no dejó conforme a ningún sector político. Tras hacer un recorrido histórico de los hechos que llevaron a la presentación peruana, fue enfático en expresar que “la demanda era inevitable, porque se venía urdiendo, preparando minuciosamente, desde 1977, fecha a partir de la cual Perú comenzó a asumir la tesis de la equidistancia. ¿Esto no fue capaz de detectarlo la Cancillería? ¿No fue capaz de advertirlo al gobierno o al propio Parlamento? Creo que es necesario hacer una revisión muy profunda en esta materia. No podemos tener una Cancillería que sea incapaz de predecir estos escenarios, porque precisamente de estos análisis depende adoptar decisiones políticas como, por ejemplo, retirarnos del Pacto de Bogotá”.
Si bien Orpis fue uno de los más duros en su análisis a la labor de la Cancillería, algunos de sus pares concordaron con él en la necesidad de modernizar el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su opinión, respecto del resultado de la demanda peruana, “no creo que esto sea responsabilidad de un gobierno, sino de la forma como se ha llevado adelante nuestra política exterior. Y, por eso, es que hace mucho rato se hace necesaria una modernización de la Cancillería. Y no solamente una readecuación administrativa, sino que necesitamos una Cancillería para el siglo XXI. No solamente en la visión, sino que en la organización y preparación (…). En ese sentido, urge que nuestra Cancillería se ponga al día”.
Algo que no comparte para nada el senador y ex canciller DC Ignacio Walker. El parlamentario falangista dijo estar “absolutamente” en desacuerdo con las críticas que se le han hecho a la gestión de la Cancillería, pues –a su juicio– ha actuado “en coherencia” y “en apego al derecho internacional y a los tratados”. Aun así, mayoritariamente, aunque no siempre públicamente, un importante sector de la Nueva Mayoría comparte las críticas. Y no sólo en lo relativo a estos cuatro años, algunos representantes de oposición estiman que también durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando Perú presentó la demanda, “se cometieron errores”, como –por ejemplo– restarle importancia a la misma, por creer que “no tenía destino”.
Cuando hace unas semanas el diputado gremialista Iván Moreira, junto a su par PPD Jorge Tarud, planteó la idea de que la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá debía ser revisada, en el caso que el fallo de La Haya no fuera ajustado a derecho, recibió una andanada de críticas de todos los sectores. En cambio, conocido el veredicto, otros representantes de su partido han comenzado a considerar esta alternativa como una posibilidad cierta. O, al menos, como un debate que es necesario hacer. Así quedó de manifiesto, por ejemplo, con algunas intervenciones de senadores de la UDI en la Sesión Especial del pasado martes. El primero en manifestar una línea de argumentación en este sentido fue Jaime Orpis. El parlamentario, que representa a Arica en la Cámara Alta y que, por lo mismo, algunos de sus pares le atribuyen una presión adicional, en su intervención fue categórico en sostener que “si no se zanjan los temas pendientes con Perú, yo prefiero que nos retiremos del Pacto de Bogotá para, definitivamente, sincerar nuestras relaciones y que, dentro del año que tienen los países, presenten todas las demandas. Es la única manera en que vamos a tener certezas”. Sus dichos también apuntaban a la aspiración boliviana de salida al mar, pues hay quienes entienden que, tras este fallo, La Paz podría ver con más optimismo una presentación.
También el senador Juan Antonio Coloma ha admitido que “algunos hemos planteado la necesidad de revisar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá”. La tesis en que basa esta postura apunta a que dicho pacto “estaba firmado originalmente por 35 países. Van quedando sólo 14 y creo que resoluciones de la corte, de esta naturaleza, hacen que tengamos que reflexionar si es bueno o malo que sigamos. Porque si, al final, los jueces no actúan conforme a derecho, o sea, si la intangibilidad de los tratados, que es un elemento central, se modifica por un criterio de mayoría de una Corte, bueno, uno tiene que pensar si esa es la instancia donde nosotros debemos exponer nuestra soberanía”. Una línea argumentativa similar, aun cuando en un tono mucho más enérgico, fue la que siguió el diputado Moreira, en la Sesión Especial de la Cámara de Diputados, la tarde del martes 28 de enero. Lo que para algunos representantes de la Nueva Mayoría podría constituir una señal “evidente” de que la UDI está socializando, al menos, al interior de sus filas, esta idea. Misma que, sin embargo, aún no es generalizada al interior del partido, puesto que el senador Hernán Larraín, también ex timonel de la tienda, no comparte el criterio de sus predecesores. A su juicio, la discusión de permanecer o no en el pacto no es tema. Y, en este contexto, afirmó que “yo prefiero los tribunales que otro tipo de camino para resolver las controversias. Creo que el tribunal de La Haya, con todas sus deficiencias, nos da cierta garantía de que las cosas se van a ver en un nivel distinto. Cuando no hay mecanismos de esta naturaleza para resolver estos conflictos, es muy probable que se llegue a las vías de hecho. Y yo prefiero mil veces el camino de la solución jurídica que el camino de la solución de la fuerza”.
Desde la Nueva Mayoría, salvo el diputado Tarud, quien ha sido duramente criticado por hacerlo, nadie más ha expresado ni pública ni privadamente la necesidad de estudiar la permanencia en el Pacto de Bogotá. Incluso algunos representantes opositores no descartan que esta posición tenga que ver con el efecto que podría haberse generado en la opinión pública con la forma en que se recibió en Chile el fallo. “La gente podría creer que no estamos haciendo nada y que estamos muy tranquilos con lo que pasó”, dice un parlamentario opositor. Pero también están los que, detrás de la postura de un sector de la UDI, perciben la intención de levantar una especie de “cortina de humo” para desviar la atención del hecho de que la actual administración tiene un grado de responsabilidad en lo sucedido, porque en la decisión de los jueces –que en algunos aspectos no se atuvo a derecho– podría haber influido la política de “cuerdas separadas” implementada estos años por la Cancillería chilena.
Extrañamente, y pese a que varios parlamentarios manifestaron su oposición a esta estrategia durante las semanas previas a que se conociera el fallo, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber fue el único en plantear este tema en su intervención en la Sesión Especial. En la ocasión, señaló que “la política de cuerdas separadas es un tema de señales. Yo no percibo un malestar si me ando condecorando y ando haciendo vida social con alguien que me quiere cambiar la línea divisoria (…) Y yo creo que las señales que dio este gobierno, en ese sentido, no fueron las mejores y, tal vez, vaya a saber uno, si algunas de esas señales tuvieron algún grado de influencia en esa decisión”, aludiendo al fallo de los jueces.
