Montos eran aprobados por el Congreso bajo una glosa de la Difrol
El gasto que tenía el Estado en el proceso tuvo una polémica a mediados de enero, cuando la tercera sala de la Corte Suprema rechazó unánimemente hacer públicas las remuneraciones de los abogados defensores de la posición chilena como también el nombre de los juristas que participaron en el proceso.
Unos $ 11.200 millones de pesos costó la defensa que hizo Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo limítrofe contra Perú, montos que fueron aprobados cada año por el Congreso bajo una glosa de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol) de la Cancillería y que estaban destinados al pago de abogados y viajes.
Según La Tercera, la cifra contempla el sueldo de los abogados, estudios, cartógrafos, asesorías y viajes como también el honorario de juristas extranjeros que tuvieron a cargo la representación de Chile en el tribunal, luego que Perú interpusiera la demanda en 2008 por límites marítimos y cuya sentencia se conoció el lunes pasado.
Fuentes de la Cancillería, que cita el diario, señalan que desde el 2009 al 2013, anualmente, se desembolsaron 2.240 millones de pesos y que fueron aprobados por el parlamento durante la discusión del Presupuesto dentro de un programa especial de la Difrol.
Como una forma de mantener en reserva los montos, estos no tenían una glosa específica y por lo tanto no era posible determinar cuánto de dichos recursos eran destinados al litigio con Lima.
Ya el gasto que tenía el Estado presentó una polémica a mediados de enero, cuando la tercera sala de la Corte Suprema rechazó unánimemente hacer públicas las remuneraciones de los abogados defensores de la posición chilena como también el nombre de los juristas que participaron en el proceso.
Este caso llegó al máximo tribunal del país luego que se presentara un recurso de queja presentado en contra de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual había accedido a publicar la información, avalando así una decisión del Consejo para la Transparencia.
A pesar de la reserva en la que se mantiene la información y a que no era explicitada al Congreso, los montos de dinero estaban sujetos a la fiscalización de la Contraloría.
Además, la Cancillería mantiene en reserva el desglose de lo que se le canceló a cada uno de los abogados extranjeros que Chile contrató, luego que se adquiriera el compromiso de no dar a conocer el monto de los pagos y amparándose en el dictamen de la Corte Suprema.
