Una delegacion de «Londres 38» le planteó a Sergio Muñoz su preocupación por la forma en que se están cerrando las causas por crímenes de lesa humanidad, ya que en las resoluciones no hay nuevos antecedentes ni información sobre el destino final o procedimientos usados para hacer desaparecer a las personas detenidas por los organismos de represión de la dictadura militar.
Partidario de intensificar y profundizar las investigaciones que permitan conseguir más verdad y justicia sobre las causas de detenidos desaparecidos se mostró este miércoles el presidente de la Corte Suprema, magistrado Sergio Muñoz, en una reunión de más de dos horas con una delegación de «Londres 38, espacio de memorias». En la misma cita el presidente del alto tribunal también se manifestó a favor de permitir el libre acceso a los archivos de la represión.
Según informó «Londres 38», sus integrantes Erika Hennings, Gloria Elgueta y Magdalena Navarrete plantearon al magistrado su preocupación por la forma en que se están cerrando las causas por crímenes de lesa humanidad, ya que en las resoluciones no hay nuevos antecedentes ni información sobre el destino final o procedimientos usados para hacer desaparecer a las personas detenidas por los organismos de represión de la dictadura militar.
En la misma línea, la delegación puso de relieve que las sentencias y condenas –además de ser bajas para el tipo de crímenes cometidos– alcanzan sólo a un reducido número de ex agentes de la represión, particularmente a parte de la cúpula directiva de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), pero deja fuera a otros que también fueron parte de la toma de decisiones, así como a los agentes operativos que participaron en los secuestros, a los torturadores o a quienes ejercieron labores de guardias en los centros de represión y exterminio.
La organización de derechos humanos también manifestó su preocupación por el alto número de causas que están paralizadas. De los procesos que involucran a las 98 personas que fueron desaparecidas o ejecutadas en Londres 38, al menos 53 de ellas están en estado de “sumario” desde hace varios años. Pese a que fueron varias decenas de agentes que operaron en el llamado “Cuartel Yucatán”, sólo 23 de los represores han sido imputados y un número considerablemente menor ha terminado en condena.
En el diálogo con Muñoz, indicó la organización en un comunicado, también se constató que la acción investigativa de los jueces se ha visto debilitada por la decisión política de “desmantelar” organismos como la Brigada de Investigaciones contra delitos de Derechos Humanos de la PDI, que «ha generado una rotación de su personal con la consiguiente pérdida de continuidad, conocimientos y experiencias de los investigadores. La reconstitución de esta unidad deberá ser una de las tareas prioritarias de las autoridades que asumirán en marzo próximo».
Junto con reiterar que los jueces tienen independencia para llevar las causas que tienen a su cargo, el ministro Sergio Muñoz recalcó que los magistrados han tenido acceso limitado a los archivos generados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y ninguna posibilidad de trabajar con aquellos archivos formados por la Comisión sobre Prisión Política y Torturas (Valech), los cuales tienen 50 años de reserva de acuerdo a una ley elaborada en 2004.
También consideró innecesario mantener bajo secreto los documentos y fichas incautadas hace ocho años en la ex Colonia Dignidad, en los que hay información sobre detenidos desaparecidos que fueron llevados por la DINA al predio alemán, varios de ellos provenientes de Londres 38 y otros centros de represión y exterminio.
