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En la Nueva Mayoría se comentan en sordina errores al aceptar demanda peruana

Idea de dejar el pacto de Bogotá toma fuerza en el oficialismo tras fallo de La Haya

por 7 febrero, 2014

Idea de dejar el pacto de Bogotá toma fuerza en el oficialismo tras fallo de La Haya
Aunque ya no habría nada que hacer para revertir el fallo de la Corte Internacional y el debate se ha centrado en cómo cumplirlo, en un sector de la UDI insisten en que hay que analizar la permanencia de Chile en el pacto. Y a pesar de que en la Nueva Mayoría, salvo el diputado PPD Jorge Tarud, esta postura no ha prendido, lo cierto es que dado que hay que enfrentar un nuevo reclamo, ahora de Bolivia, han comenzado a comentarse en privado los desaciertos que se habrían cometido en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando Perú hizo su presentación jurídica.
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El fallo con que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya selló el destino de la reclamación peruana, con un veredicto que algunos han catalogado como “salomónico”, abrió para Chile un nuevo debate centrado en dos cuestiones fundamentales. Por una parte, se puso en tela de juicio el rol jugado por la Cancillería en este proceso; especialmente para algunos senadores, quedó en evidencia su ineficacia para adelantarse a escenarios complejos. Por otro lado, la idea de evaluar la permanencia en el Pacto de Bogotá ha ido cobrando fuerza en el oficialismo, y particularmente en la UDI. Ya no sólo el diputado Iván Moreira proclama la idea en su sector, también la analizan senadores como Jaime Orpis y Juan Antonio Coloma, ex presidente de la tienda; incluso más recientemente el ex embajador Hernán Felipe Errázuriz le dio piso a esta tesis. A horas del “2 + 2” no faltan los que temen que Perú insista en abordar el tema del triángulo terrestre. Y, todo, cuando Bolivia prepara su Memoria para presentar ante la CIJ. No parece un buen panorama.

Mientras que en la Nueva Mayoría comprenden esta postura como una reacción a una resolución que es considerada adversa por la opinión pública, para algunos no deja de ser llamativo que parte del oficialismo esté comenzando a levantar esta controversia y, en cambio, guarde un “silencio cómplice” con la política de las “cuerdas separadas” con que el gobierno de Sebastián Piñera condujo las relaciones con el vecino país, algo de lo que, según algunos representantes opositores, el mandatario debe hacerse cargo. Especialmente porque, aunque se ha dicho poco públicamente, no faltan los que estiman que esa estrategia podría haber influido en la decisión de los jueces y haber afectado a Chile.

Adicionalmente, está la inquietud que ha generado la demanda boliviana, cuyas autoridades –a juicio de algunos dirigentes políticos chilenos– parecen haberse “envalentonado” tras el fallo del tribunal de La Haya que, pese a respaldar la posición central de Chile, le entregó a Perú una porción de mar. Un parlamentario gremialista que asegura que el gobierno de La Paz tiene menos fundamento para la demanda, se muestra preocupado por la señal que dio la CIJ, en el caso con Perú, pues estima que “es un muy mal precedente”, y no descarta que pudiera actuar de manera similar en este caso.

De ahí que si bien cuando, hace unas semanas, el diputado gremialista Iván Moreira, junto a su par PPD Jorge Tarud, plantearon la idea de que la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá debía ser revisada, en el caso que el fallo de La Haya no fuera ajustado a derecho, recibieron una andanada de críticas de todos los sectores, tras conocer el veredicto, otros representantes de su partido han comenzado a considerar esta suposición como una posibilidad cierta. O, al menos, como un debate que es necesario hacer. Así quedó de manifiesto, por ejemplo, con algunas intervenciones de senadores de la UDI en la Sesión Especial que el martes 28 realizaron tanto el Senado como la Cámara de Diputados. El primero en manifestar una línea de argumentación en este sentido fue Jaime Orpis. El parlamentario, que representa a Arica en la Cámara Alta y que, por lo mismo, algunos de sus pares le atribuyen una presión adicional, en su intervención fue categórico en sostener que “si no se zanjan los temas pendientes con Perú, yo prefiero que nos retiremos del Pacto de Bogotá para, definitivamente, sincerar nuestras relaciones y que, dentro del año que tienen los países, presenten todas las demandas. Es la única manera en que vamos a tener certezas”. Sus dichos también apuntaban a la aspiración boliviana de salida al mar, pues hay quienes entienden que, tras este fallo, La Paz verá con más optimismo el futuro de su reclamación.

Hubo otro hecho que llamó la atención de algunos que ya no entendían la razón del nombramiento de Orrego –cuya designación fue anunciada desde la Cancillería el 11 de agosto de 2008, a través de un comunicado, lo que también generó suspicacias en algunos sectores del conglomerado, que consideraban que era algo demasiado trascendente como para formalizarlo de ese modo–, se trataba de que “Chile tenía 15 días para reclamar por la designación peruana. Daba lo mismo si se aceptaba el reclamo o no, pero para dar una señal de que la cosa no venía fácil. Pero no se hizo nada. Chile debió haber puesto a un equivalente, un británico, por ejemplo. Pero tampoco se hizo. La respuesta que se dio en esa época de por qué no se hizo el reclamo por la designación del juez ad hoc de Perú o que no se cambiara el representante nuestro, fue porque la Cancillería decía que la demanda peruana no tenía destino”.

También el senador Juan Antonio Coloma ha admitido que “algunos hemos planteado la necesidad de revisar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá”. La tesis en que basa esta postura apunta a que dicho pacto “estaba firmado originalmente por 35 países. Van quedando sólo 14 y creo que resoluciones de la Corte, de esta naturaleza, hacen que tengamos que reflexionar si es bueno o malo que sigamos. Porque si bien al final los jueces no actúan conforme a derecho, o sea, si la intangibilidad de los tratados, que es un elemento central, se modifica por un criterio de mayoría de una Corte, bueno, uno tiene que pensar si esa es la instancia donde nosotros debemos exponer nuestra soberanía”. Una línea argumentativa similar, aunque en un tono mucho más enérgico, fue la que siguió el diputado Moreira, en la Sesión Especial de la Cámara de Diputados, la tarde del martes 28 de enero. Lo que para algunos representantes de la Nueva Mayoría constituiría una señal “evidente” de que la UDI está socializando, al menos al interior de sus filas, esta idea. Misma que, sin embargo, aún no es generalizada en el partido, puesto que el senador Hernán Larraín, también ex timonel de la tienda, no comparte el criterio de sus predecesores. A su juicio, la discusión de permanecer o no en el pacto no es tema. Y en este contexto, en su momento afirmó que “yo prefiero los tribunales que otro tipo de camino para resolver las controversias. Creo que el tribunal de La Haya, con todas sus deficiencias, nos da cierta garantía de que las cosas se van a ver en un nivel distinto. Cuando no  hay mecanismos de esta naturaleza para resolver estos conflictos, es muy probable que se llegue a las vías de hecho. Y yo prefiero mil veces el camino de la solución jurídica que el camino de la solución de la fuerza”.

Sin ir más lejos, el domingo recién pasado, el ex canciller de Augusto Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, en entrevista concedida a El Mercurio, señaló que “creo que hay buenas razones para introducir reservas o retirarse del pacto de Bogotá”, aun cuando, como era de esperar, defiende el diseño de las “cuerdas separadas” del actual gobierno y la designación del controvertido juez ad hoc de Chile ante La Haya, Francisco Orrego Vicuña. Nombre, este último, que fue criticado privadamente por el sector más progresista de la Concertación, cuando dicha tarea le fue asignada en agosto del 2008, durante la primera administración de Michelle Bachelet y por su canciller, el DC Alejandro Foxley.

Las culpas de la Concertación

Desde la Nueva Mayoría, salvo el diputado Tarud, quien ha sido duramente criticado por hacerlo, nadie más ha expresado ni pública ni privadamente la necesidad de estudiar la permanencia en el Pacto de Bogotá. Incluso algunos representantes opositores no descartan que esta posición tenga que ver con el efecto que podría haberse generado en la opinión pública con la forma en que se recibió en Chile el fallo. “La gente podría creer que no estamos haciendo nada y que estamos muy tranquilos con lo que pasó”, dice un parlamentario opositor. Pero también están los que, detrás de la postura de un sector de la UDI, perciben la intención de levantar una especie de “cortina de humo” para desviar la atención del hecho de que la actual administración tiene un grado de responsabilidad en lo sucedido, porque en la decisión de los jueces –que en algunos aspectos no se atuvo a derecho, dicen– podría haber influido la política de “cuerdas separadas” implementada estos años por la Cancillería chilena.

Extrañamente, y pese a que varios parlamentarios manifestaron su oposición a esta estrategia durante las semanas previas a que se conociera el fallo, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber fue el único en plantear este tema en su intervención en la Sesión Especial de la Cámara Alta. En esa ocasión, señaló que “la política de cuerdas separadas es un tema de señales. Yo no percibo un malestar si me ando condecorando y ando haciendo vida social con alguien que me quiere cambiar la línea divisoria (…). Y yo creo que las señales que dio este gobierno, en ese sentido, no fueron las mejores y, tal vez, vaya a saber uno, si algunas de esas señales tuvieron algún grado de influencia en esa decisión”, aludiendo al fallo de los jueces. Salvo esta argumentación, ninguno de sus pares profundizó en el tema.

No obstante, un representante del mundo progresista de la Nueva Mayoría admite, sin embargo, que “muchos quedamos golpeados con el fallo”. A partir de lo que, sin duda, se genera mayor inquietud ante la demanda boliviana. Sobre todo si se considera que cada vez más dirigentes transversalmente reconocen que el veredicto “no fue ajustado a derecho y eso no es lo que se espera de una Corte Internacional, llamada a dirimir situaciones tan importantes como una demanda limítrofe”, reconoce un parlamentario opositor. Desde la coalición opositora también admiten que “la sensación que hay es que entregamos el mar sin reclamar y eso está permeando”. El mismo parlamentario opositor atribuye el silencio de su sector y el respaldo que se le ha dado a la forma en que el gobierno de Piñera manejó el tema, a que “todos podemos pagar un costo, por eso preferimos no decir nada”. Y el “costo” a que alude pasa por la elección que se hizo al designar a Orrego Vicuña como juez ad hoc de Chile ante La Haya, el 2008. Según explica, en su momento, no fueron pocos los que desde las filas de la Concertación discreparon en privado con esa definición. La trayectoria de Orrego, que fue embajador de Chile en Londres entre los años 1983 y 85, plena dictadura, no fue pasada por alto; pero tampoco el hecho de que su homónimo peruano, Gilbert Guillaume, es de nacionalidad francesa, “con mucho recorrido internacional. ¡Pero si se decía que conocía profesional y socialmente a los jueces de la Corte!”, recuerda. Trayectoria que, a juicio de algunos representantes de la Concertación, contrastaba con la de Orrego.

Pero, adicionalmente, hubo otro hecho que llamó la atención de algunos que ya no entendían la razón del nombramiento de Orrego –cuya designación fue anunciada desde la Cancillería el 11 de agosto de 2008, a través de un comunicado, lo que también generó suspicacias en algunos sectores del conglomerado, que consideraban que era algo demasiado trascendente como para formalizarlo de ese modo–, se trataba de que “Chile tenía 15 días para reclamar por la designación peruana. Daba lo mismo si se aceptaba el reclamo o no, pero para dar una señal de que la cosa no venía fácil. Pero no se hizo nada. Chile debió haber puesto a un equivalente, un británico, por ejemplo. Pero tampoco se hizo. La respuesta que se dio en esa época de por qué no se hizo el reclamo por la designación del juez ad hoc de Perú o que no se cambiara el representante nuestro, fue porque la Cancillería decía que la demanda peruana no tenía destino”.

Si bien en la Nueva Mayoría hay quienes no le dan muchas vueltas a la postura que comienza a tomar fuerza en el gremialismo y sostienen que si plantean que Chile debe analizar su continuidad en el Pacto de Bogotá es “sólo porque a la UDI no le gustan, en general, los pactos internacionales”, también es cierto que un pequeño sector de la coalición opositora observa con sospecha la forma unitaria con que sus máximos dirigentes y representantes han enfrentado este proceso y no descartan que, a raíz de esas culpas que podría cargar la Concertación por los errores cometidos al principio de la demanda, se hubiera gestado “una especie de pacto de no agresión” implícito.

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