Transparencia da cuenta de al menos siete nombres de personeros concertacionistas que no resultaron triunfadores en las elecciones de 2009 y que fueron contratados por el Estado. Y otros dos casos de funcionarias que retornaron al gobierno después de haber trabajado para la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El caso de las denominadas «becas Piñera», donde varios de los derrotados candidatos de la derecha al Parlamento fueron contratados para realizar asesorías en distintas reparticiones estatales, no sería nuevo y constituiría una práctica que ya se llevó a cabo al término del gobierno de Michelle Bachelet.
Fue el vocero subrogante de gobierno, Mauricio Lob, quien respondió a la denuncia formulada por los diputados DC Fuad Chaín y Gabriel Silber, indicando que todo era «perfectamente normal».
«Basta darse una vuelta, meterse a la página de Transparencia, para ver lo que ocurrió entre los años 2009 y 2010, para darse cuenta de que varios de los correligionarios del señor Silber y del señor Chahín, varios miembros de la Concertación fueron recontratados por el gobierno de Bachelet (…) Y supongo yo que el diputado Silber no ha querido decir que la ex presidenta y futura presidenta Michelle Bachelet dio una beca Michelle Bachelet a esos funcionarios».
Y en línea con lo señalado por Lob –informó la edición digital del diario La Tercera– Transparencia da cuenta de al menos siete nombres de personeros concertacionistas que no resultaron electos en las elecciones de 2009 y que fueron contratados por el Estado. También de dos casos de funcionarias que retornaron al gobierno después de haber trabajado para la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
En el caso de los candidatos que perdieron, aparecen los DC Exequiel Silva Ortiz, quien tras su derrota como candidato a diputado por Valdivia fue contratado entre enero y junio de 2010 como asesor del gabinete del subsecretario del Interior por $ 2.222.223, sin que se detalle si este monto correspondía o no a su remuneración mensual; Carlos Arzola Burgos, ex candidato por el distrito 41, que fue contratado entre enero y abril de 2010 en la Subsecretaría de Vivienda (por una remuneración de $ 2.116.620 mensuales); Myriam Verdugo Godoy, quien fue candidata a diputada en 2009 por La Florida y fue contratada por la Segegob, entre enero y mayo de 2010, para elaborar informes de noticias y coyuntura con una remuneración de $ 1.305.000; y Gonzalo Dantagnan, quien tras ver frustrado su intento por lograr un escaño en la Cámara Baja representando a Antofagasta, desempeñó tareas en el gobierno regional.
Asimismo, aparecen en este listado el fallecido Rubén Quilapi Cabrapán (PS), quien después de resultar derrotado como candidato a diputado por Valparaíso, fue contratado por $ 1.111.111 mensuales para revisar los «proyectos de deportes 2009-2010» en el gobierno regional de La Araucanía; y la ex candidata a diputada por Las Condes Macarena Carvallo (PR), quien durante los primeros meses de 2010 prestó asesorías al Instituto de Previsión Social por una reumernación de $ 1.111.111.
En cuanto a las funcionarias que volvieron al gobierno tras la derrota de Frei, se indican los casos de la ex ministra del Sernam Laura Albornoz (DC) y la ex delegada para Chaitén y militante socialista Paula Narváez: la primera, luego de los comicios presidenciales y tras su trabajo en el comando presidencial del ex mandatario y actual senador demócrata cristiano, regresó al gobierno como asesora jurídica del gabinete presidencial de Bachelet, función que ejerció entre enero y marzo de 2010 con un sueldo de $ 4.181.385; Narváez, en tanto, luego de desempeñarse como vocera del comando de Frei, ejerció entre el 10 de enero y marzo de 2010 como coordinadora de la agenda regional de la Dirección de Programación de la Presidencia, recibiendo para tal efecto un ingreso mensual de $ 3.333.333.
