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El marido de la ministra Schimidt: el vínculo con Laureate al que alude el rector Pérez Gonzalo Molina, socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz

El marido de la ministra Schimidt: el vínculo con Laureate al que alude el rector Pérez

En los últimos días el rector de la Universidad de Chile ha criticado duramente el rol de la ministra de Educación frente a los cuestionamientos por lucro que enfrenta el grupo Laureate y sus universidades, preguntándose si existe alguna situación que inhiba a la secretaria de Estado a ordenar una investigación formal del Mineduc. La respuesta podría estar relacionada con el hecho de que su esposo es parte del bufete con el que el grupo educativo internacional mantiene una antigua relación y que, en 2008, actuó como asesor en la compra de tres de sus planteles.


“¿Estamos en presencia o no de algo que le impida o inhiba a ella ordenar el inicio de una investigación formal del Ministerio de Educación respecto de la compra-venta de la marca y de los estudiantes?”, se preguntaba el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en una entrevista a La Segunda en  la que aludía a la falta de medidas de la ministra Carolina Schmidt frente a la serie de cuestionamientos que enfrenta la Universidad de las Américas y su sostenedor Laureate.

Cuestionamientos que provienen de diversos flancos: hace una semana el Consejo Nacional de Educación (CNED), además de rechazar la acreditación del plantel, señaló sus reparos sobre la pertinencia y utilidad de los contratos con Laureate y envió los antecedentes al Mineduc.

Anteriormente, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) –cuando en octubre y noviembre rechazó en primera y segunda instancia reacreditar a la universidad privada, que cuenta con una matrícula total de unos 30 mil alumnos– detectó que el 24% de las operaciones de la casa de estudios correspondían a transferencias a Laureate. “Los pagos a empresas controladoras representan un 12% de los costos operacionales totales anuales en el período 2006-2012 y corresponden a servicios de apoyo educacional, administrativos y derechos de propiedad intelectual”, detalló en su informe.

Al respecto, el presidente de la CNA, Matko Koljatic, se refería hace unas semanas a la no acreditación de la UDLA argumentando que “más del 20 por ciento de sus gastos van a Laureate, lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto educativo”.

La Fiscalía también está tras los pasos de Laureate. De hecho, tres de sus planteles están siendo investigados por lucro.

Según salió a la luz en diciembre pasado, el Ministerio Público agregó a esta investigación una nueva arista, relacionada al envío de recursos por parte de sus universidades al grupo controlador, lo que podría constituir un nuevo tipo de mecanismo para eludir la ley en Chile y lucrar con la educación. En el caso de la Universidad de Las Américas, los montos depositados en las cuentas de Laureate ascendieron a US$18 millones, según constató un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que se encuentra en poder del fiscal Carlos Gajardo hace más de un mes.

Además, la investigación de la Fiscalía también considera el traspaso de recursos de las otras universidades del grupo. Según consignan los estados financieros de la Universidad Andrés Bello, entre el 2011 y 2012 el plantel le ha traspasado más de US$30 millones, principalmente a través de la compra de servicios como asesorías computacionales y cursos de inglés. El traspaso de los montos se realizó a través de sociedades relacionadas a la universidad, como Laureate Chile II SpA, Laureate T BV y  Laureate Education Inc.

Otra de las instituciones de propiedad de Laureate en Chile, la Universidad de Viña del Mar, también registra traspaso de dineros. Entre el 2010 y el 2012 depositó cerca de US$15 millones en las cuentas de la sociedad transnacional, que en el mundo está a cargo de la educación de más de 600 mil personas y que cuenta, entre sus asesores, al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

En medio de este complejo escenario, el rector Pérez calificó de “muy grave” el silencio de la ministra, “porque estamos ante un caso que podría implicar la violación a la ley chilena, el mal uso de dineros públicos y un engaño a los estudiantes chilenos. Ya es hora de que la ministra aborde directamente el tema y deje de mirar para el lado”.

El silencio de Schmidt podría tener nombre y apellido: Gonzalo Molina, abogado del bufete que asesora al grupo Laureate y marido de la secretaria de Estado.

La situación fue sacada a la luz por El Mostrador apenas asumió la ex ministra del Sernam en reemplazo del destituido Harald Beyer.

El marido de la ministra

El esposo de Schmidt es socio del estudio jurídico Barros y Errázuriz. Bufete que mantiene una antigua relación con el grupo educacional Laureate: en 2008 asesoró a Laureate cuando adquirió las Universidades de Las Américas, Andrés Bello y el Instituto AIEP a un grupo de empresarios encabezados por Juan Antonio Guzmán (designado por este gobierno como presidente del Comité Asesor para el Desarrollo Eléctrico y casado con Paulina Dittborn, hermana del subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, y ex vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, además de ex prorrectora de Las Américas), Álvaro Saieh (controlador de CorpBanca), Jorge Selume (director de Corpbanca) y Andrés Navarro.

[cita]Apenas unos días después de asumir el cargo, Carolina Schmidt se refirió al vínculo que une a su marido con Laureate, señalando que «soy una convencida de que todas las autoridades debemos tener niveles de transparencia y niveles de probidad mayores de los que se les exigen al resto de la ciudadanía. Y es por eso y a pesar de que no existe ninguna incompatibilidad legal ni conflicto de intereses, mi marido, el mismo día que yo asumí, mandó por escrito una carta anunciando que él no tiene que ver y no va a ver nada que tenga que ver con universidades».[/cita]

El lunes 22 de abril de 2013, y a pocos minutos de haber asumido su esposa en la polémica cartera de Educación, Gonzalo Molina enviaba un correo electrónico interno a los socios del estudio jurídico Barros y Errázuriz, explicándoles que desde ese minuto se abstendría de participar en cualquier causa que lo vinculara al grupo Laureate.

Según fuentes cercanas a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Oriente en torno a diversos planteles ligados al grupo, el estudio al que pertenece Molina asesora a dicha transnacional educativa en lo relacionado con la investigación y estos son sus abogados corporativos hace muchos años.

Apenas unos días después de asumir el cargo, Carolina Schmidt se refirió al vínculo que une a su marido con Laureate, señalando que «soy una convencida de que todas las autoridades debemos tener niveles de transparencia y niveles de probidad mayores de los que se les exigen al resto de la ciudadanía. Y es por eso y a pesar de que no existe ninguna incompatibilidad legal ni conflicto de intereses, mi marido, el mismo día que yo asumí, mandó por escrito una carta anunciando que él no tiene que ver y no va a ver nada que tenga que ver con universidades».

Frente al emplazamiento de Víctor Pérez, el ministro (s) de la cartera, Fernando Rojas, salió a responderle, asegurando que “el rector de la U. de Chile se pregunta cuál es la respuesta del Mineduc frente a las eventuales infracciones a la ley que señala que las universidades son entidades sin fines de lucro. La respuesta del ministerio ha sido siempre clara y la misma. Las Universidades no pueden tener fines de lucro, se debe cumplir la ley, y tiene que existir completa transparencia en todos los ámbitos, incluyendo los financieros”.

Rojas, agregó que actualmente los antecedentes sobre las instituciones de Laureate están siendo analizados por la secretaría de Estado, explicando que «respecto a la Universidad de las Américas y Andrés Bello, cuando la CNA envió información al ministerio sobre operaciones que sugería revisar, en primer lugar se remitieron los antecedentes a la División de Educación Superior, para que ella estudiara y recopilara más información, dentro de las limitadas facultades que le otorga la ley. Asimismo, el Ministerio envió todos los antecedentes a la Fiscalía, que es quien hoy lleva diversos procesos en esta materia”.

Ninguna autoridad de la cartera ha hecho alusión por estos días al vínculo de la ministra con el estudio encargado de asesorar la compra de estas instituciones por parte de Laureate.

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