Para hablar de transparencia hay que tener coherencia, sostuvo la titular de Educación
La máxima autoridad del Mineduc salió al paso a los cuestionamientos planteados por el rector de la Universidad de Chile en relación a los vínculos que tiene la secretaria de Estado con las instituciones de Laureate. En específico, con el hecho de que su esposo es parte del bufete con el que el grupo educativo internacional mantiene una antigua relación y que, en 2008, actuó como asesor en la compra de tres de sus planteles.
La ministra de Educación, Carolina Schmidt, respondió a la arremetida iniciada por el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien criticó duramente el rol que ha tenido la secretaria de Estado frente a los cuestionamientos por lucro que enfrenta el grupo Laureate y sus universidades, preguntándose si existe alguna situación que la inhiba a ordenar una investigación formal del Mineduc.
“¿Estamos en presencia o no de algo que le impida o inhiba a ella ordenar el inicio de una investigación formal del Ministerio de Educación respecto de la compra-venta de la marca y de los estudiantes?”, se preguntó la autoridad académica en una entrevista publicada en La Segunda.
Este martes, la titular de Educación contestó: «La ira del rector Pérez se debe a que a las universidades estatales también se les ha exigido transparencia y rendición de cuenta de los recursos públicos. El ser una universidad estatal no exime de la obligación de transparencia y rendición de cuentas. Esa es la diferencia conceptual que tenemos como gobierno con el rector Pérez».
En esa línea, Schmidt sostuvo que los hechos demuestran que en el caso del grupo Laureate se ha actuado con la misma transparencia que con el resto de las casas de estudio.
Por ello, dijo, «llama la atención que el rector de la Casa de Bello pida que se investigue a los planteles privados cuando «durante este gobierno el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores han solicitado al rector Pérez que rinda los más de $5.000 millones que le entrega al Estado anualmente para la PSU. Ha habido una negativa reiterada de parte del rector Pérez».
Según la ministra, la Universidad de Chile se tardó dos años en entregar por Ley de Transparencia la información de los sueldos de sus académicos y sólo lo hizo tras un fallo del Tribunal Constitucional.
«Esto me recuerda la premisa de que la mejor defensa es el ataque. Eso es lo que, creo, explica esta campaña del rector Pérez en contra de mi persona y del Ministerio de Educación. Para hablar de transparencia hay que tener coherencia», reparó.
«Durante este gobierno, el Ministerio de Educación, así como también el Consejo de Rectores, han solicitado al rector Pérez en repetidas ocasiones la rendición de los más de 5 mil millones de pesos que le entrega el Estado anualmente para la PSU. Estos recursos, que son entregados anualmente al DEMRE de la Universidad de Chile para la aplicación de la prueba, no han sido rendidos nunca por esta institución. Como Ministra oficié para que estos recursos no se entreguen nuevamente mientras no sean rendidos», explicó.
«La omisión reiterada del rector Pérez a la solicitud hecha por el Mineduc y por el propio Consejo de Rectores y sus ataques hacia mi persona, hacen honor a la vieja premisa: la mejor defensa es el ataque. Eso es lo que explica verdaderamente esta agresiva campaña del rector Pérez. Por el profundo respeto que tengo a la Universidad de Chile, principal institución de educación superior del Estado, es que entregué mi celular personal al rector Pérez para que pudiera contactarme directamente cada vez que lo requiriera, cosa que ha hecho en repetidas ocasiones durante estos meses que me he desempeñado como Ministra de Educación. Enviar cartas, que fueron respondidas por el Ministro de Educación subrogante, y acusarme de silencio, por no ser yo quien las respondiera, claramente tiene otro objetivo», indicó.
«Las declaraciones del rector Pérez, al señalar ‘su silencio podría verse como sospechoso’, intentan sembrar un manto de duda sobre mi persona o la transparencia de mi gestión pública, lo que no solamente es falaz, sino que inaceptable. Si el rector Pérez tiene información o antecedente alguno, de cualquier acto que yo hubiera realizado que afecte la transparencia de mi gestión, que lo diga concretamente, para que yo también pueda responder de la misma forma», acotó.
En el caso de Laureate, declaró Schmidt, «el Ministerio ha realizado acciones concretas y acreditables que van más allá de las obligaciones formales del Mineduc, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y fiscalización. El Mineduc recibió a fines de octubre de 2013 por parte de la CNA antecedentes recopilados durante el proceso de acreditación de la universidad de las Américas, y solicitando su análisis en relación al artículo 64 de la LGE. Inmediatamente la primera quincena de noviembre, se inició un proceso formal y se solicitó a la universidad la aclaración y remisión de antecedentes. Adicionalmente, se envió al Ministerio Público todos los antecedentes, tanto los remitidos por la CNA como los recopilados por el Ministerio para que investigue dentro de sus facultades, cualquier presunta irregularidad dentro del caso lucro. Actualmente se encuentra abierto en el Mineduc el proceso de investigación para recopilar antecedentes que permitan iniciar un proceso administrativo».
Cabe destacar que lo anterior se hizo mucho antes que el Consejo Nacional de Educación remitiera antecedentes de las U. de las Américas al Mineduc, los que recién fueron entregados al Mineduc el 13 de febrero de 2014, cuando ya se había iniciado un proceso formal y enviado los antecedentes al Ministerio Público. En relación a Universidad Andrés Bello, la segunda semana de enero la CNA envió los antecedentes recogidos en el proceso de acreditación, para que el Mineduc los analizara en relación al artículo 64 de la LGE. Estos antecedentes fueron enviados de inmediato al Ministerio Publico y además se está iniciando un proceso formal de investigación y recopilación de información sobre esta institución. Estos procesos no son secretos. Sin embargo, al igual que todos los procedimientos de investigación, se inician formalmente sin publicidad en los medios y durante toda su tramitación, tal como lo señala expresamente la ley, el Ministerio de Educación tiene la obligación de resguardar la información acerca de dichos procesos», precisó la ministra de Educación.
