Peña sobre caso Luchsinger: “A los asesinos no los animaba el odio, sino algo que puede resultar peor: el anhelo desmedido de justicia”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, sostiene que el fallo condenatorio contra Celestino Córdova en el caso Luchsinger se desestimó el carácter terrorista a través de varias razones,  pero la principal de ellas no es jurídica, sino que política. Además, estima que lo alarmante del caso no es que los autores del crimen de los Luchsinger-Mackay hayan actuado por el odio, sino que el “anhelo desmedido de justicia”.

En su habitual columna en El Mercurio, el académico explica que es paradójico que la justicia pueda llevar a un crimen, pero asegura que es de las cosas más frecuentes en la vida pública.

“A diferencia del odio, que se dirige contra los sujetos determinados que infligieron el agravio que acaba desatándolo, la pasión por la justicia amenaza con legitimarlo todo. A la vista de lo que se cree justo —la restitución de tierras en el caso mapuche, el logro de la igualdad, la obtención de la autonomía o cualquier otro ideal que se tenga por último e incuestionable— cualquier precio parece poco y merecería ser pagado”, precisa.

Peña hace referencia a Luis Gonzalo Diez quien denomina a lo anterior como “la barbarie de la virtud” y menciona que existe en la vida contemporánea diversos ejemplos en donde personas, “inflamadas por el deseo de justicia, son capaces de llevar adelante actos de esa índole. Desde la ETA en España a Sendero Luminoso en Perú, pasando por la OAS durante el gobierno de De Gaulle en Francia —para citar casos de allá y de acá, casos viejos y casos nuevos— la justicia ha sido, con frecuencia, el combustible y la justificación del crimen. Que se haga justicia; aunque perezca el mundo, que la justicia resplandezca aunque todo lo demás, incluidas algunas vidas humanas, se apaguen, es de las líneas más frecuentes con que se ha escrito la historia humana”.

En ese sentido, estima que Celestino Córdova y sus cómplices estén convencidos de que realizaron un acto meritorio, “una conducta que los enaltece a ellos y a su causa. Si el propósito que los anima es el logro de la justicia, pensarán ¿de qué podrían avergonzarse? ¿Acaso ellos y sus antepasados no fueron víctimas de actos iguales e incluso peores? Por supuesto, se equivocan”.

A renglón seguido expone que en una sociedad democrática existen ciertos medios como la violencia y el asesinato que están excluidos con prescindencia de la justicia de los fines, por lo que cuando “ese tribunal de Temuco imponga una pena a Celestino Córdova o cualquier otro que resulte culpable, no estará condenando la causa mapuche, ni considerando sus reivindicaciones ilegítimas o inadmisibles, sino que estará simplemente condenando el crimen que se cometió en su nombre”.

Así, asegura que un estado democrático no condena las opiniones de los ciudadanos, “sino aquello en que esas opiniones, cuando se las adopta como un artículo de fe frente a lo que todo cede, los convierten”.

El académico menciona que la democracia ofrece a todos la posibilidad, incluida la causa mapuche, de que sea ofrecida a los ciudadanos y haga el esfuerzo de ganarse su voluntad y adhesión, “pero a cambio de esa libertad irrestricta para promover cualquier fin, las reglas de la democracia excluyen el uso de ciertos medios, la coacción y el crimen entre ellos”.

Además, sostiene que resulta pueril centrar la discusión del debate en si se trató o no de un acto terrorista, ya que “ni cabe duda de que se trató de un acto frontalmente contrario a la convivencia democrática porque fue un asesinato que mostró, de parte de quienes lo ejecutaron, o de los que hoy con diversos pretextos lo justifican o lo apoyan, una renuncia a los medios que ella ofrece para perseguir sus propios fines”.

“En otras palabas, terrorista o no, fue un acto que mostró la peor de las barbaries: la barbarie de la virtud”, concluye.