Presidente de la Suprema sale al paso de críticas de Chadwick y dice que “no está a la altura de la autoridad emitir pronunciamientos descalificatorios”

El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, salió al paso de las críticas hechas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tras el fallo dictado en el caso Lucgsinger-Mackay, afirmando que “no está a la altura de la autoridad emitir pronunciamientos descalificatorios”. Además, pidió respetar la independencia de los poderes del Estado, advirtiendo que cuando los cuestionamientos vienen de “autoridades estatales el tema es más sensible, puesto que es posible que ello redunde en respuesta de parte de los jueces en los mismos términos e intensidades que las críticas, con lo cual se produce un espectáculo indecoroso en el Estado”.

Las declaraciones las hizo en el marco de la inauguración del año judicial 2014, ocasión en que defendió el rol que cumplen los magistrados, esto ante las críticas por parte del Estado o de la ciudadanía, mencionando que «se les debe defender, cuidar y salir a afrontar las declaraciones derivadas del ejercicio de su función».

Las críticas de Chadwick se produjeron luego que el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Temuco condenó a la pena de 18 años de presidio al machi Celestino Córdova por el delito de incendio con resultado de muerte en el caso por el crimen del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013 en un sector rural de la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía.

El jefe de gabinete criticó la decisión de los magistrados, señalando que a su juicio “el tribunal tenía los implementos para aplicar una pena superior a la que ha resuelto”.

En ese sentido, Muñoz dijo que la situación se vuelve más compleja cuando las críticas vienen de autoridades estatales, por lo que solicitó “mesura” por parte de las autoridades que cuestionan los fallos judiciales.

“La tradición en nuestro país fue que los intereses estatales, fiscales y generales de la población eran asumidos profesionalmente por un servicio público. Sin embargo, en una tendencia que se acentúa hace treinta años, la autoridad política y administrativa actúa como parte en distintos procedimientos. Luego, al no estar de acuerdo con lo resuelto por la judicatura, lo manifiesta con vehemencia. Estimo que ha de volverse sobre los pasos y potenciar un servicio público de excelencia en nuestro país: el Consejo de Defensa del Estado”, explicó.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que ocurre con el Secretario General de la ONU, quien no entrega opiniones respecto a las resoluciones de la Corte Internacional de La Haya, agregando que “este espectáculo lo observamos en Chile y en algunos otros lugares que se califican de repúblicas bananeras y caribeñas, con todo respeto de estas repúblicas”.

Muñoz también realizó un llamado al Senado ante la revisión del proyecto de modificación de la Reforma Procesal Civil para que «advierta la altura de miras con las que se realizaron» las observaciones por parte de la Corte Suprema.

Dijo que en los procesos relacionados con el oficial de ejecución y el recurso extraordinario no fueron atendidas por la Cámara de Diputados en el trámite legislativo, ya que se debe pensar en el “bienestar de los chilenos”.

Además, respecto a la participación de la gente en procesos judiciales, precisó que la publicidad de los antecedentes requiere extremar los cuidados, pues “la utilización de un sistema de registro de fácil consulta, puede llegar a generar el efecto perverso», añadiendo que “como sociedad debemos decidir hasta dónde se desea llegar con la política de la transparencia. Es la ley la que impone dar publicidad a los procesos y las sentencias».

Asimismo, enfatizó en la necesidad de avanzar en el cuidado de las víctimas, especialmente en menores de edad que han sido víctimas de abusos sexuales, mencionando que «lo que hoy se reclama y (yo) reclamo es que simplemente estén acogidos sus derechos a la misma altura y con los mismos énfasis que los de los victimarios. En nuestro país pareciera que lo más importante es la eficacia de la persecución penal, no obstante que, en una adecuada axiología de valores, la indemnidad de las víctimas debe estar en la cúspide».

«Solicito que el Estado dé a las víctimas el mismo trato que a los victimarios, nada más pero nada menos», dijo al mismo tiempo que planteó la posibilidad de crear una defensoría pública para las víctimas, la cual pueda ser autónoma de los poderes de Estado.