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La promesa de los brazaletes electrónicos para reos que hoy amenaza con quedar en nada

por 5 marzo 2014

La promesa de los brazaletes electrónicos para reos que hoy amenaza con quedar en nada
En junio de 2012, la entonces subsecretaria de Justicia y hoy ministra Patricia Pérez promulgó la ley que permitía implementar el uso de estos aparatos para realizar seguimiento a condenados, ayudando así con el colapso de los recintos carcelarios. Sin embargo, hoy hay quienes señalan que fallas en los instrumentos podría poner en riesgo la solución. En tanto, desde la empresa que implementó la medida aseguran que "el sistema ha funcionado correctamente de acuerdo a los requerimientos". [Actualizado]

En junio de 2012, la entonces subsecretaria de Justicia y hoy ministra Patricia Pérez (quien se encuentra alejada de sus funciones tras haber dado a luz en febrero) promulgó una ley que permitía hacer el seguimiento a individuos condenados por la justicia por medio del uso de un brazalete electrónico, aparato que se instala bloqueado en la muñeca o tobillo del sujeto y permanece enviando señales para su constante monitoreo. Con esto, si el condenado se aleja del lugar delimitado, las autoridades podrían ser alertadas inmediatamente.

La implementación del nuevo sistema contemplaba, por un lado, la instalación de un dispositivo de radiofrecuencia en el domicilio del condenado que alerta cuando la persona que porta el brazalete abandona la residencia. La otra alternativa implicaba un sistema de posicionamiento global (GPS) ubicado en el aparato y en el cual se activa una alarma cuando su portador se acerca a un lugar que tiene prohibido, como la casa una víctima o un colegio.

Según lo informó el entonces jefe de la cartera, Felipe Bulnes, el proyecto tenía asignado un presupuesto de US$50 millones. En el momento se estimó que para 2014 serían 6.670 los reos con reclusión parcial y 1.073 los con libertad vigilada intensiva y pena mixta que usarían este sistema. Las proyecciones económicas de la licitación permitían pensar que en 2015 serían casi 10 mil los presos que portarían el nuevo aparato y que la nueva medida debía estar operando para mayo de 2014.

Sin embargo, según informó este miércoles Radio Bío Bío, el sistema que prometía ayudar a aliviar el colapso de los recintos carcelarios de nuestro país no pasó las pruebas de chequeo en nuestro país, pese a que en otros países como Australia se encuentra implementado y funcionando con éxito desde hace varios años.

Fuentes vinculadas al proceso de la implementación del nuevo sistema informaron que la pulsera electrónica presenta ciertos inconvenientes. El aparato puede llegar a notificar sobre la ubicación de su portavoz en un tramo de hasta 35 kilómetros de distancia del lugar donde realmente se ubica éste. Además, la pulsera puede tardar hasta dos o tres horas en emitir una señal o incluso deja de emitir los registros cuando el condenado ingresa, por ejemplo, al metro.

El ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, señaló que por el momento se encuentran a la espera del informe final que encargaron a Gendarmería. Sin embargo, reconoció que si el aparato no funciona según lo esperado, su implementación podría ser postergada.

Según se anunció en su momento, la licitación para la adquisición de los famosos aparatos y destinaba $16 mil millones sólo para gastar en tecnología. La ministra Pérez dijo entonces que este proceso debía ser llevado a cabo por Gendarmería.

Sin embargo, según informó el diario La Tercera en septiembre de 2013, el proceso sufrió traspié. Fueron tres las empresas que se presentaron a la licitación y de estas, la única que cumplió con los requisitos e hizo una propuesta formal fue la empresa estadounidense SecureAlert. Pero la alternativa no habría sido considerada, luego de que su propuesta se excediera en $6.000 millones el presupuesto fijado por Gendarmería por lo que presentó un recurso ante el Tribunal de Contratación Pública, pidiendo dejar sin efecto "los actos ilegales y arbitrarios dictados por Gendarmería en la evaluación de la licitación y, en consecuencia, que se proceda a reevaluar y admitir la oferta económica emitida por mi representada".

Posteriormente, Gendarmería presentó en Mercado Público un nuevo llamado a licitación al sistema de "Monitoreo Telemático de Condenados".

Según aclararon desde SecureAlert a este medio, en la actualidad y durante los últimos tres meses, la empresa ha implementado el proyecto de monitoreo telemático, de acuerdo a un contrato con Gendarmería, luego de finalmente adjudicarse la licitación en el marco de la Ley N°20.603.

"En ese periodo, SecureAlert Chile SpA construyó y habilitó dos centros de monitoreo, uno en Santiago y otro en La Serena, con una inversión de US$8,5 millones, capacitó a funcionarios de Gendarmería y de Carabineros de Chile y a todo el personal del Centro de Monitoreo", puntualizan.

Además, sostienen que "durante las pruebas, el sistema ha funcionado correctamente de acuerdo a los requerimientos propuestos en las bases de la licitación", y añaden que "hasta el momento no hemos sido notificados del término del proceso de marcha blanca ni de observaciones que puedan ser consideradas como incumplimientos del sistema".

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