Felipe Heusser, presidente ejecutivo de la fundación, aseguró que la medida «abre un manto de duda respecto de las razones por las cuales se hizo».
Luego de que este lunes El Mostrador diera a conocer el decreto del gobierno que faculta a los funcionarios públicos a borrar sus correos electrónicos, derogando así una norma previa que obliga a guardar esta correspondencia digital por seis años, desde la Fundación Ciudadano Inteligente criticaron la medida señalando que esta «abre un manto de duda respecto de las razones por las cuales eso se hizo», según informó SoyChile.cl.
Felipe Heusser, presidente ejecutivo de la fundación, sostuvo que «en la práctica, el decreto le entrega total discrecionalidad al funcionario para determinar lo que es público o privado».
«Esperamos que el nuevo Ejecutivo dicte un decreto que restablezca la necesidad de que la información de los correos electrónicos esté disponible por un periodo de seis años y que se acelere la dictación de una política de documento electrónico y que eso se haga en conjunto con la sociedad civil», concluyó.
Cabe señalar que durante esta jornada desde el gobierno precisaron que los alcances del decreto se extenderían únicamente a correspondencia de índole privada.
