«La regulación consiste particularmente en proponer en términos constitucionales la educación como un derecho y como un bien público. Un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado», explicó la segunda al mando de la cartera de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, María Belén Moncayo.
Las altas autoridades del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador, Guillaume Long, y María Belén Moncayo, se encuentran en nuestro país realizando una apretada agenda que incluye encuentros con el titular del Mineduc, Nicolás Eyzaguirre, con diputados y diputadas que proceden de la dirigencia estudiantil y con los actuales dirigentes de la Confech, consigna hoy El Ciudadano.
Cabe consignar que dicho ministerio ecuatoriano fue el encargado de impulsar la trasformación del sistema educacional de este país, el que pasó desde un modelo de mercado a manos de operadores privados a un sistema público gestionado por el Estado.
«La propuesta constituyente en Ecuador, se constituye como el punto de partida del proceso de la educación superior y de la revolución del conocimiento. La propuesta constituyente se concentra particularmente en regular el campo de la educación superior por parte del Estado, que en el modelo neoliberal estuvo siempre en manos del mercado. La regulación consiste particularmente en proponer en términos constitucionales la educación como un derecho y como un bien público. Un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado», explica Moncayo.
«Había que garantizar el derecho con una educación de calidad. Constitucionalmente se propuso un rediseño institucional que permitiera llevar adelante el proceso y financiarlo. Hemos incrementado de manera importante nuestras cifras de inversión; por ejemplo, invertimos en educación superior el 1,85 por ciento de nuestro PIB, que es la inversión más alta en toda América latina, cuyo promedio es 0,8 por ciento. El presupuesto se incrementó de 350 millones de dólares en el 2006 a 1,5 mil millones en el 2013, un crecimiento de unas cinco veces. Esa apuesta en educación pública permite colocar en otro nivel este discurso político, de que la educación es un bien público y un derecho. Lo garantizamos y lo hacemos efectivo», agrega.
«El cambio, que ha tardado unos seis años, no ha estado libre de tensiones, pero son necesarias porque permitieron develar las desigualdades en las relaciones de poder. El espacio para remover esas tensiones fue nuestra Asamblea Nacional, el legislativo, al momento de la discusión de la ley de educación superior. Ahí se establecieron las mayores tensiones, pero se resolvieron de tal forma porque ese proceso de transformación de la educación superior tiene un nivel de legitimidad social muy alto. La sociedad ecuatoriana está convencida que el cambio es necesario y lo que yo veo es que en Chile tiene también ese mismo nivel de legitimidad», concluye.
