Ex subsecretario del Interior intenta frenar la aprobación del proyecto
El pasado 28 de marzo, cuatro vecinos de Cochamó presentaron un recurso de protección contra la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó a fines de febrero la central Mediterráneo, impulsada por Ricardo Bachelet, José Cox e Ignacio Guerrero. La acción legal designaba como abogado patrocinante al demócrata cristiano, que veranea en la zona.
En total, el proyecto hidroeléctrico Mediterráneo, cuyo tendido eléctrico de 63 kilómetros pasará por el corazón de la comuna de Cochamó en la Región de Los Lagos, recibió 495 observaciones por parte de la comunidad y de las autoridades mientras se tramitaba su evaluación ambiental.
Una de estas observaciones fue presentada el 12 de marzo de 2012 por el ex subsecretario del Interior Jorge Correa Sutil, que veranea en el valle del Cochamó, junto a los vecinos de la zona Leopoldo Muñoz y Rodrigo García, solicitando medidas de mitigación y una serie de aclaraciones sobre la propuesta energética ligada a José Cox e Ignacio Guerrero, los históricos amigos y socios del entonces Presidente Sebastián Piñera.
Aclaraciones y medidas que no dejaron conforme al abogado ni a sus vecinos, que tras la aprobación del proyecto energético, ad portas del cambio de mando, el 27 de febrero pasado, optaron por la vía judicial para frenar la iniciativa que tendrá una capacidad de generación de 210 MW y requerirá una inversión de 400 millones de dólares.
Inmediatamente después de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos diera luz verde al polémico proyecto, la iniciativa enfrentó un recurso de protección presentado por la Fiscalía Nacional del Medio Ambiente (FIMA), en representación de Puelo Patagonia.
Hoy, Mediterráneo enfrenta un nuevo recurso de protección, esta vez de la mano del ex subsecretario y consuegro de uno de sus impulsores, José Cox.
La vía judicial como una fórmula para enfrentar la inminente aprobación de la central Mediterráneo no fue una sorpresa. Ya a mediados del 2013 la Revista Capital publicaba que Jorge Correa Sutil planeaba recurrir a la Justicia si el proyecto era aprobado.
El 28 de marzo pasado, Leopoldo Muñoz y Rodrigo García, junto a Héctor Castillo y Yessika Sandoval, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto energético, suscrita por el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Alfredo Wendt, y por el Intendente y Presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos, Jaime Brahm. El mismo con quien José Cox y Ricardo Bachelet mantuvieron una reservada reunión antes de la aprobación de la hidroeléctrica.
[cita]En consecuencia, señala el escrito, “la autoridad recurrida ha actuado ilegalmente al calificar favorablemente un proyecto sin antes evaluarlo de manera completa, por el cuanto el titular, no obstante las claras representaciones que le hizo Conaf al respecto, insistió en un fraccionamiento ilegal del proyecto”.[/cita]
En el recurso, que fue acogido a tramitación dos días después, el 31 de marzo, se designaba como abogados patrocinantes a Jorge Correa Sutil y a Andrés Molina. Ese mismo día, la Corte rechazaba la solicitud incluida en el recurso, de decretar una orden de no innovar de la RCA.
Según el recurso, la Resolución de Calificación Ambiental es ilegal porque “incumple, por omisión, con lo establecido en el Tratado entre Chile y Argentina sobre Medio Ambiente, de agosto de 1991, y su Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos”.
Dicho tratado fue aprobado por los respectivos gobiernos que “se comprometieron solemnemente a no realizar acciones unilaterales que pudieren causar perjuicios al medio ambiente de la otra parte”, estableciendo un listado de sectores donde se llevarán a cabo acciones coordinadas o conjuntas, entre los que se cuentan los efectos ambientalmente negativos de las actividades energéticas.
Según detalla el recurso, “el Tratado clara y perentoriamente establece la obligación de acciones conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente (…) y prohíbe mutuamente llevar a cabo acciones unilaterales que pudieran causar perjuicio en el medio ambiente de la otra”. Además, las acciones y programas de aprovechamiento se deben realizar en forma coordinada y conjunta, a través de planes generales de utilización, “que deben ser elevados a la consideración de los respectivos gobiernos”.
Disposiciones que en este caso no ocurrieron, lo que, argumentan, queda en evidencia por un oficio enviado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) al director General de Aguas (DGA), dejando constancia de que los derechos hídricos solicitados afectan a dos cursos de agua que cruzan el límite político internacional entre Chile y Argentina, los ríos Manso y Puelo, y recalcando que debe tenerse en cuenta que el curso de estas aguas queda sujeto al cumplimiento de los compromisos asumidos entre ambos países en el Protocolo mencionado, “por lo que se informará de ello a la República Argentina”.
Según el texto, luego de que la Difrol recibiera una solicitud de la Embajada de Argentina, la institución pidió a las autoridades medioambientales en varias oportunidades que le informaran sobre el avance del proyecto, sin que respondieran a esos requerimientos.
Una segunda ilegalidad que identifica el recurso de protección, dice relación con el “fraccionamiento ilegal del proyecto”, refiriéndose al uso de un camino privado durante la fase de construcción de la iniciativa para acceder a la zona de la central –en etapa de construcción y perteneciente a los mismos dueños de Mediterráneo–, por donde, transitarán por más de 40 meses una serie de maquinarias y vehículos pesados, “lo que ciertamente implicará un impacto ambiental sobre esa ruta y su entorno”. Vía de acceso que fue excluida del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Mediterráneo, lo que –según señala el recurso– fue advertido por Conaf.
En consecuencia, señala el escrito, “la autoridad recurrida ha actuado ilegalmente al calificar favorablemente un proyecto sin antes evaluarlo de manera completa, por el cuanto el titular, no obstante las claras representaciones que le hizo Conaf al respecto, insistió en un fraccionamiento ilegal del proyecto”.
El recurso también menciona como ilegal la falta de estudio acerca del impacto de la construcción y operación del proyecto en algunos de los lugares que afectará. Además, se mencionan “otras ilegalidades”, como la forma en que se subestimó el valor paisajístico de la zona y su potencial turístico, que no se incluyeron, pero que “se reservan para otras instancias”.
La batalla legal en Cochamó recién comienza.
