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Por hechos ocurridos cuando era capitán de Ejército

Corte de Apelaciones de Valdivia definirá la próxima semana si se inicia proceso de desafuero en contra de diputado RN Rosauro Martínez

por 7 abril 2014

Corte de Apelaciones de Valdivia definirá la próxima semana si se inicia proceso de desafuero en contra de diputado RN Rosauro Martínez
Este lunes concluyeron los alegatos presentados por los querellantes. El abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Wladimir Riesco, se mostró satisfecho y aseguró que "los antecedentes entregados dejan en claro la participación del diputado Martínez en los hechos". En tanto, el parlamentario insistió en sostener que ha sido acusado "injustamente".

Por esos días todos los ojos vuelven a posarse en el diputado RN, Rosauro Martínez, acusado por su presunta participación en la muerte de tres miristas asesinados en 1981, en el sector de Remeco Alto, localidad de Neltume, Panguipulli (Región de Los Ríos). Y es que la próxima semana la Corte de Apelaciones decidirá si existen razones suficientes para iniciar o no un proceso de desafuero en contra del parlamentario.

Este lunes concluyeron los alegatos de la causa en la que figuran como querellantes la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y los familiares de dos de los tres miembros del MIR que fueron asesinados, según informó SoyValdivia.cl. Sobre los resultados de la jornada, el abogado representante de la primera agrupación, Wladimir Riesco, se mostró satisfecho y aseguró que "los antecedentes entregados por la parte querellante dejan en claro la participación del diputado Martínez en los hechos".

Asimismo, Riesco criticó que "los partidos no se han hecho cargo de tener violadores de derechos humanos en sus filas". Y en efecto, desde la Alianza no han salido a hacer mayores declaraciones respecto de la polémica.

En tanto, el propio Martínez asegura haber "sido acusado injustamente", aunque agrega que "espero que la justicia actúe. A esto agregó que "no puedo asegurar ni adelantarme a lo que los jueces puedan resolver, pero estoy tranquilo a la espera de lo que la Corte de Apelaciones de Valdivia resuelva", según informó SoyChile.cl.

Por un lado, la acción de los querellantes busca que el parlamentario sea desaforado y, por otro, que se le procese por su presunta participación en el asesinato de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Ojeda Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Torres. En el incidente, Martínez se desempeñaba como capitán del Ejército y  estaba a la cabeza de un destacamento de 192 comandos del Ejército en la "Operación contraguerrilla Machete", como denominó el alto mando del Ejército la ofensiva. El hoy diputado comandaba la acción del batallón N° 8 de Comandos.

Los tres, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria eran parte de una veintena de militantes que intentaron organizar una guerrilla en el sector de Neltume y que terminó en un desastre. Los guerrilleros, en su mayoría exiliados que regresaron clandestinamente a Chile para sumarse a la lucha en el marco de la Operación Retorno a Chile , fueron descubiertos o denunciados por pobladores llegados a la zona y se presume que ni siquiera tenían armas cuando fueron atacados por el Ejército.

Monsalve, Guzmán y Calfuquir pidieron ayuda en la casa de la madrina del primero, pero la mujer los delató, por lo que el 20 de septiembre de 1981 la vivienda, situada en el sector rural de Remeco Alto, fue asaltada por las tropas comandadas por Martínez. Los tres murieron acribillados, dos en el interior de la casa y el tercero, Monsalve, en unos matorrales en los que se había ocultado tras escapar, herido, del inmueble.

En el juicio, a cargo de la jueza especial Emma Díaz, están procesados el ex coronel Conrado García Gaier y el ex capitán Enrique Sandoval Arancibia, que formaban parte de un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que participaron también en la persecución de los guerrilleros.

En tanto, Rosauro Martínez también figura en una lista de 1.097 agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) que el Ejército proporcionó en 2008 al juez especial Alejandro Solís y que se conoció recién en 2012.

 

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