«¿Chile necesita –y es bien polémico lo que estoy diciendo– los 170.000 profesores que hoy día se están formando bajo los actuales esquemas?», se preguntó el parlamentario.
En el marco de un foro sobre educación organizado por la Universidad de Chile, los senadores de la comisión de Educación de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD) y Andrés Allamand (RN), expusieron sus ideas frente a la reforma educacional impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet.
En el encuentro, Quintana pidió incorporar a la discusión la propuesta de que el Estado regule la oferta académica universitaria, según consignó El Mercurio.
«¿Chile necesita –y es bien polémico lo que estoy diciendo– los 170.000 profesores que hoy día se están formando bajo los actuales esquemas? Esto no es Centroamérica con una población que está creciendo, esto es Chile, con una tasa de natalidad estancada o cayendo. Estoy planteando hacer un debate respecto de la oferta, si ese millón de jóvenes estudiando lo que están estudiando es lo que necesitamos», expuso el parlamentario del PPD.
Quintana había reiterado el argumento varias veces, y fue uno de los puntos que enfatizó en el cierre de su intervención: «Me ratificaba el decano que juraron, en el último proceso, 2.600 abogados en Chile, donde ¿serán 200 los de esta universidad? ¿Cuántos serán de la Universidad Católica? ¿200 más? Y seguramente hay algunas otras universidades buenas que tendrán buenos abogados, pero la mitad de esos abogados… Yo no sé, efectivamente, si es lo que Chile necesita. Creo que hay que revisarlo», acotó el legislador.
Propuesta que fue rechazada por el senador Allamand: «Dentro del debate surgió un planteamiento del senador Quintana en torno a que fuera el Estado el que regulara el número de matrículas aceptables en cada carrera. Es decir, cuántos médicos, cuántos abogados, cuántos ingenieros, cuántos periodistas, cuántos profesores… Me parece que ese tipo de propuestas deja en evidencia el grado de dirigismo con el que algunas personas están abordando el debate educacional. Porque que haya una autoridad que pueda definir cuántos son los profesionales que el país necesita, y en cada una de las áreas, a mí me parece, francamente, una muy mala idea».
Respecto a la gratuidad, el ex ministro de Defensa dejó en claro que «nosotros vamos a defender el principio de que el elemento para asignarla tiene que ser la vulnerabilidad social para el estudiante, y no la institución en la que se encuentre matriculado. Este es un problema de fondo para el cual la Nueva Mayoría aún no tiene respuesta».
