Suprema acusa conflicto entre poderes del Estado y diputados contraatacan

«Uno lo que obviamente esperaría de la Corte Suprema, o quienes la componen, es que se aprendiera de los errores y aceptara las críticas cuando son constructivas y no esta actitud de defensa corporativa que lo único que hace es desprestigiar la labor de los buenos jueces que imparten justicia», así reaccionó el diputado UDI Gustavo Hasbún, miembro de la comisión investigadora del caso Sename, ante las críticas del máximo tribunal hacia el informe arrojado por esta instancia y aprobado en la Cámara Baja.

«Falta capacidad necesaria de hacer autocrítica y asumir críticas como forma para poder seguir creciendo y corrigiendo errores que se podían haber cometido. Cuando uno ve estas reacciones destempladas siente que no hay una cuota de humildad ante los errores que se cometen y menos para corregirlos», agregó el parlamentario. Esto, después de que la Corte Suprema acusara a los parlamentarios de querer «traspasar responsabilidad de su inactividad a otras autoridades, las que han afrontado, con sus limitados recursos, una tarea que les excede», en respuesta al informe de la comisión, que responsabiliza a uno de sus miembros, el juez Héctor Carreño Simans, de no canalizar oportunamente hacia los Tribunales de Familia los resultados del estudio de Unicef y del Poder Judicial que dejaban entrever los abusos cometidos a niños al interior de hogares del Sename.

Asimismo, el tribunal recalcó que con esto los diputados «han afectado gravemente el principio de separación de poderes (…) conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso respecto del Poder Judicial». A esto agregó que el organismo «se arrogó facultades de las que carece y que la Constitución Política de la República no le entrega” y, de esta forma, calificó de «proceder inconstitucional» la decisión de los diputados de «declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro de este Tribunal, sin seguir el procedimiento dispuesto por la Carta Política».

Con anterioridad, la Corte Suprema ya había incurrido en gestos que se contraponían a la dirección que tomaba la comisión investigadora y su informe resultante. En agosto de 2013, el  máximo tribunal del país había impedido al juez Carreño que asistiera ante los parlamentarios a declarar, pese a que le había citado puntualmente. De ahí que el diputado Hasbún no se mostrara del todo sorprendido ante esta reacción del cuerpo de magistrados. «Era de esperarse, no sólo ha ocurrido en este caso sino en otros. La Corte sobrerreacciona cuando se critica el desempeño de algunos jueces, hay que tomarlo de quien venga», aseguró.

Parece ser que lo que colmó la paciencia de los magistrados fue que algunos parlamentarios miembros de la comisión investigadora informaran a la prensa que evaluarían presentar una acusación constitucional en contra del juez Carreño.

Este lunes, el presidente de la instancia investigadora, diputado DC René Saffirio, salió al paso de las críticas de la Suprema y fue énfatico en descartar que la Cámara se haya excedido «en el uso de sus atribuciones y los argumentos jurídicos que avalan nuestro proceder serán expuestos, en su debida oportunidad, al presentarse la acusación constitucional contra el Ministro Carreño”.

Asimismo, calificó de «lamentable» la respuesta de los magistrados, quienes «en lugar de preocuparse del tema de fondo, que es la clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores, se dediquen a cuestionar las conclusiones de una comisión que se dedicó intensamente a indagar sobre decenas de casos desgarradores, informe aprobado por unanimidad por la Cámara».

El informe y el juez Carreño

«Es un hecho que resulta inexplicable a esta Comisión Investigadora, y que reviste una gravedad indesmentible, que el superior  jerárquico responsable de este proyecto, a la sazón, Excelentísimo señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia Don Héctor Carreño Siemens, encargado de la Justicia de Familia por nuestro máximo Tribunal de Justicia, haya decidido en el mes de noviembre del año 2012 interrumpir el trabajo que faltaba por realizar en tres regiones (Biobío, Metropolitana y La Araucanía). Y, aún más, que haya comunicado, en el mes de marzo del año 2013, en una reunión sostenida en dependencias de la Corte Suprema de Justicia con Sename, Unicef y los integrantes de una nueva Comisión de Trabajo que remplazó por disposición suya a la inicial, su decisión de que la información obtenida no fuese entregada por dicho equipo de trabajo, ni por la UNICEF, a los Tribunales de Familia de cada región”. Así reza el informe emitido por la comisión investigadora y aprobado por unanimidad el jueves pasado en la Cámara de Diputados.

No sólo eso. El documento apunta también a responsabilidades por parte de la máxima instancia judicial chilena. “La Corte Suprema, en vez de respaldar el estudio y procurar su continuidad como la rápida intervención de toda la judicatura de familia en la pronta implementación de las soluciones (…) se apresura a desconocerlo y a desarrollar una mal entendida defensa institucional en vez  de una defensa del interés superior del niño, planteando públicamente a través de un comunicado en su sitio web la existencia de dudas acerca de su rigor metodológico”.

“El mismo intento de endosar responsabilidad a otros hace el ministro señor Carreño respecto del Sename, como si el Poder Judicial –del cual él es uno de sus máximos representantes y encargado precisamente de la Justicia de Familia en el país– no tuviese la potestad de cautelar de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no pudiese ejercerla de oficio”, asegura.

Por último, entre sus conclusiones, el informe ratifica la «responsabilidad constitucional, y por ende, política» del juez Carreño.