Los parlamentarios buscan evitar que Endesa, empresa propietaria del proyecto energético, se adueñe del 80 % de las aguas de la principal reserva de agua dulce del planeta. Además, acusan que en 2008 se le negaron esos derechos, pero dos años después se le concedieron debido a presiones del abogado de la multinacional, quien trabajó en “comisión de servicios” en la DGA.
Los senadores Guido Girardi (PPD) y el independiente Antonio Horvath se reunieron esta mañana con el director general de aguas, Carlos Estévez, a quien le solicitaron que denegara los derechos de agua pedidos por Endesa para su proyecto energético Hydroaysén.
Los autores del proyecto de ley de Nacionalización de aguas –presentado ayer junto a los senadores Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (Ind.) y Adriana Muñoz (PPD)– argumentaron que con la iniciativa legal ingresada al Parlamento se busca evitar que la multinacional se adueñe del 80 % de las aguas de la principal reserva de agua dulce del planeta.
“Chile es el único país donde los derechos de agua son propiedad privada. Nos parece un acto de soberanía el proyecto presentado ayer. Le queremos devolver el agua a la gente. Queremos establecer el acceso al agua como un derecho humano”, señaló Girardi.
El senador reveló que Hidroaysén solicitó en el 2008 los derechos de agua y le fueron denegados, pero de manera paradójica y por presiones indebidas se le restituyeron en 2010 debido a que un abogado de la empresa, Carlos Chappa, trabajó en “comisión de servicios” en la DGA e intervino para favorecer a la multinacional.
El senador Horvath calificó de muy positiva la reunión de trabajo y afirmó que el proyecto de renacionalización del agua busca “proteger el sur de Chile, cuyos caudales hídricos están siendo entregados de manera gratuita”. El parlamentario agregó que se “ha detectado que los derechos de agua han sido mal otorgados y todos esos antecedentes serán entregados a las autoridades para que se revierta la medida”.
Por su parte el director de la DGA, Carlos Estévez, se comprometió a estudiar los antecedentes recibidos y afirmó que emitirán una opinión en junio próximo, “actuar con premura no es conveniente”, expresó.
Los parlamentarios estuvieron acompañados de Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Patagonia Sin Represas, y del abogado de la Organización, Marcelo Castillo.
Rodrigo afirmó que la reforma constitucional que pretende renacionalizar el agua es el camino correcto y agregó que “llevamos 6 años oponiéndonos a un megaproyecto que destruirá la Patagonia”.
