Por un lado, están casos como el hospital El Carmen de Maipú –el más moderno de Chile– y que, a cinco meses de ser inaugurado, está sólo al 30% de su funcionamiento, debido principalmente a la falta de especialistas. Por el otro, universidades que se pelean por adjudicarse hospitales públicos como centros clínicos para sus carreras de medicina. Todo esto en medio de polémicas y críticas por las políticas de salud del gobierno de Sebastián Piñera, que la actual administración ha comenzado a examinar.
El último tiempo la reforma a la educación (junto con la reforma tributaria) y las polémicas y críticas cruzadas que han provocado los problemas en el hospital El Carmen de Maipú y ahora último el hospital de Puente Alto que no fue, han sido los temas candentes que se han tomado la agenda. Estos dos problemas confluyen en los convenios que poseen las universidades con los hospitales públicos para tener sus campos clínicos para sus carreras de Medicina. Precisamente estos convenios son los que hace un par de semanas el Ministerio de Salud comenzó a revisar en profundidad para saber cómo se realizaron y decidir si continúan o no.
El escenario es, por lo menos, contraproducente. Por un lado, hay casos como el hospital El Carmen de Maipú, que a cinco meses de ser inaugurado y ser el centro de salud más moderno de Chile, está sólo al 30% de su funcionamiento, debido principalmente a la falta de especialistas. Por el otro, universidades que se pelean para conseguir convenios con hospitales públicos y así tener sus campos clínicos para sus carreras de Medicina.
Incluso, en universidades como la Diego Portales (UDP), en donde los estudiantes de la facultad de Medicina se fueron a paro por, según ellos, encontrarse en una situación de hacinamiento en su principal campo clínico, el hospital Dipreca.
De acuerdo al presidente del Centro de Estudiantes de Medicina, Miguel Allende, el establecimiento tiene «pocos pacientes, lo que ha repercutido en que tengamos que funcionar con grupos más grandes para hacer docencia», dice en entrevista con La Segunda.
El debate comenzó puntualmente con el hospital de La Florida –que junto con el de Maipú es uno de los dos primeros centros hospitalarios que funciona con el sistema de concesiones–, cuando la Universidad de Santiago y la UDP reclamaron al Minsal por no ser favorecidas para adjudicárselo para sus centros clínicos. Luego de una revisión al proceso, el Minsal concluyó que se había realizado de forma correcta y que el convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica del Maule y la Universidad San Sebastián, estaban en regla.
Sin embargo, hay voces, como algunos colegios de profesionales y gremios de la salud, que critican este sistema que permite que las casas de estudio ocupen los hospitales para el beneficio de sus estudiantes. Es el caso de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de la Salud (Fenpruss), quienes denuncian una disparidad de asignaciones y que en algunos casos estos convenios dejan amarrados por más de diez años a los hospitales de la red pública con las universidades.
Anita Quiroga, jefa de la División de Formación de Personas del Minsal, asegura que la investigación que está llevando el Ministerio deberá abarcar temas como los convenios que ya están firmados y saber bajo qué criterios se asignaron estos campos clínicos.
Además, agrega que se está recabando información en todo Chile, para tener un panorama central y revisar qué contratos van a seguir y cuáles no. “No nos interesa que nuestros pacientes terminen siendo bienes de mercado que se transan para el lucro en las universidades, en la formación sobre todo de pregrado, que es lo que hoy ocurre (…). Los campos clínicos no pueden ser más una herramienta de mercado, que se venda al mejor postor, en la educación superior», enfatizó Quiroga.
