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Claudia Sanhueza, ex miembro de la Comisión de Educación del comando de Bachelet

“No podemos estar hablando de voucher en un sistema de derechos sociales”

por 28 abril 2014

“No podemos estar hablando de voucher en un sistema de derechos sociales”
La economista de la Universidad de Cambridge e investigadora del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, fija posición respecto de los anuncios hechos por el ministro Nicolás Eyzaguirre sobre la reforma educacional. Dice que nada se ha hablado del sistema de financiamiento en el ámbito escolar, donde, a su juicio, se debe acabar con el voucher, o subsidio a la demanda, lo mismo que en la educación superior. “Me parece que se podría ir un poquito más rápido”, plantea la académica, quien también se la juega por que el fin a la selección en los colegios avance a los particulares pagados, sector que el ministro ha dicho que no se va a tocar.

Claudia Sanhueza fue de las investigadoras en educación que primero le puso piso académico a la demanda de educación gratuita levantada por el movimiento estudiantil el 2011. En medio de las marchas que inundaron las calles de Chile, señaló en una columna de opinión que esta no era regresiva, y que no se trataba de una injusticia, ni que significaba que los pobres iban a financiar la educación de los ricos.

Su postura en el debate público la llevó a formar parte de la comisión de educación de Michelle Bachelet que trabajó en la elaboración del programa presidencial, el mismo sobre el cual la ahora Presidenta aseguró que “no se trata de una biblia”. Cuando llegó la hora de los nombramientos, no fue llamada al equipo a cargo de Nicolás Eyzaguirre en el Mineduc, y siguió su trabajo de investigación en el Instituto de Políticas Públicas de la UDP.

En conversación con El Mostrador, plantea que existen aristas relevantes que no están siendo abordadas por el actual ministro de Educación, si es que de verdad se quiere cambiar el paradigma que rige el sistema educativo, como la eliminación efectiva del voucher en todo el sistema, y el avance progresivo de la regulación hacia todas las instituciones, incluidas las particulares pagadas. “Si no financiamos a todas las instituciones, y no exigimos gratuidad universal en todas las instituciones, tenemos que saber que eso va a implicar lo mismo que pasa en el sistema escolar: segregación”, asegura.

Porque en general había acuerdo en que había que terminar con esta lógica de voucher, porque esa lógica tiene directa relación con esta lógica de la competencia. Y eso es lo que no queremos más, la lógica tiene que ser de colaboración. Y entonces hay varias formas de cambiar esa lógica. Una puede ser financiar por sala de clases la educación, por ejemplo. Y ahí ya la pregunta cambia, ya no es el voucher, sino que cómo financiamos a las instituciones. Y en este tema encuentro que el gobierno debiera ser mucho más fuerte en terminar con esta lógica del voucher escolar, y además para que sea coherente con lo que va a pasar en educación superior.

-¿Qué has echado de menos en los anuncios y en el debate que estos han producido?
-He echado de menos una posición más fuerte respecto del financiamiento garantizado de las instituciones de educación escolar. El tema del voucher hay que sacarlo del lenguaje, no podemos estar hablando de voucher en un sistema de derechos sociales. Tanto en el sistema escolar como en el sistema superior. Eso no me ha gustado. No coincide, no combina. El otro día el ministro se refirió al tema de la gratuidad, como al 70%, y no se refirió a la gratuidad universal. Y la Presidenta dijo, cuando estaba de candidata, que en el proyecto iba a estar establecido el tema de la gratuidad universal, y eso no está. Hay que entender que la gratuidad universal tiene que ver con el cambio en el sistema de educación superior. Más que nada es un lenguaje que se ha ocupado, que no es coherente. Pero, aparte de eso, todos los anuncios que se han hecho, son coherentes y esperables.

-Se ha generado un debate en torno al financiamiento de las universidades. Las universidades privadas tradicionales y las no tradicionales se espantaron un poco ante el anuncio del ministro de que se privilegiaría a las estatales y salieron a decir que ellas también cumplen un rol público. ¿Cuál es tu posición en ese debate?
-Hay dos dimensiones que parecen contradecirse. Una es la dimensión de la gratuidad universal, que la misma Presidenta en algún momento lo dijo y lo defendió, en el sentido de defender una política social universal y, por lo tanto, un financiamiento que tiene que ver con financiamiento público y no con un bien de consumo o mercantilizado donde cada uno va y compra lo que puede comprar, sino que se financie con impuestos, esa es la dimensión del derecho social. La otra dimensión es la del fortalecimiento de la educación pública, que también tiene una cara de financiamiento. Entonces, cuando uno dice gratuidad universal y tenemos un sistema mixto de educación, en términos de quienes son propietarios, parece eso contradecir la dimensión del fortalecimiento de la educación pública. Y eso es porque no se está viendo cuáles son las funciones de las instituciones. En Chile hay una historia de instituciones privadas que cumplen funciones públicas, las “privadas tradicionales”. El problema, ahora, es que tenemos un sistema educativo donde las nuevas instituciones privadas, que se crearon con la reforma del 80, no tienen un sentido público originario. La mayoría de ellas se creó con un ánimo de negocio, y puramente docente. No con un ánimo de ser instituciones que alimenten la vida cultural y enriquezcan culturalmente al país.

El problema no tiene que ver con la propiedad, sino con cómo esa propiedad se da hoy día. Por eso es importante el fin al lucro de verdad, porque existe la ley, pero no se cumple, no hay herramientas para fiscalizar. No se ha hecho el trabajo de limpiar el sistema de instituciones que no están en esa lógica. Y por eso yo creo que viene la contraposición. Y, por otro lado, también es cierto que dado como ha funcionado el sistema –mercantilizado–, aquí hay empresas ofreciendo un cartón. No ha habido ninguna lógica de organización del sistema de educación, ni en la parte estatal ni en la parte privada, que se supone que colabora con lo estatal. Por ejemplo, de las 35 universidades privadas nuevas, 31 tienen su principal sede en Santiago, y en cambio, de las 16 universidades estatales, esas tienen una por región casi, y cuatro en la Metropolitana. No hay una lógica de ordenamiento estratégico, de coordinación del sistema.

Las dudas emergen no porque sea una universidad privada, no se cuestiona que la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, estén contribuyendo a la creación científica e intelectual del país, pero en el contexto actual sí se cuestiona. Nosotros siempre lo veíamos como una estrategia a largo plazo. Que haya gratuidad universal, pero en un sistema distinto a este, no donde la educación sea un bien de consumo, sino donde la educación sea un derecho social, y eso implica coordinación de la oferta, un plan estratégico de desarrollo de las instituciones a nivel país...

-¿Y eso implica también que las universidades privadas no tradicionales tengan asimismo un sentido público y se les dé igual trato?
-No igual trato. En la Comisión teníamos un esquema de distintos tipos de financiamiento por tipo de institución. Lo que pasa es que la confusión también emerge porque en estos momentos la mayoría de los ingresos de las universidades proviene de los aranceles, son los aranceles los que financian a las instituciones, y todas las funciones de las instituciones. Entonces, lo que nosotros proponíamos era distinguir los financiamientos. El arancel no tiene por qué financiar la investigación ni el vínculo con lo público. Entonces, distinguir el financiamiento a la docencia del financiamiento a la investigación, del financiamiento de lo público...

-Eso va en línea con lo que ha planteado el ministro. De mantener una lógica de subsidio a la demanda en las matrículas, y financiamiento basal para la investigación y un trato preferente para las estatales. ¿Es lo mismo que ustedes discutieron en el comando?
-Es lo mismo. Lo único es que había espacios de discusión en torno a cómo se financia la docencia, porque uno podría decir que es puro subsidio a la demanda, o uno también podría decir que sea financiamiento basal a la docencia. Hay formas de hacerlo.

-Esa discusión estaba abierta...
-Sí, estaba abierta.

-Pero ahora el ministro Eyzaguirre planteó que no, que va a ser puro subsidio a la demanda. ¿Qué te parece?
-Él también ha dicho que va a haber un control de los aranceles y de la oferta. Y si yo controlo la oferta, aunque tenga financiamiento a la demanda, es como si tuviera financiamiento basal.

-¿Es equiparable?
-Sí, pero es súper complejo. Como todo en esta reforma. Es complejo porque nosotros como país no hemos hecho nada al respecto, pero otros sistemas educativos lo hacen todo el tiempo. Hay mucha diversidad, pero en general cuando uno investiga otros sistemas, siempre hay una coordinación, hay una regulación por parte del Estado. Porque la educación tiene que estar ligada con los desarrollos estratégicos del país, y eso no lo va a hacer el mercado, ni los privados, ni los estudiantes con sus demandas.

-Respecto del financiamiento a la demanda. La presidenta de la FECH dijo que con el mantenimiento del sistema de voucher se perpetuaba un sistema de competencias en la educación superior y que eso se alejaba de lo que había demandado el movimiento estudiantil...
-Dos cosas. Primero, en educación superior, todo depende de cuánto pese el voucher. Si la mayor parte del financiamiento va a ser basal. A la investigación, a lo público. Lo que exista de subsidio a la demanda va a ser poco, entonces todo depende de cuánto peso le estemos dando.

-Si el ministro dice que la docencia se va a financiar con subsidio a la demanda, no es un gasto menor, considerando que hay universidades que son puramente docentes...
-No es un gasto menor de acuerdo a los aranceles que hay hoy en día. Pero tú deberías cambiar esos aranceles, no puedes funcionar con los aranceles de hoy día, los aranceles de hoy día están financiando otras cosas.

-¿Pero qué pasa con las universidades que son puramente docentes, deben estar financiadas sólo por voucher?
-Ahí teníamos una discusión abierta. ¿Hay universidades puramente docentes? ¿No debería exigírsele, a una institución de educación superior, condiciones mínimas de investigación? Porque en el fondo importa la calidad, y ¿cuál va a ser la docencia de una universidad puramente docente versus la docencia de una universidad donde sus académicos son de planta e investigan? Esos factores, el porcentaje de académicos de planta. En la comisión había quienes creían que una universidad sólo docente también cumplía un rol público, pero yo soy de la idea de que deben existir mínimos en relación a investigación.

Mira, cuánto pese el voucher va a depender de cómo estimemos los aranceles de referencia, eso es lo fundamental.

-Pero la crítica de los estudiantes es que se va a mantener un modelo competitivo, donde las universidades van a competir por los alumnos. Y ellos propugnan un modelo de colaboración...
-Por eso yo confío en el tema de la regulación de la oferta. Hay herramientas para lograrlo, hay experiencias de países que se han movido de un sistema a otro. Va a haber que crear institucionalidad en el Estado en este tema.

-¿Por qué crees que se apuesta por financiar la docencia a través de vouchers y no de financiamiento basal?
-Si haces financiamiento basal, automáticamente estas controlando la oferta. Si haces financiamiento a la demanda con control de la oferta, llegas al mismo objetivo. Ahora, yo creo que se perpetúa el financiamiento a la demanda por un asunto de gradualidad. El cambio es más brusco si pasas de un sistema donde hay puros aranceles y se financian algunas becas, a un sistema de gratuidad universal. Además, como se ha planteado que los primeros cuatro años se financiará gratuidad hasta el 70% de escasos recursos, tiene que haber algo que determine el individuo.

-¿Cuánto debiera pesar el voucher?
-De acuerdo a la institución. En una institución podría pesar casi 100% si esta es sólo docente. Si exigen unas condiciones mínimas de investigación, 95%. En algunas va a pesar más que en otras.

-Ya, pero en el largo plazo, ¿se habló de porcentajes en la comisión?
-Sí, había algunos valores estimados, de 50% y 30%. En un sistema en régimen. Se sacó un promedio ponderado de las instituciones.

-¿Y con ese porcentaje del financiamiento como voucher sería un sistema ideal?
-La verdad es que yo soy más partidaria del financiamiento a la oferta. En sistema de educación superior, la composición del financiamiento a las instituciones tiene distintos ítems. Entonces, una institución recibe financiamiento por su infraestructura, por la investigación, por la docencia. Hay siempre un financiamiento que es variable según el número de estudiantes que tiene, y no sólo eso, sino que también por las carreras que estudian, porque es distinto Medicina que Derecho. Hay un componente variable, ese componente variable lo puedes hacer igual como financiamiento basal, o multiplicado por N, como si fuera un voucher.

Yo soy más partidaria de ese tipo de financiamiento por ítems, aunque haya un componente variable por docencia. Ahora, yo creo que el nombre de voucher está mal puesto, porque si es voucher con control de oferta, ya no es voucher. Y además hay selección en el sistema de educación superior.

Ahora, en el sistema de educación escolar esta situación es muy distinta, ahí sí que el financiamiento a la demanda es muy poderoso. Y yo ahí sí tengo una posición de que debiera ser mucho más financiamiento basal. Y en estos momentos eso ni siquiera se ha conversado.

Hay varias formas de avanzar en eso. En la comisión discutimos formas. Porque en general había acuerdo en que había que terminar en esta lógica de voucher, porque esa lógica tiene directa relación con esta lógica de la competencia. Y eso es lo que no queremos más, la lógica tiene que ser de colaboración. Y entonces hay varias formas de cambiar esa lógica. Una puede ser financiar por sala de clases la educación, por ejemplo. Y ahí ya la pregunta cambia, ya no es el voucher, sino que cómo financiamos a las instituciones.

Y en este tema encuentro que el gobierno debiera ser mucho más fuerte en terminar con esta lógica del voucher escolar, y además para que sea coherente con lo que va a pasar en educación superior.

-¿Por qué crees que ese tema no se ha tocado, cuando todos los expertos dicen que la clave está en la educación escolar?
-Creo que están dándoles prioridad a otros temas, desmunicipalización, fin al financiamiento compartido... en general, en la comisión había acuerdo en este tema.

-En el debate educacional hay quienes han planteado que el Estado no tiene por qué financiar proyectos confesionales, ¿estás de acuerdo con esa premisa?
-Esa es una discusión muy interesante, y que no es local. Muchos países discuten este tema. La pregunta es ¿para qué educar? Si el sistema de educación también es funcional a la creación de ciudadanía, y se entregan ahí valores de integración social, con la tolerancia... el Estado debiera resguardar ciertos niveles de integración y, por lo tanto, yo creo que perfectamente podría financiar proyectos confesionales o de otra índole, sujetos sí a ciertas condiciones mínimas que tienen que ver justamente con ese proceso. En Francia, por ejemplo, prohibieron el uso de la burca y de cruces, por un tema de respeto. Uno debiera tender a privilegiar el respeto por las distintas culturas en todas las escuelas, y ahí el tema de no seleccionar al estudiante ya es un paso. El Estado se está haciendo cargo de que no se seleccione a nadie. Entonces, ¿por qué no financiar un proyecto confesional? El tema es que estamos en un régimen público que tiene que velar por ciertas normas que tienen que ver con la ciudadanía. El fin a la selección es uno de los pilares de la reforma.

-Tú publicaste un tuit donde planteabas que la idea de la comisión que trabajó en el comando era avanzar al fin de la selección también en la educación particular pagada...
-En un principio, al menos hasta antes de las primarias, las propuestas eran integrales en todo el sistema educativo. Y estaba la idea de tener programas de integración en los colegios particulares pagados, inclusión en todo el sistema educativo. Inclusión se refiere a la inclusión de niños con capacidades diferentes. Esa era la lógica, y ese es el pilar del fin a la segregación en todas sus dimensiones. No creo que se haya descartado eso, pero creo que están anunciando las cosas de a poco.

Ahora, creo que eso tiene que estar de todas maneras. Porque, imagínate, estoy terminando con la selección por habilidad en el sistema público, porque estoy terminando con el financiamiento compartido en todas las escuelas con recursos públicos... bueno, si estoy con una lógica del derecho social, entonces todas las instituciones educativas debieran estar en la misma lógica y se debiera avanzar gradualmente en todas ellas.

-Hasta ahora el ministro ha dicho que no se va a tocar la educación particular pagada, porque no recibe fondos públicos...
-No he hablado con el ministro. Pero, en mi opinión, todas las formas de educación son responsabilidad del Estado. Hay currículos que tienen que cumplir todas las instituciones, incluidas las particulares pagadas. Y es justamente eso lo que genera la mayor segregación socioeconómica en el sistema educativo, los precios. El fin del financiamiento compartido va a avanzar en esa lógica, entonces debería ir avanzando en ir incorporando a toda esa elite privilegiada para que esos colegios estén disponibles en algún minuto para cualquier niño.

-¿No te da la impresión de que la reforma se ha ido suavizando con el paso de los días, respecto de lo que se anunció inicialmente?
-Puede ser. La verdad es que eso lo dice en escolar. Porque en educación superior se ha dicho educación gratuita universal para todas las que tengan compromiso público. De todas maneras, esa lógica de no obligar a todas las instituciones... desde un inicio se dijo que se debería firmar un compromiso público para ser parte de la gratuidad universal. En el sentido que esos compromisos también sean requerimientos para recibir el financiamiento del Estado y esos compromisos no están definidos.

-¿Por qué se dejaría una libertad especial a las universidades que, por ejemplo, reciben muchas donaciones de empresarios y no quieran recibir dineros públicos?, ¿se discutió eso en la comisión?
-Te puedo decir lo que yo opino del tema. Yo creo que en las actuales condiciones es difícil imaginarse que no haya ninguna firma de compromiso, porque, por ejemplo, si tú miras en un mapa de dónde provienen los estudiantes de la Universidad de Los Andes, te das cuenta que todos viven por ahí cerca, están muy segregados. Entonces, yo le exigiría cierto compromiso de integración social mínimos. Si no financiamos a todas las instituciones, y no exigimos gratuidad universal en todas las instituciones, tenemos que saber que eso va a implicar lo mismo que pasa en escolar: segregación. Yo pienso que uno debería luchar por que sí haya gratuidad universal, para que no tengas un sistema educativo segregado. Uno podría igual exigirle a una institución de educación superior gratuidad, sin necesidad de darle financiamiento público. Tienen donaciones, da lo mismo cómo lo hagan. Pero no me puede dejar a nadie fuera porque no tenga los recursos.

-¿Pesa mucho la derecha y ciertas visiones más conservadoras en esta discusión? Porque algo pasa. Hay ciertos sectores que no se tocan, que no se habla de ellos.
-Sí. Creo que pesan por un tema de que hemos estado con este sistema muchos años, más de los que quisiéramos. Ahora, si comparamos con diez años atrás, nos damos cuenta que estamos discutiendo en otro nivel. Hemos avanzado. Yo quisiera que siguiera avanzando. Esto va a ser empujado de alguna forma. Pero tampoco podemos esperar que de un día para otro todos los actores estén de acuerdo con una reforma de ese estilo. Se ha avanzado en el debate público, y ese debate ha bajado, se ha hecho más público. Se conversa en las familias. Dejó de ser un debate de la elite.

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