Cuestionada industria será regulada y limitada por los proyectos del Mineduc
Hay de todo: desde el negocio familiar heredado, como el caso de los Hasbún Ramírez, a una sociedad millonaria que invierte en distintos rubros, como Norte Sur, ex dueña del Banco del Desarrollo. También está el sostenedor que aprendió de su tía los secretos de administrar establecimientos y se hizo rico. Algunos usan los mismos nombres para todos sus colegios: los Boston College y Alicante Alcántara. Todos enfrentan la misma prueba: el proyecto de ley que prohibirá el lucro con recursos del Estado y pondrá fin al copago. Sólo algunos accedieron a opinar.
Un ingeniero y un físico titulados en Israel, la sociedad que fue dueña del Banco del Desarrollo, una familia de profesores, tres hermanos que eligieron el nombre de una universidad católica norteamericana y el sobrino de una controvertida sostenedora se han convertido en los cinco principales sostenedores de colegios subvencionados con fines de lucro.
Felipe Salazar, académico del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, realizó un catastro de los colegios subvencionados: registró 4.450, de los cuales el 78% declara tener fines de lucro. Llegó a esa conclusión tras verificar el tipo de sociedad que es dueña de los establecimientos: las anónimas, limitadas e individuales de responsabilidad limitada por naturaleza poseen fines de lucro, hagan o no sus propietarios retiros de utilidades. Aquellas constituidas como corporaciones o fundaciones no persiguen lucro.
La investigación de El Mostrador reveló que los colegios de una misma red pueden tener distintos Rut, cosa que observó también el académico. “Muchos afiliados a la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep) tienen más de un colegio, pero definir el tamaño exacto de las redes es difícil porque tiende a cambiar el (nombre del) sostenedor, por tanto, es casi imposible establecer las conexiones entre colegios”.
La Conacep se negó a entregar antecedentes a este diario y el Ministerio de Educación informó que está actualizando la lista de sostenedores con los datos del Servicio de Impuestos Internos.
El Mostrador realizó la selección a partir de información pública y dejó fuera los casos de familias en los que hay más de tres ramas en la propiedad de los colegios.
El lucro no está prohibido en los colegios subvencionados, que concentran el 54% de la matrícula escolar, pero, con el proyecto de ley que ingresará próximamente al Congreso, los dueños de establecimientos que reciban aportes del Estado no podrán retirar utilidades o el remanente –como se dice en jerga educacional– en forma discrecional. Hasta ahora se ha hablado de fijar un sueldo para los sostenedores. Otro proyecto pondrá fin al copago y un tercero terminará con la selección de alumnos. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, adelantó además a la Confech que se congelará la creación de colegios particulares subvencionados, porque la gran mayoría lucra y no existe control respecto de dónde se instalan estos establecimientos.
Un estudio del sector subvencionado en Chile, realizado en 2008 por los investigadores Jaime Corvalán del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación –de la Universidad Alberto Hurtado–, Gregory Elacqua y Felipe Salazar, de la Diego Portales, en el que se entrevistó a 170 sostenedores con fines de lucro en la Región Metropolitana, concluyó que el 67% es profesor y más del 90% se dedica exclusivamente al colegio, lo que baja al 60% en el caso de los sostenedores sin fines de lucro. El 21% heredó algún establecimiento y uno de cada cuatro sostenedores vive en la misma comuna de su establecimiento. Al indagar por qué están en la industria educacional, el 83% respondió que lo hace por un “fin social” y un 33% por ser una actividad de “rentabilidad interesante”. La explicación de los académicos a la primera respuesta es una posible subestimación de los retornos económicos, debido a la percepción negativa del lucro en la educación y a que estarían incluyendo dentro de los retornos económicos el “fin social”.
Otra conclusión es que no hay empresarios exitosos de otros rubros en la propiedad de colegios subvencionados con fines de lucro.
El 80% de los sostenedores tiene un colegio, según ha declarado la Conacep. Gracias al decreto ley N° 3.476, de 1980, que creó la subvención escolar, muchos terminaron convertidos en prósperos empresarios. El aporte del Estado oscila entre $45.511 (prekínder y kínder) y $65.748 (1° a 4° Medio) por estudiante que asiste a clase. Si se le suma la subvención escolar preferencial para alumnos vulnerables, las cifras se elevan hasta $87.314 en educación media.
[cita]Sobre el proyecto de ley que pone fin al lucro con recursos públicos, Ruiz sostiene que “cuando se invitó a los sostenedores a entrar a la educación subvencionada porque el Estado no era capaz de dar la cobertura necesaria, ellos fueron a la banca y pidieron créditos que muchos se encuentran pagando”. Por eso, dice que debiera existir una “compensación, que permita generar una utilidad para cancelar los préstamos y tener una retribución por su gestión”. Agrega que sus planteamientos los harán instancias formales, entre ellas, la Conacep, aunque no todos los colegios están afiliados.[/cita]
En 1993 se dictó la ley que permite el financiamiento compartido, es decir, el copago de los apoderados, cuyo tope es de $101 mil mensuales, porque si no el establecimiento no recibe subvención. Cuanto más alto, menor es el aporte estatal: a los colegios que cobran entre $10.500 y $20.050 mensuales se les descuenta un 10% de la subvención y un 35% a aquellos que piden entre $40.100 y $84.200 mensuales.
La Corporación San Isidoro, que alude al arzobispo de Sevilla que fomentó la creación de bibliotecas y fue canonizado en 1598, es la más grande. Educa a 22.561 alumnos en 13 establecimientos.
Sus dueños son dos familias: los Hasbún Ramírez y los Ramírez Valle. El fundador Elías Hasbún Zerruck creó, en 1957, junto a su hermana Emilia, el Instituto de Humanidades San Luis y el colegio Tomás Moro en San Miguel. Estudiaba Derecho mientras a la par se formaba en la Escuela Normal, terminó sólo con el título de profesor, se casó con la normalista Graciela Ramírez Valle, hija de un profesor que tenía dos colegios (Rosa Marckmann de González Videla y la Escuela Técnica Santa Rosa en La Cisterna).
A la muerte del fundador, en 2006, el negocio pasó a manos de sus hijos Alejandro –abogado de la U. de Chile–, Claudio –ingeniero comercial de la Usach– y Paula Hasbún Ramírez –profesora de música–. Ellos constituyeron la Corporación San Isidoro, que agrupa a diez colegios de los hermanos Hasbún, dos de su tío Luis Ramírez Valle y uno que pertenece a las dos familias. Se trata de un nombre de fantasía, ya que los establecimientos poseen fines de lucro.
“Cuando tomamos la administración nos dimos cuenta de que era fundamental trabajar en red, porque puedes compartir las buenas prácticas. La ex ministra de Educación, Mónica Jiménez, nos ayudó al comienzo y nos contactó con la empresa Praxis, que nos hizo un modelo de gestión. Es un tablero con 80 indicadores, cada uno con un diagnóstico y una meta. Cada colegio debe hacer un plan para llegar a esa meta. Si no ocurre vemos qué pasa y los remediales», explica Alejandro Hasbún, vicepresidente de la Corporación San Isidoro y vicepresidente de la Conacep.
Al igual que otros dos sostenedores –Víctor Aguilera y Walter Oliva– es miembro del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo accionista principal y presidente es el DC Gutenberg Martínez. El vínculo nació porque buscaba una universidad donde los alumnos de sus cuatro liceos técnicos pudiesen continuar sus estudios y, a través de la Conacep, llegó a la Miguel de Cervantes: “Me dijeron que había una posibilidad y me ofrecieron ser director”.
“Todo lo reinvertimos. No te puedo asegurar que nunca, desde 1957, se haya retirado dinero. No es que lo considere pecaminoso, es absolutamente legal, pero desde que creamos la Corporación, en 2007, no lo hemos hecho. Todos los que trabajamos en los colegios tenemos un sueldo: yo soy representante legal y mi hermano Claudio está a cargo de las finanzas. Además, contamos con otros ingresos, yo ejerzo como abogado (del estudio De la Maza y Cía. Ltda.)”. Los sueldos de la Corporación –dice– no superan los $5 millones mensuales.
Su primo Jorge Hasbún Hasbún, dueño de los dos colegios fundados por su madre Emilia, heredó de su padre la empresa Hasbún, fabricante de soleras y tubos de alcantarillado, que vendió a Cemento Melón. José Hasbún Hamamé, otro primo, es el director ejecutivo de San Isidoro, pero no es accionista en los colegios.
El directorio –que integran él, su hermano Claudio, su madre Graciela Ramírez, su tío Luis Ramírez y su señora Carmen Casselli– no recibe remuneración, porque la ley lo prohíbe en las corporaciones.
Los colegios son antiguos y están repartidos en comunas emergentes como Maipú (Santa María), La Florida (Santa María), Quilicura (San Carlos) y Peñalolén (Américo Vespucio). En Puente Alto están los más grandes: el Fernando de Aragón y el San Carlos de Aragón –el más nuevo, que nació hace 15 años–, que suman 6.800 alumnos.
“Entiendo que se prohíba el lucro, pero no estoy de acuerdo, porque la mayoría que invierte en educación tiene que poner capital. Es difícil decir pon capital, pero nunca vas a poder retirarlo. Cuando un colegio tenga que hacer un laboratorio nuevo, una cancha, un pabellón, ¿quién va a poner la plata? Si es el Estado, estupendo”, afirma Hasbún, quien se casó con profesora y tiene una hija pedagoga y, al igual que sus hermanos y primos, se educó en el Saint George. Está de acuerdo con el fin de la selección de alumnos en todos los niveles y en contra de la prohibición de crear nuevos colegios subvencionados. Cree que con el fin del lucro los establecimientos que tengan un copago alto, o sea, más caro para los apoderados, terminarán convertidos en particulares pagados, “aun a costa de bajar su matrícula, para poder seguir haciendo retiros”.
Gracias a la venta de las acciones del Banco del Desarrollo al Scotiabank, en 2007, la sociedad Norte Sur recibió US$426 millones. Invirtió en distintos sectores. Uno de ellos fue la educación. La fórmula fue buscar sostenedores exitosos para crecer en número de alumnos y establecimientos. Fue una buena apuesta a juzgar por los números: Norte Sur cuenta con 12 colegios y 22 mil alumnos. Siempre es dueña del 50% y mantiene el otro 50 en manos de los socios originales.
Su primer vínculo con la educación fue la Universidad de Viña del Mar, a la que entró en 1997 –también con el 50%– y vendió en 2009 a Laureate, cuyas universidades en Chile (Las Américas, Andrés Bello y la de Viña del Mar) están siendo investigadas por los traspasos de dinero –US$80 millones entre 2011 y 2013– a su dueña estadounidense. También adquirió el Instituto Tecnológico de Chile (ITC).
Los socios de Norte Sur –Vicente Caruz, Aníbal Correa, Daniel Mas, Maximiliano Poblete– conocían bien el sector, porque el Banco del Desarrollo, que controlaban junto con el Arzobispado de Santiago, financiaba a 800 sostenedores y más de 30 universidades.
La mitad de los colegios está ubicado en la Región Metropolitana, y la otra en la Quinta Región, “así lo planificamos, porque nos permite participar en la toma de decisiones”, explica José Ruiz, gerente del sector educación de Norte Sur desde hace ocho meses. El copago va desde $28 mil, en la escuela San Diego de Conchalí, a $80 mil, en El Altazor de Concón, creado en 2002 y que tiene mil alumnos. El promedio son $50 mil, dice Ruiz.
El año pasado crearon un sistema basado en la metodología de la Fundación Chile, con siete variables, que funciona como un tablero en el que se miden liderazgo directivo, clima, gestión de procesos pedagógicos, entre otros. Hasta entonces, cada colegio funcionaba en forma independiente. Al operar en red, además, se comparten experiencias, capacitaciones y compras y se obtienen mejores condiciones por volumen.
Norte Sur posee un área inmobiliaria con varias sociedades, dos de las cuales invierten –según la página web– en bienes raíces para usos educacionales y dos proveen infraestructura a los colegios Aconcagua de Quilpué y San Damián de La Florida, en lo que se conoce como esquema integrado. O sea, el dueño del negocio participa en las distintas etapas y puede controlar los costos.
Ruiz asegura que reinvierten el 50% de las utilidades para obtener calidad en el largo plazo y el otro 50% es retirado por los socios. “Cuando un colegio no reinvierte, el dueño se puede llevar el 15% de los ingresos (como utilidad). En nuestro caso, la rentabilidad está entre el 8 y 10%”.
“Gran parte de los colegios son nuevos, el Alonso de Quinteros (al que entraron hace tres años) se construyó el año pasado para mil alumnos; tenía 400. También los dos San Andrés de Maipú: en uno se compró el terreno; el otro partió de cero”.
Sobre el proyecto de ley que pone fin al lucro con recursos públicos, Ruiz sostiene que “cuando se invitó a los sostenedores a entrar a la educación subvencionada porque el Estado no era capaz de dar la cobertura necesaria, ellos fueron a la banca y pidieron créditos que muchos se encuentran pagando”. Por eso, dice que debiera existir una “compensación, que permita generar una utilidad para cancelar los préstamos y tener una retribución por su gestión”. Agrega que sus planteamientos los harán instancias formales, entre ellas, la Conacep, aunque no todos los colegios están afiliados.
La fórmula de un sueldo para el sostenedor no puede aplicarse a Norte Sur –afirma– porque no cumple con ese estatus, «nosotros somos socios». Por tratarse de una sociedad anónima abierta que transa en la Bolsa Electrónica, “no somos una persona natural a la que pueda generársele un ingreso”.
Este año Norte Sur vivió un cisma: el histórico pacto de accionistas entre los socios se terminó y Daniel Mas (el mayor constructor de La Serena), Aníbal Correa (socio de Coresa, dueño de grandes paños inmobiliarios en Vallenar, Puchuncaví y Talagante) y la Fundación Emmanuel (entidad civil nacida al alero del Arzobispado de Santiago, representada por Guillermo Villaseca) sumaron fuerzas y tomaron el control del directorio, dejando a Vicente Caruz, el presidente por años, en posición minoritaria.
Cuando Norte Sur participó en la propiedad de la Universidad de Viña del Mar aplicó la fórmula del pago de arriendos a la sociedad inmobiliaria dueña de los terrenos (la propia Norte Sur y los socios fundadores) durante un período, pero después la casa de estudios compró esos terrenos a precios de mercado, explicó Sergio Molina (ex ministro de la Concertación), entonces presidente del directorio de la universidad, a la periodista María Olivia Monckeberg en el libro Las universidades privadas en Chile. Norte Sur intentó comprar la Universidad Central, que no tenía dueños ni sociedad inmobiliaria, y fracasó. “Nunca pensamos en lucrar con el negocio universitario”, dijo hace un año Aníbal Correa al diario Pulso.
Jaime Melnick Sliapnik y David Gottlieb Banner son los fundadores y socios principales de los colegios Alcántara-Alicante. Con ocho establecimientos y 18 mil estudiantes, escapan al perfil tradicional del sostenedor.
Ingeniero civil de la U. de Chile, Melnick posee un máster en el Israel Institute of Technology (Technion), es socio y gerente comercial de Petrus Ingenieros, firma especializada en mecánica de suelo que realiza estudios para la minería, puertos y grandes obras civiles. Gottlieb es doctor en física de la Universidad Hebrea y profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Amigos de toda una vida, la crisis del 82 los motivó a abrir un preuniversitario en el barrio El Golf, al que se fueron sumando sedes en Providencia, Santiago Centro, La Florida, San Bernardo y Rancagua, hasta que el crecimiento de las universidades privadas facilitó el ingreso a la educación superior y el negocio decayó.
El local de La Florida se transformó en el colegio Alcántara –nombre del preuniversitario– que abrió sus puertas en 1994. Era particular pagado, al igual que los otros dos Alcántara en La Florida y Peñalolén, inaugurados en 1996 y 1998. “Los apoderados hacían mucho esfuerzo y nos dijeron por qué no los hacíamos subvencionados. Fue una buena idea y lo concretamos en 2003”, explica Melnick, primo de Sergio Melnick, el ex director de Odeplan durante el régimen de Pinochet. No fue por falta de alumnos, asegura, ya que los colegios floridanos estaban llenos, aunque el cambio aumentó en un 25% la matrícula en el de Peñalolén.
Los cinco establecimientos siguientes comenzaron recibiendo aportes estatales y por eso llevan otro nombre: Alicante. Dos en Maipú, dos en Puente Alto y uno en La Florida. Los Alcántara y Alicante están dentro de los subvencionados más caros: el copago de los padres oscila entre $59 mil y $85.200. Sus edificaciones son de alto nivel: dos colegios fueron obra del destacado arquitecto Manuel Moreno, ya fallecido, quien levantó establecimientos privados y remodeló liceos municipales cuando se aplicó la reforma de la jornada escolar completa.
Cada colegio tiene socios distintos. Suman 18 en total. Sólo Melnick y Gottlieb están en todos. Algunos de los minoritarios son René Silberstein, quien fue gerente general de Wasil, la empresa de su padre Walter Silberstein –de allí vienen las iniciales para crear el nombre Wasil–, ha participado en algunos proyectos inmobiliarios del Grupo Hogares, es dueño de la mayor agencia de publicidad digital –Raya.cl– y padre del tenista Gabriel Silberstein. Otros son el ingeniero civil Roberto Gloger, su hermano Sergio, siquiatra, y Jorge Baden, contador auditor jubilado.
“Todo el mundo piensa que uno se mete para lucrar. Es injusta la apreciación. Nosotros gastamos absolutamente todo lo que nos da el Estado en remuneraciones y no nos alcanza. Informamos a los padres en qué se gasta la plata. Estamos preparados para ser un acuario”, sostiene sin precisar qué porcentaje del copago queda como remanente, cuánto se reinvierte o retira. Melnick afirma que no son un grupo de empresarios, a excepción de Silberstein, y que los que entraron a la propiedad de los distintos colegios lo hicieron para contar con un ingreso adicional al de sus profesiones.
Sobre la reforma que busca prohibir el lucro con recursos del Estado, sostiene: “Vamos a dar nuestra opinión en el Congreso”. Está orgulloso de los resultados. Los promedios de la PSU en matemáticas y lenguaje de todos los colegios fueron 564 puntos en 2012 y 577 en 2013, aunque los dos Alcántara de La Florida rasguñaron o superaron los 600 puntos. Han tenido puntajes nacionales en matemáticas e historia. “Nosotros no seleccionamos alumnos, nuestros apoderados están entre los deciles siete y nueve, es decir, llegan a un ingreso familiar inferior al millón de pesos. Tenemos entre 30% y 40% de becados que pagan una parte o nada”. La ley de la subvención escolar obliga a contar con un 15% de estudiantes becados. Ofrecen talleres de ciencias, de robótica en dos colegios, festivales de teatro y de música “y fuimos los primeros en preparar profesores para los laboratorios de computación el año 94”.
En cuarto lugar, con 10.200 alumnos, está la cadena Boston College. Pertenece a la camada más reciente: el primero se inauguró en La Florida, en 1997. Era particular pagado y en 2003 cambió a subvencionado, según los datos del Mineduc. Con una historia similar a los Alcántara-Alicante, fue creciendo en las comunas emergentes: tres en Maipú, uno Pudahuel y el último en San Bernardo en 2009.
Sus dueños son los hermanos Julio, Claudio y Francisco Martínez Cárcamo. En el gremio aseguran que sus padres tenían colegios, lo que no fue posible confirmar porque ellos se negaron a entregar información a El Mostrador.
El copago se mueve entre $39.400 y $54.800 mensuales y seleccionan a los alumnos desde séptimo hacia arriba –la prohibición rige hasta 6° básico– exigiendo un promedio de notas de 5,5. Los Martínez además son propietarios de dos colegios particulares pagados, en Huechuraba y La Florida.
Los puntajes de la PSU el año pasado se movieron entre 496 puntos en uno de los colegios de Maipú y 531 en La Florida, según registra el Mineduc. El básquetbol es una de las actividades más destacadas y Francisco Martínez, el presidente de la Corporación, es también cabeza de la Liga Nacional de Básquetbol.
Para saber cuánto gana un sostenedor basta multiplicar el número de alumnos por la subvención y el copago, haciendo el descuento en el aporte estatal según el tramo de financiamiento compartido, y descontando un 10% de alumnos, que es el promedio de inasistencia con la que los sostenedores trabajan. De esa cifra se restan las remuneraciones, que representan el 60 o 70% de los costos, dependiendo de cuán bien pague el colegio, y otro 20% que va a gastos generales. Lo que le queda como remanente para el sostenedor se mueve entre el 10 o 15% de los ingresos.
En el caso de los grandes sostenedores, pueden ser $600 millones anuales, el doble o el triple. Los dueños de colegios antiguos que no pagan créditos bancarios pueden celebrar a fin de año con champaña, porque ese 10 o 15% va completo a sus bolsillos.
Jorge Cifuentes Narváez, el quinto sostenedor más grande, es conocido en el gremio como el sobrino de Filomena Narváez, una de las más antiguas en el negocio y abundante en problemas. Tuvo un juicio por presentación maliciosa o incompleta de documentos con Impuestos Internos, era la dueña de los terrenos de la historiada toma de Peñalolén, en 2012 dos de sus hijos iniciaron un juicio para declararla interdicta y los diez mil alumnos que tenían sus colegios hace una década cayeron a la mitad.
Profesor, nacido en Parral, comenzó trabajando con su tía –hay versiones que apuntan a que ella le regaló un colegio– y hoy la supera: es dueño de seis colegios con 8.200 estudiantes. Dos en Ñuñoa (Colegio Particular N° 1 y el Politécnico Particular), uno en San Bernardo (Colegio Nobel Gabriela Mistral), otro en El Bosque (Complejo Educacional Las Acacias), en Conchalí (Centro Politécnico Particular) y La Cisterna (Centro Politécnico Particular de San Ramón). Como su tía, ofrece educación técnica en cuatro de sus establecimientos.
Comparte la propiedad con sus hijos Alejandro, Jorge, Andrés y Cristián Cifuentes Cubillos. El primero formó una importadora y exportadora junto a Rodrigo Bosch y Walter Oliva, ex presidentes de la Conacep, de la que Cifuentes fue parte en sus inicios, según el libro El negocio de las universidades chilenas, de María Olivia Monckeberg.
En la PSU sus resultados son bajos: 458, 519 y 466 puntos fue el promedio de los últimos tres años en el Colegio Particular N° 1 de Ñuñoa; 506, 526 y 490 en el Nobel Gabriela Mistral de San Bernardo.
Hay quienes aseguran que uno de sus hermanos es dueño de una maestranza que suple las necesidades de sus liceos. Cifuentes se negó a hablar con este diario.
A raíz de los conflictos judiciales, él dejó este año la vicepresidencia de la junta directiva de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, de propiedad de su tía, y fue reemplazado por alguien ajeno a la familia. Lo mismo ocurrió con el hijo mayor de Filomena Narváez.
Cifuentes vive en el mismo barrio que su tía: el elegante sector de Los Dominicos. Ella compró una hectárea en la calle Piedra Roja, en 1972, para tener pollos y una vaca, y pagó mil dólares. No se sabe cómo llegó él, pero su casa de 700 m2 construidos en cinco mil m2 de terreno tiene un avalúo fiscal de $636 millones y el comercial puede ser el doble. Una prueba de lo rentable que puede ser la educación subvencionada.
