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Secundarios y universitarios presentarán requerimiento este viernes

Estudiantes le ponen presión a Eyzaguirre y lo acusan en Contraloría por no investigar lucro

por 9 mayo 2014

Estudiantes le ponen presión a Eyzaguirre y lo acusan en Contraloría por no investigar lucro
Estudiantes de varias federaciones del Confech, en conjunto con la ACES, llegarán este viernes a la Contraloría General de la República para pedir un pronunciamiento, ya que a su juicio el Ministerio de Educación si tiene las facultades para fiscalizar y sancionar el lucro en la educación superior. La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, señaló que “no podemos estar a la espera de la aprobación de un proyecto de ley, cuando el Ministerio ya tiene las facultades para pronunciarse”.

La ofensiva del movimiento estudiantil ya está en marcha. Luego de la masiva movilización nacional de este jueves, secundarios y universitarios re afirmaron sus críticas al gobierno, asegurado ambigüedad y contradicción por parte del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Uno de los puntos relevantes en su discurso fueron las acusaciones contra el secretario de Estado por no tomar el toro por las astas en el caso de las universidades acusadas de lucrar, lo que está prohibido por la legislación chilena.

Por ello, este viernes los secundarios de la ACES, en compañía de las federaciones de las universidades de Santiago, Católica del Norte y del Bio Bio, llegarán hasta la Contraloría para ingresar un requerimiento para que el titular de Educación sea fiscalizado.

En el documento, al cual tuvo acceso El Mostrador, se le solicita al contralor Ramiro Mendoza “fiscalizar si el Sr. Ministro de Educación vigente, desde el inicio de su mandato hasta la fecha, Sr. Nicolás Eyzaguirre, ha cumplido con el mandato de la ley que lo obliga a fiscalizar irregularidades en la Educación Superior, y en esa medida, si ha sido diligente en movilizar la institucionalidad del ministerio a su cargo, en particular a la División de Educación Superior, para fiscalizar a las Universidades de las Américas, Andrés Bello, de Viña del Mar y Gabriela Mistral, y de esta manera proteger los derechos de los estudiantes y sus familias a un servicio educativo ad hoc a la legislación nacional”.

El documento hace mención a un puñado de figuras legales que acreditarían que Eyzaguirre si cuenta con las facultades para fiscalizar el lucro. En el texto se incluyen la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (N° 18.575), la Ley Orgánica del Ministerio de Educación (Nº 18.956), la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (Nº 19.880), el Estatuto Administrativo (Ley Nº 18.834), el D.F.L. Nº1 de 3 de enero de 1981 que Fija Normas sobre Universidades, el D.F.L. Nº2 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2005, artículo 64 de la LGE y la Ley de Crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (Nº 20.129).

El presidente de la Feusach, Takuri Tapia, asegura que la presentación tiene fundamento, y que es necesario que el Mineduc transparente si tiene la voluntad de investigar el lucro: “Queremos demostrar que el ministro Eyzaguirre tiene las herramientas para investigar a las universidades, queremos saber en qué línea están. Antes, el ministro Beyer ya fue destituido, y queremos saber si el ministro Eyzaguirre está haciendo el trabajo. Queremos respuestas concretas a los estudiantes de la educación superior privada”, plantea.

Tapia agrega que quedaron descolocados cuando el actual Jefe de Educación Superior de la cartera, Francisco Martínez, señaló en la Comisión de Educación de la Cámara que sería la Fiscalía la encargada de investigar los temas de lucro: “Martínez planteó que las investigaciones a las universidades privadas se verán solo en el Ministerio Público. No nos deja conformes porque ellos tienen facultades, y sus estudiantes y trabajadores están expectantes. Lo mismo pasa con la Universidad Arcis, sus trabajadores están en paro y no tienen respuesta. Se ha dicho que esa universidad tiene fondos retenidos y el Mineduc no hace nada”.

La vocera de los secundarios de la ACES, Lorenza Soto, también hace referencia a la situación de los trabajadores de la Arcis, y plantea: “Frente a todos los hechos que han acontecido en el último tiempo, queremos mantener el cuestionamiento a Nicolás Eyzaguirre, ministro de Eduación. Aparte de bajar en las encuestas que se dieron el día de ayer (miércoles), se ha desentendido de los casos de lucro, tanto en el grupo Laureate como en el grupo de la universidad Arcis”. La escolar suma argumentos, y dice que no se estaría buscando terminar con el lucro: “No podemos tener a un ministro que ha sido gestor del CAE, que sigue insistiendo en no finalizar el lucro, sino solo en fiscalizarlo”.

Consultada sobre si la FECH apoyará la presentación del escrito, la presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, aclara que el tema no ha sido discutido en sus asambleas, pero coincide en que Eyzaguirre tiene herramientas: “Todos sabemos en Chile que existe lucro en la educación superior, aunque no es legal. Entonces aquí se requiere voluntad política. La ley, lamentablemente, no es garante de que esos estudiantes tengan la seguridad… ellos están en la incertidumbre que se pueda repetir un caso como el de la Universidad del Mar, y la exigencia es que el Ministerio se haga responsable y que se haga responsable ahora. No podemos estar a la espera de la aprobación de un proyecto de ley, cuando el Ministerio ya tiene las facultades para pronunciarse, ya tiene las facultades para tomar decisiones en torno a estas universidades que están siendo cuestionadas”, aclara.

Las "patitas calientes" de Eyzaguirre

Actualmente, el Mineduc tiene abiertas siete investigaciones contra planteles de educación superior acusados de lucro o bien de tener desórdenes financieros en sus arcas. A las universidades del Grupo Laureate, Andrés Bello y Las Américas, se suman la Iberoamericana, la Gabriela Mistral, Arcis, San Sebastián y La República.

En el caso de la Universidad de Las Américas, en el informe de rechazo de su acreditación, la CNA cuestionó el traspaso de recursos a su grupo controlador, Laureate, que en los últimos años alcanzó los US$ 18 millones. El CNED se sumó a los cuestionamientos y objetó la utilidad de los contratos con Laureate, lo que lo motivó a enviar esos antecedentes al MINEDUC, cuestión que en definitiva gatilló que el plantel se incluyera entre los que están siendo investigados.

El otro plantel de Laureate que comenzó a indagar el MINEDUC es la Universidad Andrés Bello. Con una matrícula aun mayor a la de la UDLA, la Andrés Bello supera los 40 mil alumnos, y es la más grande de las universidades. El 2013, la CNA le redujo de cinco a cuatro sus años de acreditación, y también detectó traspasos de varios millones de dólares a Laureate.

La otra gigante del sistema que está siendo investigada es la San Sebastián, de la que se duda respecto de los traspasos de fondos entre entidades relacionadas. Las otras cuatro universidades investigadas –La República, Iberoamericana, Gabriela Mistral y Arcis–, son sustantivamente más pequeñas, ninguna supera los cinco mil alumnos. Aunque están igual de cuestionadas.

La Iberoamericana, de la sostenedora de colegios particulares subvencionados, Filomena Narváez, fue objetada por la CNA luego que se detectará gran cantidad de movimientos financieros entre sociedades que tienen los mismos dueños –su familia–, y que son además propietarios de los inmuebles donde opera el plantel.

En el caso de La República, la institución nunca ha podido recuperarse de la crisis que la afectó el 2008, y hoy es investigada para conocer su real situación. De hecho, se duda si efectivamente es capaz de otorgar títulos a sus estudiantes.

La Universidad Gabriela Mistral, actualmente propiedad de la congregación del Sodalicio de Vida Cristiana, es investigada por no informar a la CNA de la operación que significó el traspaso de la propiedad del plantel de las manos de Alicia Romo a sus nuevos dueños.

Mientras que el Arcis, comenzó a ser investigada luego que funcionarios que renunciaron al plantel acusaran desprolijidades en el manejo financiero de la misma.

Desde el Ministerio de Educación indican que estarán atentos a la presentación del documento, aunque se muestran tranquilos ya que afirman Eyzaguirre si ha hecho diligencias para solucionar este tema que tanto preocupa a los estudiantes.

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