El procurador general del Estado pidió a la Fiscalía iniciar acción penal «por delitos de orden público» y que pida «a un juez competente levante secreto de fuente» por el reportaje «De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales'», publicado el 13 de abril pasado, el cual narra detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene a Chile negociar su demanda de una salida al mar.
Un juez boliviano ordenó la reserva en la investigación de la denuncia contra periodistas del diario La Razón por el supuesto delito de espionaje debido a un reportaje sobre la demanda que Bolivia planteó contra Chile en la Corte de Justicia de La Haya, informó el abogado de los informadores, Guery Abuday.
«Estamos comenzado con el proceso, hay una orden de reserva por parte del juez de la causa y se hace imposible cualquier declaración. Pueden entender que estamos sometidos a lo que dice la ley», dijo Abuday a los medios.
El abogado hizo estas escuetas declaraciones al acompañar a la directora de La Razón, Claudia Benavente, y al periodista del mismo medio Ricardo Aguilar en su comparecencia ante el fiscal Facundo Coronel, que investiga la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Héctor Arce.
Arce solicitó a la Fiscalía iniciar acción penal «por delitos de orden público» y que pida «a un juez competente levante secreto de fuente» por el reportaje «De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales'», publicado el 13 de abril pasado.
La nota narra detalles de la forma en que Bolivia elaboró la demanda contra Chile presentada en abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para pedir un fallo que ordene a Chile negociar su demanda de una salida al mar.
La defensa de los informadores pidió la declinación de la competencia del fiscal y del juez porque la denuncia debió tramitarse en función de la Ley de Imprenta, por lo que Coronel decidió posponer la toma de declaraciones hasta resolver esa petición.
Los trabajadores del diario protestaron en la Fiscalía paceña para ratificar que legalmente el secreto de fuente no puede ser levantado por orden judicial alguna y reclamaron que se aplique la Ley de Imprenta vigente desde 1925 si se considera que hay delitos.
No obstante, un juez ya ordenó que ese secreto fuera levantado y que el periodista revele en el plazo de tres días los nombres de quienes dieron a conocer la supuesta información reservada.
La Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a varios medios impresos, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos criticaron la denuncia de la Procuraduría y alertaron sobre el riesgo de que afecte a la libertad de expresión.
Los gremios bolivianos lamentaron que la denuncia ocurra en vísperas del Día del Periodista, que se recuerda mañana en Bolivia.
El secretario ejecutivo de la ANP, Juan León, que participó en el acto de apoyo a los periodistas, opinó que la denuncia contra el diario «está muy tirada de los pelos» y que esa asociación defiende de forma intransigente la vigencia de la Ley de Imprenta.
Según León, la denuncia «puede interpretarse como una suerte de amenaza» a los medios para que no publiquen cosas que le «incomodan al Gobierno» o que a éste «no le importa» la vigencia de la normativa que ampara el trabajo del sector.
Por su parte, Arce aseguró que no quieren atentar contra los medios o la libertad de expresión y defendió que hay procedimientos jurídicos como los que encara Bolivia contra Chile que necesitan mantenerse en reserva por una disposición de la misma CIJ.
El procurador dijo que no hay ningún temor sobre el curso de la demanda, pero reclamó una reflexión, un «esfuerzo» y «sacrificio» de todos, incluidos los periodistas, para llevar adelante el juicio contra Chile.
El funcionario hizo las declaraciones tras asistir a la posesión del nuevo secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima de la Cancillería, Emerson Calderón, un abogado y experto en relaciones internacionales.
