La indagación se remonta a 2001, cuando fue admitida la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares por parte del que fuera titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que en 1999 procesó al dictador Augusto Pinochet.
El juez español Pablo Ruz rechazó hoy archivar la causa en la que están procesados siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, por considerar que se trata de un delito de terrorismo.
El auto emitido hoy por el juez de la Audiencia Nacional plantea que esa consideración de que se trata de terrorismo exime a esa causa del cierre que propugna la reciente reforma del concepto de justicia universal en España, aprobado por el Gobierno del PP (centroderecha) y ratificado por el Parlamento.
En el auto, el juez Ruz explica que esta causa debe seguir abierta tras haberse acordado el procesamiento por terrorismo y ser la víctima española, por lo que considera que en este caso «concurren los supuestos necesarios para afirmar la competencia de la justicia española».
No obstante, el juez extiende el procedimiento a los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal porque entiende que son conexos al de terrorismo.
Es la misma tesis que esta semana esgrimió otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, para seguir investigando el asalto a la Embajada española en Guatemala en 1980 por terrorismo y por delitos conexos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de género, torturas, asesinato y detenciones ilegales.
En esta misma resolución, Ruz reitera la comisión rogatoria remitida en enero a las autoridades chilenas para que se le informe si existe en ese país una investigación al respecto.
Una vez recibida respuesta, anuncia que elevará exposición razonada al Tribunal Supremo para determinar si en Chile existe disposición a actuar en relación con este crimen.
En Chile, el pasado año, un juez ordenó reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio 1976 por agentes de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.
La investigación en España del asesinato del diplomático español se remonta a 2001, cuando fue admitida la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares por parte del que fuera titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que en 1999 procesó al dictador Augusto Pinochet.
Según el auto de procesamiento, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por agentes de la DINA, «instrumento de represión política de la dictadura militar», mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, en plena dictadura militar (1973-1990).
