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Joven universitario asesinado en cuartel policial en 1985

Caso Randolph: llega a su fin unos de los más misteriosos crímenes de la dictadura

por 28 mayo 2014

Caso Randolph: llega a su fin unos de los más misteriosos crímenes de la dictadura
A 29 años de su ocurrencia, el ministro especial de Derechos Humanos Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, se encuentra realizando las últimas diligencias solicitadas por la familia del universitario José Randolph, tras lo cual se estima que cerrará el sumario. Además del crimen del estudiante, que no poseía militancia política alguna, en torno a estos hechos se produjeron dos secuestros e incluso la CIA norteamericana llegó a averiguar al respecto.

La madrugada del 26 de mayo de 1985, el entonces estudiante de ingeniería civil mecánica de la Universidad de Concepción, José Randolph Segovia, regresaba a su pensión del barrio universitario tras haber participado de una fiesta en Talcahuano.

De acuerdo a la versión oficial, conducía en estado de ebriedad su automóvil, un Seat Fura, y por ello golpeó unos conos de vigilancia ubicados en avenida Colón, frente a un retén de Carabineros que había al frente del Club Hípico de Concepción.

Según la versión recopilada por la periodista María Eliana Vega en su libro No hay dolor inútil, el muchacho siguió su camino y “al llegar a la pensión en que vivía, en calle Chorrillos, fue interceptado por un carabinero de guardia ante la residencia del jefe de la IV zona de Carabineros. Tras un llamado, un furgón policial llegó hasta el lugar y se llevó detenido a José Randolph”. El destino fue el Hospital Regional, donde le practicaron la alcoholemia, y luego de ello la antigua Segunda Comisaría de Concepción, en calle Ongolmo con Brasil, en el sector norte de Concepción.

Como consigna Vega, “desde allí y según el parte policial se habría fugado. Dos días después fue encontrado en los roqueríos de Rocoto, a más de 20 kilómetros del lugar donde estuvo detenido” y a orillas del mar, en lo que hoy es la comuna de Hualpén.

De acuerdo a la policía uniformada, el joven se había escapado en la madrugada, debido a que lo habían dejado en la guardia, en vez de un calabozo. Sin embargo, nada de ello calza. Desde ese sitio, ubicado en el centro de Concepción, habría llegado a pie hasta Rocoto, desde donde se habría lanzado por un acantilado de unos 100 metros de altura, no sin antes escribir una nota de suicidio, que indudablemente se cree fue escrita bajo presión.

“Padres, perdónenme pero la verdad no aguanté esta situación. Siempre he dejado la crema. Adiós. Rigo. Vine al mar pues siempre lo quise. Me marché para no regresar, pero fui feliz pues fui al mar”, rezaba la nota. Un detalle llamativo de ella es que la firmó como “Rigo”, apodo que tenía desde pequeño y que nadie en Concepción (su familia paterna vivía en Iquique en ese momento) usaba, dado que todos lo conocían como “Pepe”. Hasta el día de hoy su hermana Catina cree que fue una suerte de mensaje subliminal para que su familia entendiera que no era él en realidad quien escribió eso, que estaba siendo obligado.

Y, por cierto, la nota suicida no encajaba con lo establecido en la segunda autopsia que se hizo al cuerpo de José, que determinó que las lesiones por las cuales había fallecido eran claramente inferidas por terceros “por la aplicación de una violencia mecánica contundente con inusitada magnitud”, como consigna el libro de Vega, que también recoge otro elemento esencial del caso: Randolph nunca salió de la comisaría por sus propios medios.

Secuestros y amenazas

La investigación, asumida por el ministro en visita José Martínez Gaensly, fue extremadamente compleja. Mirta Navarrete, esposa de Eli Farías, actuario del ministro Martínez, fue secuestrada dos veces por desconocidos que la golpearon y le propinaron diversos cortes en el cuerpo, diciéndole que el juez debía dejar de investigar.

La nota suicida no encajaba con lo establecido en la segunda autopsia que se hizo al cuerpo de José, que determinó que las lesiones por las cuales había fallecido eran claramente inferidas por terceros “por la aplicación de una violencia mecánica contundente con inusitada magnitud”, como consigna el libro de Vega, que también recoge otro elemento esencial del caso: Randolph nunca salió de la comisaría por sus propios medios.

El primer plagio, el 21 de junio, fue cometido por tres encapuchados que la secuestraron en la calle, la subieron a un furgón y le marcaron una cruz en el pecho, con un cuchillo. El segundo, cuando ya se había designado una ministra en visita (Ana Espinosa) ocurrió el 26 de julio, cuando un hombre y una mujer la atacaron en su casa, marcándole ahora una cruz en la frente, esta vez con una hoja de afeitar, y pese a que, por orden de la ministra Espinosa, había una pareja de uniformados que custodiaban su casa.

El abogado que asumió la causa de los Randolph, Julio Sáez, en tanto, decidió dejarla, tras ser amenazado.

Pese a todo ello, Martínez Gaensly sometió a proceso a los dos subtenientes de guardia esa noche, Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez, a quienes acusó del homicidio, pero dichas encargatorias de reo fueron revocadas por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Muchos años más tarde, el juez Aldana, que reabrió la causa el 2010 tras una solicitud de Catina Randolph, hermana de José, los sometió a proceso nuevamente y hoy está centrado en investigar –a petición de la querellante– los testimonios de todos los carabineros que estuvieron de guardia esos días en la Segunda Comisaría de Concepción y en la entonces Cuarta Comisaría de Talcahuano.

El cable de la CIA

La versión de una golpiza al interior de un recinto policial se sustenta no sólo en lo que el ministro Martínez investigó, sino también en un documento desclasificado de la CIA, fechado el 21 de junio de 1985 y titulado Comments on human rights and internal carabinero reforms, que se refiere al caso.

El texto negro se refiere a una fuente cuyo nombre está borrado, y que “citó el homicidio de José Randolph Segovia, un estudiante universitario de Concepción, Chile, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de mayo, tras haber sido detenido por Carabineros. El capitán de Carabineros a cargo de la unidad donde Randolph estuvo detenido reportó oficialmente que Randolph había sido liberado por los carabineros y no había muerto bajo su custodia”.

No obstante, como segundo punto, el cable señala que “los hechos de este caso (tachado) son que Randolph fue arrestado por cargos de conducción en estado de ebriedad cuando golpeó una barricada de Carabineros en frente de la casa de un oficial. Él escapó de la custodia, fue recapturado y maltratado en la unidad policial y murió allí, después de lo cual se realizó un torpe intento de encubrir el crimen”.

Un elefante blanco

Catina Randolph está confiada en el proceso, en el ministro y en sus abogados (Rafael Poblete y David Vargas), sobre todo luego de que –el año pasado– la misma Corte penquista determinara, ante una petición de los ex carabineros, que el homicidio de su hermano fue un crimen de lesa humanidad.

–Todos estos años luché sola, sin abogados, sin partidos políticos, en contra de un verdadero elefante blanco –relata, recalcando que el hecho tuvo un costo familiar mucho más alto que la muerte de su hermano. Con la voz entrecortada, recuerda que en 1990 su padre, aquejado por el dolor, decidió autoeliminarse, dejando una carta en que explicaba sus razones, camino que en 1993 siguió su madre.

–La muerte de mi hermano no sólo fue “un error”, como lo dijo en su momento el general Mendoza. Significó la destrucción de una familia –puntualiza.

Recalcando que José fue torturado antes de morir, como lo establecen los informes médicos, señala que su principal objetivo es conocer la verdad de lo que sucedió pero, asimismo, lograr que los culpables respondan por sus delitos: “Mientras mi hermana y yo no sepamos el por qué y que los responsables están pagando, no vamos a poder cerrar el duelo”, concluye.

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