Acusan a la autoridad de «criminalizar» al movimiento estudiantil
Los dirigentes llegaron hasta la sede del gobierno regional metropolitano con el fin de pedir autorización para marchar por el centro de la capital el próximo martes de 10 junio. Sin embargo, descartaron volver a reunirse con la autoridad mientras no se retiren las querellas presentadas contra los estudiantes de la U. de Chile Camilo Díaz y Bryan Seguel.
Aunque concurrieron hasta la Intendencia Metropolitana a pedir autorización para la marcha que convocaron para el próximo martes 10 de junio, los dirigentes secundarios y de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se restaron este martes de una reunión con el intendente Claudio Orrego, lo que marcó un quiebre con la autoridad regional, a quien acusan de haber «criminalizado» al movimiento estudiantil.
Lo anterior, explicaron los propios dirigentes, por las querellas presentadas contra los estudiantes de la Universidad de Chile Camilo Díaz y Bryan Seguel. El primero permanece en prisión preventiva en el Penal Santiago I imputado por, supuestamente, llevar una bomba molotov en su mochila durante la marcha del pasado 8 de mayo. Seguel, en tanto, está con firma mensual y arraigo nacional como único imputado por la brutal golpiza que sufrió el pasado 1 de mayo el teniente de Carabineros Felipe Vidal.
Al respecto, la presidenta de la FECh, Melissa Sepúlveda, manifestó que «hemos decido no asistir y no continuar con el vínculo con la Intendencia, que solicitó una reunión con los movimientos sociales para acordar ciertos niveles de protocolo», esto respecto a la marcha organizada, y explicó que «hemos visto interrumpida esta relación por la criminalización de los estudiantes movilizados».
Sepúlveda condicionó la normalización de la relación con Orrego al retiro de las acciones legales contra ambos estudiantes, y con una explicación sobre la información que entregó el Ministerio Público en la segunda audiencia de formalización de Bryan Seguel, oportunidad en la que el fiscal reconoció la existencia de «un organismo de inteligencia que investiga a los estudiantes que asisten a la las marchas a través de redes sociales».
La dirigente confirmó que incluso la propia Rectoría de la Universidad de Chile enviará a un representante hasta la Intendencia para solicitar el retiro de dichas querellas.
En la misma línea, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, y su par de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, indicaron que su decisión de no reunirse con Orrego era en apoyo a los estudiantes «criminalizados por la Intendencia y Fiscalía». Al mismo tiempo, Soto aprovechó de criticar las últimas declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, sobre las tomas en los colegios emblemáticos.
Los jóvenes sí solicitaron permiso para marchar el martes desde las 10:30 horas, por la Alameda, desde Plaza Italia hasta la Plaza Los Héroes.
Señalaron que el fin de la marcha es manifestar la disconformidad que existe entre los estudiantes con la reforma educacional, ya que consideran que el gobierno hasta el momento «no ha hablado nada del fortalecimiento de la educación pública» y, además, debido a la supuesta falta de participación de los jóvenes en la discusión de la iniciativa que fue enviada al Parlamento.
Asimismo, se quejaron de que los proyectos se estén anunciando por «goteo», en vez de ser presentados como una «reforma general».
