Cámara aprobó su conformación por 47 votos a favor y 15 en contra
El diputado Fuad Chahín (DC) sostuvo que “este es uno de los temas donde la opinión pública percibe que hubo no sólo conflictos de interés, sino episodios aún muy oscuros que deben ser investigados, pues hay impacto en todos los chilenos, a través del efecto que este caso tiene en los fondos de las AFP».
Por 47 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la petición formulada por 51 diputados, para crear una Comisión Investigadora encargada de «abocarse a conocer los hechos relativos al conflicto que se habría producido entre el accionista mayoritario de las sociedades que controlan la empresa Soquimich y los accionistas minoritarios de las mismas, con ocasión de operaciones bursátiles realizadas por el primero en perjuicio de los segundos».
La instancia deberá además «investigar el rol que les cupo a las autoridades del gobierno anterior en esta materia, particularmente lo relacionado con eventuales conflictos de intereses; analizar la normativa que establece las facultades fiscalizadores de las superintendencias, y proponer medidas tendientes a fortalecer las regulaciones legales para transparentar el mercado de las transacciones bursátiles.»
La solicitud fue ingresada el martes último por los diputados DC Fuad Chahin, Gabriel Silber y Ricardo Rincón. Según lo informado por el diputado Chahín, “este es uno de los temas donde la opinión pública percibe que hubo no sólo conflictos de interés, sino episodios aún muy oscuros que deben ser investigados, pues hay impacto en todos los chilenos, a través del efecto que este caso tiene en los fondos de las AFP. Paralelamente a las acciones judiciales, en nuestro deber abocarnos a investigar tal como lo faculta la Constitución».
El texto señala que “una de las aristas más graves del tema dice relación con el eventual involucramiento de autoridades de gobierno en una contienda empresarial de envergadura, que incluiría al ex Presidente de la República, Sebastián Piñera. Incluso, se filtraron correos electrónicos en que el ex subsecretario de Hacienda, en calidad de ministro subrogante, habría intercedido, ante el Superintendente de Valores y Seguros, en concomitancia con el director de una de las empresas comprometidas y, además, el controlador de ‘las cascadas’ y de la empresa Soquimich, Julio Ponce Lerou».
Del mismo modo, se hace mención al tratamiento de este tema en el Comité Político del ex Presidente. Todo lo anterior, en el marco del «fideicomiso ciego», que suponía la prescindencia del Presidente de la República en la administración de sus negocios, mientras ejercía la primera magistratura.
En este caso aparecen como protagonistas Julio Ponce –accionista mayoritario de las sociedades que controlan la principal productora mundial de litio, Soquimich (SQM)– y los accionistas minoritarios. Entre estos figuran las AFP y la administradora de fondos de inversión Moneda.
Las sociedades que controla SQM están vinculadas bajo el sistema de cascadas, un esquema legal, pero que en este caso derivó en un fuerte conflicto: el supuesto perjuicio que habrían sufrido los minoritarios por operaciones realizadas por Ponce (compra y venta de acciones). Según la investigación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el directorio de las sociedades cascada remataba acciones de otras sociedades de la cascada a precios bajo mercado. Luego, otras sociedades de inversión, ligadas a Ponce, compraban esos títulos. Esto, para vender posteriormente de vuelta a las sociedades cascada, esta vez, a precios sobre mercado.
