El organismo estatal inició una acción legal en contra del ex director del INE en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por las presuntas irregularidades presentes en el Censo 2012.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, por el presunto delito de falsificación de instrumento público, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte por las presuntas irregularidades presentes en el Censo 2012.
Según consignó La Tercera, el organismo estatal presentó la acción legal ante el Séptimo Juzgado de Garantía. En ésta, se detallan los avances que ha tenido la investigación y que permiten presumir la existencia de un eventual delito.
“Los hechos indagados hasta ahora giran en torno al presunto falseamiento de cifras del Censo 2012, mediante la inclusión de datos no reales sino sólo estimados, a partir de una metodología de levantamiento de la información que se distancia de la que debió ser aplicada”, indica el documento.
De acuerdo a las indagatorias realizadas por el fiscal José Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, el Censo 2012 estaba considerado como “censo de hecho”, sin embargo, el ex director del INE decidió cambiarlo a uno “de derecho”. En el primer caso, se contempla que la medición se efectúe en un solo día feriado. En tanto, en el segundo, se realiza en un período más extenso, el que permite obtener mayor información de las personas.
“El cambio de metodología fue informado a los organismos internacionales –en reunión llevada a efecto en octubre de 2011–, lo que hizo presumir que, por lo intempestivo de la decisión, ello podría afectar los resultados del censo”, consigna la querella.
Y agrega: “Los problemas de adulteración de datos oficiales se habrían presentado con dos grupos: las viviendas no logradas y las con moradores ausentes (…) al no realizarles la encuesta, se aplicó un sistema de imputación de otra vivienda similar a la no censada, es decir, se usó un clon, que idealmente era del mismo sector o cuadra, y sus datos se repitieron exactamente a la vivienda no censada. Esta fórmula sólo podría ser usada para la estimación de la población, pero en este caso, también se usaron las características personales, tales como la religión».
De igual forma, asegura que en los documentos oficiales del censo no se consigna “la extensión de la aplicación de este mecanismo a viviendas no censadas ni a qué datos se aplicaron». Incluso, dice que «Labbé ordenó estimar 90.000 viviendas más, que son aquellas que surgen de la diferencia del precenso (levantamiento de datos previo al censo) de las viviendas y construcciones existentes, que deben ser censadas en el proceso, con las supuestas viviendas nuevas (…) estimadas según el crecimiento de viviendas estimadas en el período”.
Según la querella, «al entregarse el documento oficial del Censo 2012 y omitirse cuáles datos eran reales y cuáles estimados, se indujo mediante falsedad a creer que los datos allí consignados fueron realmente censados, para ocultar o disfrazar la alta tasa de omisión».
El Consejo de Defensa del Estado pidió a la Fiscalía que se interrogue a los expertos que analizaron el censo, a funcionarios de la Cepal y del Minvu, entre otros.
