Los cambios a la normativa implican acoger parte de las 185 observaciones en materia de derechos humanos que plantearon a Chile los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión de enero pasado.
El Gobierno impulsará modificaciones a la ley antiterrorista vigente en el país, acogiendo observaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, informaron hoy fuentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Además de los cambios a la legislación antiterrorista, el Ejecutivo planteará la despenalización del aborto en determinados supuestos y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, indicó la abogada del INDH Paula Salvo, durante un encuentro con corresponsales extranjeros.
Estas iniciativas serán anunciadas durante la reunión de Examen Periódico Universal (EPU) que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará el próximo 19 de junio en Ginebra (Suiza).
Salvo precisó que los cambios a la ley antiterrorista implican acoger parte de las 185 observaciones en materia de derechos humanos que plantearon a Chile los países miembros del consejo en su sesión de enero pasado.
Las objeciones se centran básicamente en que la normativa antiterrorista chilena no se ajusta a los estándares internacionales, a lo que se suma que su aplicación procesal se ha concretado básicamente en casos contra miembros de la etnia mapuche, lo es considerado discriminatorio.
Adicionalmente, se objeta que la invocación de la ley en una determinada causa sea resorte de la fiscalía pública, sin necesidad de que esa determinación se ratificada por un juez de garantía.
La abogada anticipó que el tema «está siendo abordado por el Ministerio del Interior, que formará un grupo de trabajo amplio para estudiar reformas a la ley», la cual fue promulgada en 1984 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Otras de las observaciones de las que se hará cargo el Gobierno serán aquellas que cuestionan la penalización del aborto.
Estas ya fueron anticipadas por la presidenta Michelle Bachelet, al anunciar en cuenta pública a la nación el 21 de mayo que se promoverá la legalización del interrupción del embarazo en caso de inviabilidad absoluta del feto, peligro de vida de la madre y violación.
En el caso del respeto a los derechos a de los pueblos originarios, también se considera consagrarlos en las reformas a la Constitución que forman parte del programa de Gobierno de Bachelet.
Salvo sostuvo que aún no se ha definido quienes concurrirán a la sesión en Ginebra en representación del Gobierno.
Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como entidad estatal independiente, estará representada por su directora, Lorena Fríes.
