El dirigente regional Alán Céspedes acudió hace unos días al Tribunal Supremo de la UDI para pedir la expulsión de los involucrados en el Caso Penta y aseguró que la directiva no ha cumplido con las obligaciones que imponen los estatutos del partido.
El ex consejero nacional de la UDI y militante hace 25 años, Alan Céspedes, presentó el viernes 13 de marzo un requerimiento formal para solicitar al Tribunal Supremo de los gremialistas la expulsión de Jovino Novoa, además de los parlamentarios involucrados en el Caso Penta: Iván Moreira, Felipe de Mussy, Ena von Baer. Y, además, pidió la salida de la directiva por su rol en el caso.
El militante explicó que, luego de esperar “pacientemente que el partido actuará en contra de los involucrados en el financiamiento irregular de las campañas”, decidió presentar el requerimiento porque en la UDI está instalada una “cultura de la corrupción” y responsabilizó a los dirigentes históricos y a la directiva del partido: “Hace ocho meses que estamos esperando que se tomen medidas. Los dirigentes están tratando de encubrir los ilícitos y han impedido que el Tribunal Supremo sancione a los involucrados”, aseguró.
Sobre la estrategia adoptada por la directiva, de esperar las resoluciones judiciales antes de sancionar a los involucrados, Céspedes acusó incumplimiento de sus deberes y sostuvo que han establecido “una falsa doctrina”. “La directiva ha instalado esta falsa doctrina de establecer que el partido sólo va a actuar cuando estas personas tengan sentencias judiciales. No corresponde sancionar a los involucrados utilizando para ello las instancias judiciales normales. Eso es aberrante y antiestatutario”.
Según Céspedes, los estatutos del partido sostienen que es el Tribunal Supremo el encargado de aplicar las sanciones: “Los partidos políticos tienen sus propios órganos juridisccionales que están encargados de actuar cuando existen transgresiones a la ética partidista, cuando hay un daño a la honra del partido y cuando se actúa de manera no proba, como hemos visto en el Caso Penta”.
Además, Céspedes afirmó que era obligación de la directiva presentar la denuncia ante el Tribunal Supremo: “La directiva tiene la obligación estatutaria de presentar las denuncias en el TS y hasta el día de hoy no lo han hecho. Creo que ha sido intencionalmente, ellos están tratado de inhibir su funcionamiento”.
Desde el Tribunal Supremo acusaron recibo del requerimiento y deberán estudiar su admisibilidad durante los próximos días. El presidente interino de la UDI, Javier Macaya, consultado sobre este tema, sostuvo que “el Tribunal Supremo actúa de forma autónoma. Cualquier militante que quiera hacer un requerimiento tiene todo el derecho de hacerlo, luego el TS evalúa si cumple con los requesitos de admisibilidad”, explicó.
A su vez, Céspedes emplazó a Javier Macaya a dejar que el Tribunal Supremo funcione y advirtió que si la institucionalidad del partido no funciona, acudirá a instancias judiciales externas del partido. De todos modos, Javier Macaya afirmó que aún no ha sido notificado formalmente del requerimiento y tiene que revisarlo antes de pronunciarse.
