Opinión
Estas decisiones no hacen más que dar cuenta de una Universidad Católica que funciona de espaldas a la comunidad. Hoy quienes se ven afectados e interpelados son todos los actores de nuestra universidad, estudiantes, académicos y trabajadores que no son tomados en cuenta de ninguna forma en la construcción de una institución que hoy en día requiere urgentemente de transformaciones.
El caso del profesor Costadoat y su no renovación de su «misión canónica» por parte del monseñor Ricardo Ezzati ha causado conmoción al interior de la Pontificia Universidad Católica.
El mundo estudiantil no se ha quedado callado ante dicha decisión, esta vez es la plataforma política Crecer UC, primera fuerza política del llamado Consejo Feuc, los que emplazaron a las autoridades de su universidad a democratizar todos los espacios, por medio de un comunicado.
«Los últimos aconteceres en la Universidad Católica de Chile no han dejado indemne a nadie. En menos de 4 meses, dos profesores han tenido que abandonar injustamente las aulas de esta Universidad, dos profesores que no han tenido, precisamente, una trayectoria desapercibida en nuestra casa de estudios: el profesor Patricio Miranda de la Escuela de Trabajo Social, y el profesor Jorge Costadoat SJ de la Facultad de Teología.
En respuesta al Rector, en su carta al Mercurio del 29 del presente, primero cabría dar cuenta que independiente de las atribuciones que tenga el Cardenal Monseñor Ezatti, éste pasó a llevar todos los conductos académicos propios de la Facultad de Teología y de la Universidad. Ya que a pesar de la positiva evaluación académica del profesor y de haber pasado por alto los mecanismos evaluativos propios de la Facultad, como la Comisión de Evaluación Académica y el Consejo de Facultad, el profesor fue alejado de la enseñanza aludiendo a que el contenido de sus cátedras no era adecuado para estudiantes del pregrado, aunque sí lo podría hacer en postgrado, dando cuenta de una noción que comprende al estudiante y a la comunidad en general, como actores pasivos e incapaces de pensar críticamente. Con esto no sólo se pasa a llevar a los estudiantes sino también a los ya más de cien profesores que han mostrado su apoyo al profesor Jorge Costadoat Sj y su rechazo a la decisión de Ezatti.
Además de las incongruencias y contradicciones entre las explicaciones que se han presentado, es necesario recordar que el profesor no sólo impartía sus ramos a estudiantes de teología, sino que, dado su visión profundamente social de la religiosidad, sus ramos eran tomados por estudiantes de toda la Universidad, de esta forma la decisión que tomó Monseñor Ezatti, afecta y pasa a llevar a toda la comunidad universitaria. Porque en estos últimos cuatro meses la comunidad ha perdido a dos tremendos docentes y más allá de que uno haya sido despedido, con el aval del Rector, mientras a otro no se le haya renovado la Misión Canónica por parte del Gran Canciller ambos hechos son gravísimos. No sólo porque en un caso, ha implicado la intervención de la Iglesia Católica –por más que esté permitido estatutariamente en la Facultad de Teología1- en esta materia, si no que porque ambas decisiones han estado rodeadas de desinformación, de silencios y puertas cerradas. Y más grave aún, porque cuando se ha dado alguna superficial explicación, se ha apelado a una falta de seguimiento de la “identidad” de la Universidad Católica por parte de los docentes, lo que ha hecho estar a ambos profesores fuera de la “esencia” de nuestra casa de estudios, y también de la Iglesia Católica.
Estas decisiones no hacen más que dar cuenta de una Universidad Católica que funciona de espaldas a la comunidad. Hoy quienes se ven afectados e interpelados son todos los actores de nuestra universidad, estudiantes, académicos y trabajadores que no son tomados en cuenta de ninguna forma en la construcción de una institución que hoy en día requiere urgentemente de transformaciones. Porque hoy más que nunca nos damos cuenta de que somos parte de una institución que sirve a los intereses de unos pocos, que es incapaz de pensarse críticamente y que impide que su comunidad pueda hacerlo. No es ser alarmista, es darnos cuenta del lugar en que estamos y las lógicas que imperan: una producción de conocimiento orientada a reproducir un sistema injusto y una universidad donde imperan lógicas indignantemente autoritarias.
Pero hay quienes pensamos diferente. Muchos, fuera de nuestra jerarquía universitaria y eclesiástica, estamos convencidos que la universidad no es un espacio esencialmente determinado, si no que es una construcción conjunta de una comunidad plural, la que alberga distintos pensamientos, perspectivas e ideologías. Es por esto que los hechos que hoy ocurren deben marcar un precedente: no estamos hablando solamente de quitarle el trabajo a una persona, estamos hablando de una censura. Aquello que se ha profesado como la “libertad de cátedra” en nuestra universidad como un principio rector de la generación de conocimiento de ésta, se ha violado en la medida que hay cosas que ya no pueden decirse más, no son tolerables.
Y eso no debe dejarnos inertes: debe interpelarnos. La sorpresa ha sido grande, y la reacción lenta por la falta de información y por el impacto; pero no debemos dejar que prácticas se entiendan como simples hitos aislados, islas en un vasto océano.
Estos hechos ocurridos en la Pontificia Universidad Católica de Chile -una que disputa ser la mejor de nuestro país-, son hechos que transgreden a quienes por años hemos luchado por una universidad democrática y que deseamos sea pública. El peso que hoy tienen nuestras autoridades, la poca escucha a la comunidad universitaria, la toma de decisiones arbitrarias, son estructuras con las cuales debemos luchar, y no permitirnos lidiar. Este es el tiempo en que debemos organizarnos y decir “¡basta!”.
Es frente a esta realidad que vivimos en la Universidad Católica, en que debemos ser enfáticos en manifestar que la falta de democracia a la interna de nuestra casa de estudios, es lo que se pone en tela de juicio. Es por esto, que no podemos quedarnos en silencio frente a los pronunciamientos de nuestro Rector, quien pareciera implemente hacer oídos sordos frente a los reclamos de la comunidad universitaria.
De este modo, hacemos la invitación tanto a nuestro Rector como a las autoridades de nuestra Universidad a observar los procesos de democratización que en estos momentos viven otras casas de estudio, como la Universidad de Playa Ancha o la Universidad de Chile, para que, recogiendo su experiencia y democratizando realmente el gobierno universitario de la UC, podamos hablar alguna buena vez con sinceridad de “comunidad universitaria”, de manera que nunca más, apelar a dicho concepto, sea sinónimo de pensar en una comunidad fragmentada, asustada y censurada.
Y, así mismo, es necesario recalcar que hoy somos los estudiantes, en conjunto con académicos y trabajadores, quienes debemos movilizarnos para que efectivamente podamos abrir espacios democratizadores dentro de nuestra Universidad. La fuerza de la movilización social, ha ganado en concreto la derogación de aquellos decretos que prohíben la organización estudiantil dentro de la Universidad.
Hoy, como parte del Movimiento Social por la Educación, los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, tenemos el deber de salir a las calles exigiendo que se legisle en positivo en materia de democracia universitaria, ya que es la única forma en que podamos asegurar que en nuestra Universidad no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos y, lograr que de una buena vez podamos hablar realmente
de “Comunidad Universitaria”».
Plataforma Crecer UC
