Davor Harasic es socio de Harasic & López Ltda., parte de la defensa de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, acusados de cohecho y delitos tributarios, en el marco del caso Penta.
Hoy asumió como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, socio de Harasic & López Ltda., quien es parte de la defensa de los controladores de empresas Penta. El abogado obtuvo un 53% de las votaciones en segunda vuelta y fue electo para dirigir a la que es reconocida como «la escuela de Derecho de Chile».
En su discurso inaugural llamó a dar por superadas las desavenencias del pasado y a trabajar por el respeto a la pluralidad, asumiendo un compromiso formal de recomponer una sana convivencia académica, conformando un equipo que promueva y practique los valores del respeto, el diálogo, la transparencia, la excelencia y el compromiso.
“Nuestra generación tendrá la ocasión de ser protagonista de uno de los acontecimientos más relevantes y excepcionales para toda República, esto es, el ejercicio por parte del pueblo de su potestad constituyente originaria. La Universidad de Chile, atendida la excelencia de sus estamentos académico y estudiantil, su pluralismo interno y su vocación de servicio público, está llamada a desempeñar un rol activo en la promoción de una amplia y compleja deliberación pública, como asimismo a brindar la asesoría que resulte pertinente para el buen desarrollo y término de este proceso”, añadió.
Relacionado con lo anterior, Harasic solicitó al rector Vivaldi que la Casa de Bello “convoque, auspicie y comprometa el concurso coordinado de las labores de investigación y de extensión que sus Facultades, Institutos y Centros puedan desplegar en pos de esta iniciativa sobre la cual nuestro Departamento de Derecho Público ha comprometido unánimemente su involucramiento”.
Harasic no sólo es profesor Titular de Derecho Procesal y actual decano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además es socio de Harasic & López Ltda. y, según su informe de prensa, «ejerce como abogado litigante en materias civiles, penales, constitucionales, de libre competencia y contencioso administrativas». Una de esas causas que defiende es la de los controladores del grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, acusados de cohecho y delitos tributarios, en el marco del caso Penta.
Davor Harasic fue presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado. En 1999 tuvo una fallida postulación para ser Fiscal Nacional y entre 2005 y 2008 fue presidente de la ONG Chile Transparente, el capítulo local de la organización Transparencia Internacional.
También encabezó, junto al jurista Raúl Tavolari, una demanda interpuesta por 22 entidades bancarias en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), que precisamente ha buscado mejorar la normativa del sector financiero. El organismo fiscal pretendía que los bancos informen sobre las transacciones internacionales de sus clientes superiores a 10 mil dólares. No obstante, según los 22 bancos que Harasic representó, esta medida atentaba contra el secreto bancario.
Otro antecedente es que en 1995, Harasic se hizo cargo del caso “Pinocheques” como abogado del CDE, pero debió dejarlo a petición del entonces Presidente Frei, quien cerró el sumario “por razones de Estado”. Al año siguiente, en medio de roces con la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, Harasic renunció al organismo cuando éste no apeló al fallo que absolvió al subsecretario del Interior, Marcelo Schilling, y al director de Investigaciones, Nelson Mery, en el marco de las investigaciones por el asesinato de Jaime Guzmán y sobre las labores de inteligencia de la Oficina de Seguridad Pública, más conocida como “La Oficina”.
Además representó a Ricardo Claro, fundador de Mega, cuando este demandó al diario La Nación por “injurias graves con publicidad” a partir de una investigación titulada “Los top ten. La cara civil de la tortura”, que mostraba el rol de Claro como soporte civil de la dictadura, lo que fue desestimado por la magistrada Blanca Rojas, quien no dio paso a la demanda de $1.000 millones de pesos de la época.
