«Lo que hemos pedido de forma reiterada es si existieron los contratos de estas 21 fundaciones -ligadas al oficialismo- con Codelco, y luego, que se entreguen los informes y estudios por los cuales se pagó el trabajo prestado», increpó la diputada RN Paulina Núñez al presidente del directorio de la cuprera estatal, Óscar Landerretche, ante la comisión de Minería.
La Alianza anunció que solicitará a la Contraloría General de la República que investigue los contratos previos a 2010 establecido por Codelco con fundaciones ligadas a la Nueva Mayoría.
La petición fue hecha por parlamentarios de la oposición durante la exposición efectuada por el presidente del directorio de la cuprera estatal, Óscar Landerretche, ante la comisión de Minería.
En la ocasión, el ejecutivo dio cuenta de los contratos e informes de nueve fundaciones que prestaron servicios a la cuprífera entre 2010 y 2015, siendo interrumpido por la diputada RN Paulina Núñez.
«Esta información nosotros ya la tenemos. Lo que hemos pedido de forma reiterada y que está en las actas de esta comisión son las respuestas de, si primero existieron los contratos de estas 21 fundaciones -ligadas al oficialismo- con Codelco, y luego, que se entreguen los informes y estudios por los cuales se pagó el trabajo prestado», sostuvo la parlamentaria.
«A ver, en la citación que recibí para esta sesión se nos pidió profundizar los oficios 48 y 52. Y eso es así y eso es lo que vamos a hacer porque me voy a remitir a lo que fui citado», respondió Landerretche.
«Con los antecedentes que disponemos, no tenemos razón alguna para cuestionar el trabajo que estas empresas u organizaciones han realizado», afirmó el presidente del directorio de Codelco.
En ese minuto, el timonel de la comisión, Luis Lemus (PS), resaltó que «Codelco ha entregado la información».
Entonces, Nuñez insistió: «Le quiero pedir, Presidente, a través suyo, enviar un oficio a la Presidenta de la República para que sea la Contraloría, en virtud del decreto de ley 1.141 que inicie una fiscalización».
Codelco entregó cerca de 30.000 páginas a Lemus, en las que se incluyen parte de los contratos de nueve de las fundaciones en cuestión, consigna hoy El Mercurio.
El diputado de la UDI Felipe Ward fue más allá: «Si en virtud de los antecedentes que tenemos existe alguna presunción de que se está cometiendo algún delito, estamos obligados como funcionarios públicos, desde el punto de vista penal, a proporcionarlos a la fiscalía a través de una denuncia».
En la Alianza tampoco descartaron conformar una comisión investigadora para que aborde el tema.
