Presidió el consejo anticorrupción
El economista recordó que además los aportes de las entidades con fines de lucro implican subsidios tributarios y, aunque la moción puede tener una motivación legítima, «abre un forado» para que uno de los ejes fundamentales de la agenda de probidad finalmente no pueda cambiarse.
El economista Eduardo Engel, quien presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, se refirió hoy miércoles a la controversia generada por la indicación aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en el contexto de la discusión del proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, que busca permitir un aporte a los partidos políticos de hasta UF 500 (unos $12 millones) y que pasó inadvertida para el Gobierno, hasta ahora cuando la rechazó de manera explícita.
Engel afirmó que «las empresas no debieran aportar a la política y punto. Ni a las campañas, ni a los partidos. Si un empresario quiere aportar que lo haga a título personal, no a través de sus empresas. La diferencia es importante, ya que los aportes de empresas conllevan subsidios tributarios que financiamos todos los chilenos y como los empresarios suelen estar a la derecha de la mayor parte del electorado, terminamos con que todos los chilenos subsidiamos a los candidatos preferidos de los empresarios», afirmó a Emol.
Respecto del apoyo entregado por parlamentarios de la Nueva Mayoría a esta iniciativa, Engel reaccionó enfáticamente, señalando que «me parece impresentable. Según se informa por la prensa, el motivo de la indicación habría sido que los partidos puedan recibir ingresos de empresas donde tienen participación. Esta motivación, legítima, no debiera haberse prestado para abrir un forado que permita que todas las empresas sigan financiando la política», agregó.
Precisamente, el diputado que promovió la indicación, Leonardo Soto, a través de un comunicado explicó que «la moción en cuestión tenía el objetivo acotado de abrir el debate sobre una realidad práctica en cuanto a una actual forma de financiamiento de algunos partidos políticos, en particular sobre los recursos que reciben a partir del patrimonio que gestionan fondos de ahorros de inversión o administradoras inmobiliarias», aclarando que «si se entiende que la redacción de la indicación puede abrir un espacio para que las empresas en general sigan aportando a los partidos, entonces manifestamos nuestro absoluto compromiso de introducir las modificaciones que sean necesarias para establecer claramente su prohibición», aseguró.
