Las diputadas Claudia Nogueira y Marcela Sabat pedirán a la Contraloría abrir una investigación al trabajo que desarrolla la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Las diputadas de la UDI y RN, Claudia Nogueira y Marcela Sabat, solicitarán este viernes a la Contraloría General de la República que abra una investigación al trabajo que desarrolla la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz.
«Solicitamos que se disponga el inicio de una investigación para determinar si el Consejo, liderado por su secretaria ejecutiva, ha incurrido en faltas al no cumplir en tiempo y forma las funciones establecidas de manera expresa en el decreto 21 de 2014 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia», señala el oficio en referencia a la norma que dio origen a la entidad.
«Transcurrido más de un año desde su creación, no hemos tenido conocimiento de la entrega del informe sobre esta política nacional», agrega el texto.
De igual modo, las parlamentarias hacen presente en el oficio que «en la página web del consejo falta información necesaria, y además, no consta ningún trabajo o documento de elaboración propia o que dé cuenta de los resultados de las funciones encomendadas de manera especial».
De igual modo, ponen énfasis en el alto gasto fiscal que significa el funcionamiento del consejo: «La secretaría ejecutiva hizo uso de sus atribuciones para la contratación de 52 funcionarios durante el año pasado, quienes significaron un gasto mensual sólo por concepto de remuneraciones de $129 millones, lo que equivale a un gasto anual de $1.552 millones».
«No puede ser que se inviertan más de mil millones, se contrate esa gran cantidad de funcionarios y que doña Estela Ortiz no rinda cuenta de su nulo avance en favor de los niños, niñas y adolescentes», sostuvo la diputada Nogueira a La Tercera.
El 14 de abril de 2014 se creó el Consejo Nacional de la Infancia, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia. En la oportunidad, se designó a María Estela Ortiz como secretaria ejecutiva de la entidad. Ortiz es amiga de la Presidenta Michelle Bachelet, ex colaboradora de su campaña presidencial y su nombre aparece en los antecedentes del caso SQM, por cuanto recibió $32 millones de la empresa de Giorgio Martelli.
El decreto que creó el Consejo para la Infancia establece que el organismo tendría como misión asesorar a la Presidenta en “la formulación de una Política Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia, la que contendrá las medidas, planes y programas de acción específicos que se aplicarán para su ejecución y cumplimiento. Este cometido deberá cumplirse en el plazo de un año contado desde la publicación de este decreto”.
Según las diputadas Nogueira y Sabat este plazo no se ha cumplido.
