Julián López defiende a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín
«Si uno mira la jurisprudencia publicada en materia de delitos tributarios, no encuentra una sola sentencia condenatoria por falsificación ideológica de boletas. Y pese a todo esto, bajo la dirección de (Michel) Jorratt el SII no dudó un segundo en ejercer la acción penal contra mis clientes por esta razón, sin siquiera darles la oportunidad de declarar al respecto», sostiene el profesional.
Para Julián López, el abogado de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, el caso que mantiene en reclusión domiciliaria a sus clientes y presentarlo como una experiencia inédita de acción de justicia frente a los «poderosos» es de una «ignorancia infinita».
«Desde la crisis bancaria de los años 80 hasta las condenas recientes de parlamentarios o autoridades religiosas, los jueces chilenos han demostrado su independencia en muchas ocasiones. Los relatos épicos que se han tejido en torno al caso Penta no solo desconocen esa realidad sino que pretenden ejercer presión ilegítima sobre el sistema judicial: se quiere hacer creer al público que si la fiscalía pierde, no será por las debilidades de su caso sino porque los jueces han sido débiles. Y eso es completamente inaceptable», sostiene en una entre vista que publica hoy El Mercurio.
El abogado explica que el sistema de persecución penal se ha dirigido con un «rigor extremo» en contra de Délano y Lavín, imputándoseles hechos que «tradicionalmente no eran considerados delitos, se les ha atribuido participación en muchos de ellos solo por ser los controladores, se los ha sometido a una extensa privación de libertad que no es frecuente en casos de delitos económicos y han debido sufrir un intenso juicio público que no ha tenido consideración con ellos ni sus familias… En suma, mis clientes han sido sometidos a una persecución penal absolutamente desigual y desmedida».
Julián López explica que hubo un compromiso para que sus clientes no fueran objeto de prisión preventiva con el Ministerio Público por la colaboración prestada, asegurando que este «fue incumplido».
«La forma en que ese compromiso se asumió, el marco en el cual se insertó y los efectos jurídicos de su incumplimiento son cuestiones a las que no me voy a referir», precisó.
Agregó que respecto al argumento esgrimido por la fiscalía en cuanto a que la colaboración de Délano y Lavín fueron relativas, el profesional sostiene que «la colaboración fue y ha sido plena. Los forwards constituyen una irregularidad que mis representados pusieron en conocimiento de los fiscales cuando no había un solo antecedente sobre ellos en la carpeta de investigación. Lo demás son pretextos para tratar de justificar un cambio de opinión que se produjo en medio de un ambiente muy convulsionado al interior de la fiscalía».
Y arremete que sus clientes entregaron voluntariamente la información sobre cuatro operaciones en que prestaron declaración, y posteriormente instruyeron la búsqueda en las sociedades del holding que permitió aportar información sobre otras.
Respecto al financiamiento a campañas de la UDI, López menciona que ellos aportaron dinero que era 100% suyos, a través de sociedades reales que no fueron creadas ni para evadir impuestos ni para financiar la política, y que apoyaron solo a gente con cuyo pensamiento se identificaban.
«El hecho de que hayan actuado así prueba que actuaban por convicción y que no esperaban ningún retorno. lejos de ser una dificultad, me parece que esa es una de las fortalezas de nuestra defensa», sostiene.
El abogado también cita a ex directores de Impuestos Internos para rechazar la posición asumida por la entidad pública en cuanto a que se cambió la doctrina tradicional sobre gastos rechazados.
«Ricardo Escobar fue el primero en hacer ver que los hechos que imputaba el SII no eran constitutivos de delito. Y hace poco, Javier Etcheberry, que fue director por 12 años, ha señalado que es un error penalizar las evasiones tributarias asociadas al financiamiento de la política. Adicionalmente, si uno mira la jurisprudencia publicada en materia de delitos tributarios, no encuentra una sola sentencia condenatoria por falsificación ideológica de boletas. Y pese a todo esto, bajo la dirección de (Michel) Jorratt el SII no dudó un segundo en ejercer la acción penal contra mis clientes por esta razón, sin siquiera darles la oportunidad de declarar al respecto», argumentó.
