Caso Caval
Gestionar cambios al Plan Regulador para favorecer la plusvalía de los terrenos de Machalí que terminaron en manos de la sociedad de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, fue la tarea que el síndico le encargó a Díaz y por la cual le pagó 415 millones, más del doble de lo que él recibió como encargado del convenio judicial de la Agrícola Wiesner. La decisión jamás fue consultada a los acreedores, lo que podría escalar judicialmente y dejarlo fuera de la nómina nacional de síndicos. Una bomba para la exitosa carrera de uno de los profesionales del sector más conocidos del país.
Progresivamente, el caso Caval ha ido poniendo en la mira de la Fiscalía de la Sexta Región, liderada por Luis Toledo, a distintos actores que fueron parte de la trama que involucró la venta de los terrenos en Machalí a Caval, la sociedad controlada en un 50% por la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y que se transformó en un remezón político que perjudicó directamente la popularidad de la Mandataria.
Hoy, el foco está sobre un actor clave: el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien a partir de junio de 2011 se encargó del convenio judicial preventivo de la Agrícola Wiesner, ubicada en Rancagua y de propiedad de Patricio Wiesner. De esta forma, el abogado liquidó los activos pertenecientes a la familia, para prevenir la quiebra, como los terrenos de Machalí que en enero de 2014 vendió en $6.500 millones a Caval.
Para ello contó con la ayuda de diversos personajes, entre los que se encuentra el operador de la UDI, Juan Díaz, a quien le pagó una comisión de $415 millones para que gestionara cambios al Plan Regulador que buscaban favorecer la plusvalía de los terrenos, cambiándoles el uso de suelo de rural a urbano. La cifra más que duplica los honorarios recibidos por el síndico, que obtuvo $183 millones por su rol de interventor y liquidador.
Según antecedentes recabados por El Mostrador estos pagos jamás fueron autorizados por la junta de acreedores del convenio judicial preventivo. Fuentes ligadas al caso precisaron que “ninguno de los miembros de la junta de acreedores autorizó a Chadwick para la contratación de Díaz ni los montos que se le pagaron. No hay ningún acta de la comisión mediante la cual se autorice el pago o contratación de honorarios por esos montos ni respecto a esa persona”.
La inexistencia de esta autorización pone en una compleja situación al síndico, ya que si bien el convenio judicial preventivo Wiesner S.A. lo autoriza para “efectuar los trámites administrativos a fin de mejorar la valoración comercial de los inmuebles que formaban parte de la masa de activos de su posterior venta”, el mismo convenio señala que “los gastos y honorarios que demandara la realización de estas labores deberían ser aprobados por la comisión de acreedores, la que se constituyó por acuerdo de la junta de acreedores”.
[cita] Chadwick no obtuvo la aprobación de esta comisión por los trabajos ni los pagos a Díaz. Es la propia comisión de acreedores –integrada por los tres bancos acreedores (Rabobank, BCI y Security)– la que tiene la carta para subsanar su situación, si deciden ratificar dicho pago. [/cita]
Si eso ocurre de todas formas este pago u otros puntos podrían ser rechazados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por cualquier acreedor o por el deudor Patricio Wiesner, quien ya anunció que lo haría ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, el que ha llevado el convenio.
Chadwick no obtuvo la aprobación de esta comisión por los trabajos ni los pagos a Díaz. Es la propia comisión de acreedores -integrada por los tres bancos acreedores (Rabobank, BCI y Security)- la que tiene la carta para subsanar su situación, si deciden ratificar dicho pago.
Si eso ocurre, de todas formas este pago u otros puntos podrían ser rechazados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, por cualquier acreedor o por el deudor Patricio Wiesner, quien ya anunció que lo haría ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, el que ha llevado el convenio.
Si el tribunal rechaza la cuenta –una vez oídos los descargos del síndico y teniendo en cuenta el informe de la Superintendencia– Chadwick podría quedar excluido de la nómina nacional de síndicos a perpetuidad.
El viernes 14 de agosto, Chadwick presentó a la junta de acreedores la cuenta definitiva de su gestión. Al término de la exposición, el abogado de Patricio Weisner, José Pablo Forteza, anunció que objetará la cuenta, apuntando al millonario pago realizado por el síndico a Díaz, lo que debe ratificar ante el tribunal. En un plazo de 30 días, que expira el 22 de septiembre, los acreedores que guardaron silencio o no se pronunciaron a favor de la cuenta en el encuentro, además de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, pueden presentar sus objeciones.
Toda esta operación –que incluye un cheque por $96 millones que la esposa de Wiesner, Helga Riffart, le pagó al síndico como “premio”, a través de la sociedad Vicuña y Compañía– está además bajo la lupa de la Fiscalía Regional de O’Higgins, que investiga el Caso Caval. De hecho, el fiscal Toledo indaga a Chadwick por posible infracción a la Ley de Quiebras y si determina que existe delito deberá perseguirlo penalmente.
La actuación de Chadwick ha sido comentada en el mundo de los síndicos. “¿Un premio a qué recibió? Un síndico no puede recibir pagos que no sean los fijados por la ley y por la comisión de acreedores. Tampoco puede hacer pagos sin autorización”, coinciden dos profesionales del área consultados por El Mostrador.
Agregan que la imagen de Chadwick se ha visto dañada y aun sin saber cuál será el camino judicial que enfrentará, piensan que “va a ser difícil que alguien quiera contratarlo, porque la sanción social será muy fuerte”.
Este medio contactó al abogado de Chadwick, Ciro Colombara, para obtener su versión al respecto, pero no hubo respuesta.
En junio pasado, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento envió un oficio de observación a Chadwick vinculado al proceso de la revisión de la cuenta definitiva de su gestión como síndico de la agrícola Wiesner. Entre otras aclaraciones se le solicitaba justificar ciertos pagos sin respaldo, como el de Díaz.
El abogado envió un documento, al que accedió El Mostrador, detallando las labores encomendadas a Juan Díaz. El encargo fue gestionar el cambio de uso de suelo rural a urbano en septiembre de 2011. El texto registra, además, una serie de reuniones mantenidas por Díaz con distintas autoridades e instituciones entre noviembre de 2011 y enero de 2013, entre las que se contaron encuentros en la Dirección de Obras del Municipio (DOM) de Machalí, la seremi de Vivienda o el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia.
También menciona reuniones entre el gestor inmobiliario (Díaz) y el síndico, donde le presenta sus propuestas y avances.
EL 22 de abril, el OS9 de carabineros, por orden del fiscal Toledo, incautaba el computador y celular de Chadwick desde sus oficinas, ubicadas en el sexto piso de El Golf 40.
Las diligencias tenían como fin principal aclarar la relación con personajes clave, entre los que se cuentan Juan Díaz y Cynthia Ross Wiesner, sobrina del dueño de los terrenos vendidos a Caval. Ross trabajó en la municipalidad de Machalí como asesora para la modificación de los planes reguladores en el mismo período en que se impulsó el cuestionado negocio. La arquitecta es muy cercana a Díaz, al que ayudó en sus gestiones para intentar cambiar el Plan Regulador. Según publicó Ciper, la arquitecta venía trabajando con Díaz, al menos desde 2008, en asesorías en el sector inmobiliario con énfasis en el cambio de uso de suelo.
La Tercera informó el martes que el Ministerio Público extrajo conversaciones, vía mensaje de texto y de WhatsApp, del celular del síndico, las que están siendo investigadas. La diligencia derivó en un informe en que se detallan las conversaciones que Chadwick mantuvo con Díaz, con un número asociado a “Andrés Chadwick”, nombre que coincide con el del ex ministro del Interior de Sebastián Piñera.
El mismo día que se destapó el caso Caval, el 6 de febrero pasado, Andrés Chadwick, según el informe, le señalaba al síndico –que es su sobrino– a través de su chat: “Pero Caval no da la impresión de tener espaldas para un crédito de esta magnitud… aprobado en diciembre de 2013, un día después de la segunda vuelta y luego de ser rechazado”.
Además, se deja constancia de conversaciones entre Herman Chadwick y el empresario Gonzalo Vial en octubre de 2014. Vial ha declarado como testigo en el caso que lleva adelante Toledo para esclarecer los millonarios pagos que realizó a Caval en 2012, que ascendieron a $1.200 millones.
El síndico concurrió a la Fiscalía a prestar declaraciones este lunes, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. La misma decisión adoptó Juan Díaz este miércoles, quien sí optó por hablar con los medios. “El trabajo del síndico fue ejemplar, les pagó a los acreedores, le quedó dinero a (Patricio) Wiesner, que tenía problemas económicos, y cumplió con todas las cosas que rigen a un síndico”. Y sobre su labor, precisó que fue una gestión inmobiliaria “limpia y transparente”.
Desde que estalló el caso Caval la figura del síndico generó interrogantes. De partida, porque aseguró que nunca supo que Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, era socia de Caval. “Me enteré por la revista Qué Pasa”, declaró a El Mostrador en su oportunidad. Cosa que para un hombre bien informado, emparentado con políticos como sus tíos Andrés Chadwick y José Antonio Viera-Gallo, e hijo de Herman Chadwick Piñera, considerado un hombre tan contactado que se le apoda “teléfono de oro”, es difícil de creer.
El síndico explicó que siempre se entendió con Mauricio Valero, el gerente general de Caval y dueño del otro 50% de esta empresa. “Un día el señor (Mauricio) Valero llegó a mi oficina, dijo estamos interesados, hizo una oferta, después la subió un poco, porque el precio que teníamos más o menos estipulado era de 0,6 UF el m², el valor de mercado”.
También llamó la atención el trato preferencial y deferente hacia Caval. La sociedad no entregó una boleta de garantía por el 10% del valor de la venta, que habrían sido $650 millones, sino un cheque por $100 millones. Y cuando venció el plazo de la promesa de compraventa, en noviembre de 2013, Valero le pidió una prórroga que, según Chadwick, fue aprobada por la junta de acreedores, y dejó un vale vista, nuevamente por $100 millones. equivalente al 0,15% de la transacción.
Hubo otros interesados por los terrenos de Wiesner que no fueron considerados. El caso más complejo fue el del empresario de la zona, Pedro Heimpell, quien aseguró a El Mercurio que hizo la primera oferta, a través de su sociedad Inversiones e Inmobiliaria Groppo Ltda por 0,55 UF el m2, sujeto al cambio de uso de suelo.
Pasado un tiempo contó que se reunió con el síndico Chadwick y Juan Díaz y la contrapropuesta de ambos fue subir la oferta a 0,58 UF el m2 más un pago de honorarios por $600 millones. “Yo les pregunté directamente de qué se trataba esto y en definitiva la explicación que se me dio fue que era para recuperar toda la inversión que habían hecho en poner profesionales, como Cynthia Ross, que ellos mismos me dijeron que le pagaban (…). Ellos pagaban los profesionales (para) el cambio de uso de suelo y habían invertido mucho dinero, durante mucho tiempo».
Heimpell agregó que sus socios dudaron y a él no le pareció normal pagar $600 millones al síndico, debido a que los honorarios están fijados por ley. Y si Chadwick había incurrido en gastos era su problema.
Finalmente, el 17 de enero de 2014, en la notaría de Patricio Raby, se firmó el contrato mediante el cual Caval compró las 44 hectáreas de Wiesner en Machalí.
Chadwick, el síndico del BCI
Abogado de la UC, síndico de quiebras desde 2000, Chadwick es conocido como el síndico favorito del BCI. Cuando el banco de Luis Enrique Yarur es el mayor acreedor de una quiebra, propone su nombre, lo que le ha permitido participar en grandes procesos.
El vínculo es motivo de comentarios, aunque los síndicos dicen que los acreedores están en su derecho de designar a quien quieran. En el caso de la Agrícola Wiesner su nombre no fue propuesto por el BCI, sino por el Rabobank, en su calidad de mayor acreedor.
Este es un trabajo que puede ser muy bien remunerado. Los honorarios están pactados por ley en una tabla progresiva: parte en un 20% si el producto de la venta de los activos es inferior a 2.000 UF y culmina en un 1% si el monto es superior a 1 millón de UF.
Haciendo un cálculo a partir de la tabla, Chadwick recibió unos $60 millones por el convenio judicial preventivo de La Polar, que consistió en valorizar sus activos durante tres meses. Una quiebra grande fue la de Pesca Chile y la de su filial Acuinova, que estuvo a cargo de María Clara González, síndica que trabaja en la oficina de abogados de Chadwick.
En total, Chadwick y González recibieron un pago de $2.500 millones. También tuvo la quiebra de Campanario, la central de Southern Cross, y como sus activos se vendieron en US$86 millones, de acuerdo a la tabla de honorarios, Chadwick recibió $746 millones.
No por nada, cercanos a Chadwick lo han escuchado comentar en confianza que “por menos de un palo verde” –un millón de dólares– no se mueve.
