Como «un robo a mano desarmada» calificó el senador del MAS, que la superintedenta de pensiones Tamara Agnic haya autorizado la creación de una nueva AFP «fantasma» denominada Acquisition, paso previo para la fusión con AFP Provida, lo que permitiría al grupo Metlife acceder a un goodwill tributario de $183 mil millones de pesos.
El parlamentario señaló que junto a su equipo jurídico solicitará la nulidad de derecho público tanto de Argentum como de Acquisition.
Navarro llamó a «organizar un caceroleo contra los delincuentes de cuellos y corbata, y presionar al gobierno para romper con el inmovilismo frente a los delitos blancos».
El líder del MAS dijo que «no es posible que el gobierno se mantenga imperturbable mientras las AFP le roban en la cara 410 millones de dólares al Fisco».
Como «un robo a mano desarmada» calificó el senador del MAS Alejandro Navarro, que la superintedenta de pensiones Tamara Agnic haya autorizado la creación de una nueva AFP «fantasma» denominada Acquisition, paso previo para la fusión con AFP Provida, lo que permitiría al grupo Metlife acceder a un goodwill tributario de $183 mil millones de pesos.
Para el líder del MAS «esta situación no sólo revela las profundas grietas que existen entre la Superintendenta de Pensiones y la Ministra del Trabajo, sino que deja ver la profunda crisis del sistema de pensiones, así como la debilidad institucional y del Estado para proteger el interés público y el de los afiliados».
A juicio del senador del MAS «queda claro que las AFP están preocupadas sólo de aumentar su capital, y no de mejorar las pensiones. Esta es una situación que debe ser considerada por la Comisión Bravo a la hora de presentar la propuesta para reformar el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que una AFP estatal no resuelve el problema».
El parlamentario precisó que «es el Fisco de Chile, es decir los 17 millones de chilenos, quienes producto de esta operación irregular podrían dejar de percibir 183 mil millones de pesos en impuestos que podrían ser utilizados en la implementación de políticas sociales».
Navarro dijo que «si bien, el selecto grupo que ‘cocinó’ la Reforma Tributaria, metió de contrabando un artículo transitorio que autoriza a las empresas que habían iniciado el proceso de goodwill bajo la antigua ley, puedan terminarlo antes del 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Pensiones, tiene la obligación legal de proteger el interés público y velar porque no se creen AFP que no tienen como propósito administrar fondos sino sólo servir como instrumento para la elusión de impuestos».
Del mismo modo el senador Navarro lamentó el rol pasivo con que ha actuado el Ejecutivo, indicando que «aquí el gobierno debe dejar de ser observador de un problema que deslegitima la institucionalidad. No es posible que el gobierno se mantenga imperturbable mientras las AFP le roban en la cara 410 millones de dólares al Fisco».
Para Navarro «la superintedenta Tamara Agnic ha desafiado la institucionalidad bajo la tutela de los poderes fácticos, dejando demostrado que el vínculo política-dinero no se da sólo en el Parlamento sino que también en las superintendencias».
Cabe señalar que la denuncia presentada por Navarro, que actualmente es investigada por la fiscal Tania Sironvalle, hace alusión a las presiones ejercidas contra el ex superintendenta de Pensiones Álvaro Gallegos quien a través de un mail relató ‘los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la super de pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos’.
En el correo electrónico se indica que ‘tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum’.
Para el senador Alejandro Navarro «los dichos del ex superintendente reflejan lo ocurrido con Agnic: las AFP son poderes fácticos con el poder inclusive de remover al superintendente a su antojo».
